Fondo para la Excelencia: en su momento fue blindado, no se puede tocar, dice titular del Conacyt
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Ante la incertidumbre sobre la intención de aplicar recortes a los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y que están tratando de revertir en el Congreso Nacional, los distintos sectores afectados salen al paso a manifestar su preocupación.
Al efecto, el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Eduardo Felippo, manifestó su descontento y aseveró que es una muy mala noticia para el área de investigaciones.
“Estuvimos sorprendidos y preocupados, pero más desconcertados, por estos posibles recortes a fondos que fueron asignados para nuestros investigadores y ahora les estamos dando muy malas noticias”, expresó en contacto con la R800 AM.
Con el planteamiento de recorte se somete y pone en una situación más que complicada a un sector que no puede parar, que es el de la investigación, afirman. Foto: Archivo.
La investigación no puede parar
Felippo aseveró que los recursos del FEEI no se pueden tocar, pues en su momento habían sido blindados, por lo que se somete y pone en una situación más que complicada a un sector que no puede parar, que es el de la investigación.
Hay que mencionar que el monto que se plantea recortar al Fondo para la Excelencia es de unos US$ 17 millones y se trata de recursos que ya estaban comprometidos con proyectos y que fueron aprobados en el Consejo Público-Privado.
Es decir, lo que básicamente se pretende es redireccionar dichos fondos que estaban previstos para proyectos de construcción de aulas, de conectividad, de becas, de Prociencia, que es para investigación, de capacitación de maestros y de primera infancia a gastos corrientes. “Los legisladores pensaron que se podía disponer de estos fondos mientras tanto, pero no es la forma. Son fondos para educación e investigación y no se pueden tocar”, sentenció Felippo.
El senador Gustavo Leite fue claro en que todos los fondos utilizados en nombre del Estado, deben ser transparentados a la ciudadanía. Foto: Captura de pantalla
Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
USD 800 millones en proyectos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación bajo lupa, tras promulgación de Ley de Transparencia de ONGs. Foto: Gentileza
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.
Apuntan a reformar sistema de distribución de recursos
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Hoy.com.py
Durante un discurso pronunciado en Curuguaty, en medio de su jornada de gobierno en la ciudad de Curuguaty, Santiago Peña adelantó uno de sus próximas iniciativas: la optimización de recursos para las municipalidadades.
La propuesta realizada por el presidente de la República busca que las intendencias, que hoy transfieren a otros el 30 % de lo que recaudan en impuesto inmobiliario, puedan quedarse con el 100 % de lo recaudado.
Para lograr este fin, Peña se refirió a la ley de royalties y compensaciones, firmada por un acuerdo político en el año 2005, y hoy necesita ser revisada.
“He tomado la decisión de avanzar en una reforma de sistema de distribución de recursos”, anunció el jefe Estado.
Con previa alusión al programa Hambre Cero y a que parte de los 350 millones de dólares de su financiación provino de los municipios, el mandatario habló de la necesidad de que los recursos lleguen con mayor justicia a los municipios.
“Por eso, mi compromiso, al punto de reformar la Constitución Nacional, para que el 100 % de la recaudación del impuesto inmobiliario, donde hoy los intendentes recaudan para otros, 30 % va a otros, eso quede en los gobiernos municipales y vamos a hacer eso lo antes posible, mi decisión de invertir en la descentralización”, expresó Peña.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó pedido de informes a 6 instituciones del Estado que deberán brindar detalles sobre sus depósitos bancarios e inversiones en entidades bancarias. Foto: Gentileza
Exigen informes a seis instituciones del Estado sobre depósitos en entidades bancarias
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Seis instituciones del Estado tendrán que remitir, en un plazo de 15 días, un informe pormenorizado sobre los depósitos de sus recursos en el sistema bancario, según la resolución aprobada por la Cámara de Diputados.
Durante la última sesión ordinaria de la Cámara Baja, el plenario aprobó un proyecto de resolución de pedido de informes dirigido a varias instituciones del Estado. El documento exige identificar las entidades bancarias donde se encuentran depositados y/o invertidos los recursos del sector público.
En el documento se especifica que las instituciones deberán proporcionar, en un plazo de 15 días, el desglose detallado por entidad y tipo de instrumento financiero, tales como certificados de depósitos de ahorro, depósitos a la vista, cuentas corrientes, bonos, entre otros.
El proyecto de resolución presentado por varios diputados, solicita informes financieros al Instituto de Previsión Social (IPS); Administración Nacional de Electricidad (Ande); Administración Nacional de Navegación y Puertos (Annp); Industria Nacional del Cemento (INC); Petróleos Paraguayos (Petropar); y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap).
De acuerdo al documento, se deberá incluir información correspondiente a los últimos cinco años. Además, el documento solicita identificar la normativa interna que regula el proceso de toma de decisiones en materia de depósitos e inversiones. Habrá que indicar la decisión institucional por medio de la cual se adoptó la normativa, junto con la fecha de su entrada en vigencia.
En caso de haber sido modificada o sustituida en los últimos cinco años, se deberán remitir todos los documentos pertinentes, como dictámenes o informes técnicos, que precedieron a la normativa vigente.
Recursos para tobilleras electrónicas están garantizados, recalca el ministro Riera
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El proceso de licitación para la adquisición de tobilleras electrónicas está suspendido momentáneamente dado que aún se aguarda el dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) respecto a las protestas presentadas por varias empresas. No obstante, el ministro del Interior Enrique Riera afirmó que los recursos están garantizados para esta compra.
“Se llamó a licitación y se presentaron ocho empresas, lamentablemente hay protestas entre privados que están hoy en la DNCP y eso es lo que está impidiendo que abramos los sobres y adjudicar a alguien, pero sí puedo garantizar que tenemos USD 3 millones que están presupuestados por el Ministerio de Economía y Finanzas”, expresó Riera.
Asimismo, añadió que mantienen la expectativa de que antes de fin de año este inconveniente sea subsanado y se pueda pasar a la siguiente fase del proceso que es la apertura de sobres de las ofertas presentadas por las empresas que buscan ser proveedoras del servicio. En principio se adquirirán 20 tobilleras por mes hasta llegar a las 100 unidades.
“Después el tope de momento es llegar a 1.000, pero creemos que con esto vamos a dar una gran respuesta a una sentida necesidad”, manifestó a la 1020 AM. El secretario de Estado recordó que la ley de tobilleras recobró relevancia durante este periodo de gobierno, pese a que ya estaba sancionada desde hace varios años.
“La ley tiene siete años de antigüedad, pero seis años estuvo sin reglamentación. Cuando asumimos nosotros nos dimos cuenta de que ese era el impedimento y se redactó el decreto reglamentario rápidamente. Esto funcionará en coordinación de cuatro instituciones, el Ministerio de Justicia y del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, precisó.