El economista jefe para Latam de Banco de Itaú, Andrés Pérez, en su visita a Paraguay brindó algunas perspectivas del contexto tanto regional como global, ante los recientes acontecimientos como las elecciones de Estados Unidos. Estuvo acompañado del economista para el Cono Sur-Argentina, Paraguay, Uruguay, Diego Ciongo, quien compartió las perspectivas a nivel local.

Los comentarios vienen en un momento más que interesante, que tienen como antesala a un año muy cargado, con proyecciones de crecimiento económico estables para Paraguay, atendiendo el grado de inversión y las medidas internas implementadas que están respondiendo a esta previsión de hace ya meses atrás.

“Nosotros seguimos firmes con las previsiones de crecimiento económico para este año que venimos manejando de hace unos meses, vemos que se mantendrá en 4 %, con la sorpresa de una inflación que está tendiendo por debajo del 4 % incluso. Paraguay se destaca con un escenario macro favorables y ordenado ante sus vecinos”, expresó Ciongo.

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Así también, las proyecciones macro de tipo de cambio, que mantienen un G. 7.800 para diciembre, aunque a partir de las elecciones de Estados Unidos habría que volver a revisar. No obstante, consideran que la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) fue efectiva, aunque no ven mucho espacio para recortar la tasa de interés.

Mientras que las expectativas de crecimiento para el próximo año 2025, consideran que Paraguay debería seguir expandiendo su economía entre 3,5 % y 4 %, tampoco hay elementos para pensar que la inflación se desvíe del 4 %. En tanto que el escenario global seguiría incierto, de hecho, la inflación no se logró conquistar del todo en la región.

El economista jefe realizó una introducción del contexto de Estados Unidos tras las recientes elecciones y la agenda económica a ser implementada con algunas medidas arancelarias y migratorias, que no tendría gran impacto en Paraguay, salvo en el aspecto de los precios de commodities como la soja.

Por el lado de la tasa de interés de la FED, Pérez mencionó que la data sugiere, todavía un espacio para seguir bajando gradualmente probablemente para antes de Navidad, aunque con algunos riesgos, y la gran interrogante de cuánto más pueda reducirse, comentó durante un conversatorio con la prensa local.

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El Ministerio Público registró 50 víctimas por tentativa de feminicidio de enero a diciembre del 2023, en diferentes puntos del país. En total se investigan 44 causas por ese hecho punible. Mientras que del 2018 al 2024 se registraron 244 casos de feminicidio.

Según el porcentaje de las edades, el 28 % de las víctimas tiene entre 30 y 45 años, que corresponden a 14 mujeres. Un 22 % de las afectadas tiene entre 18 y 29 años, representando así a 11 mujeres jóvenes. También sufrieron las agresiones 6 mujeres de entre 46 y 65 años, que sería el 6 %. Además, los datos muestran que 2 víctimas tienen entre 0 y 13 años, 1 mujer de entre 14 y 17 años. En el momento de las denuncias el año pasado no se especificaron las edades de 16 víctimas por lo que no quedó registrada esa información.

Los departamentos que encabezan los puntos de la comisión del hecho punible se encuentran Central con 16 causas; Canindeyú registró 7 causas; Itapúa reportó 5; Caaguazú y Amambay registraron 4 tentativas de feminicidio; además, Alto Paraná informó 2 causas, según el reporte de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Ministerio Público.

Tanto en Asunción, San Pedro, Cordillera, Guairá, al igual que Caazapá y Paraguarí, se registraron una causa respectivamente. Según los datos, el 68 % de las denuncias, que representan 30 causas, se registraron en los meses de marzo, junio, agosto, setiembre y octubre.

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Las causas de tentativa pueden aumentar con el transcurrir de la investigación en especial de las causas de violencia familiar ya que estos hechos punibles guardan relación en cuanto a la naturaleza de los actos, según reportes de los investigadores.

El Articulo 27 del Código Penal, inciso 2 refiere que a la tentativa son aplicables los marcos penales previstos para los hechos punibles consumados, por lo tanto su expectativa de pena es de hasta 30 años de pena privativa de libertad.

De acuerdo a los datos del Observatorio del Ministerio Público, del 2018 al 2024 (este año registra 5 causas hasta febrero) un total de 244 mujeres fueron víctimas de feminicidio en diferentes puntos del país, dejando a numerosas víctimas colaterales como los hijos huérfanos, entre ellos menores de edad. Las cifras se distribuyen por años de la siguiente manera: en el 2018 se tuvo 50 víctimas, en el 2019 se registraron 37 víctimas, en el 2020 un total de 36 víctimas, en el 2021 se registraron 37 víctimas, en el 2022 un total de 36 víctimas, en el 2023, 43 víctimas; y en el 24, 5 víctimas (todas las causas registradas en enero).

Los 5 casos de feminicidio ocurridos en lo que va del año dejaron 15 hijos huérfanos, de los cuales 4 son menores de edad. Un total de 4 presuntos agresores fueron imputados y 1 se quitó la vida. El Observatorio reportó que todos los hechos se registraron en la vivienda de las víctimas.

Los lugares donde se registraron los casos de feminicidio son: Villa Elisa, Caaguazú, Amambay además de Ypané y Guairá.

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Para fines del año 2023 se prevé que en la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón (presidente), César Antonio Garay y Alberto Martínez Simón, se implemente el Expediente Judicial Electrónico, así se dio a conocer durante el pleno de la máxima instancia judicial.

La puesta en funcionamiento de la herramienta se enmarca en el proceso de digitalización del Poder Judicial constituyéndose en un avance importante para continuar mejorando el servicio de justicia.

En sesión plenaria de la CSJ, el ministro Alberto Martínez Simón informó que desde este mes se llevarán a cabo diversas actividades previas a la implementación de la herramienta digital, consistentes en ajustes técnicos y capacitaciones a funcionarios, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

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En ese sentido, se estableció que desde la segunda semana del mes de octubre, se realizará el relevamiento y actualización de los equipos informáticos con los que cuenta la Secretaría Judicial II y los gabinetes de los ministros que integran la Sala. Así también, se realizarán reuniones entre los jefes de gabinetes, relatores, la secretaria de la Sala Civil y Comercial, Pierina Ozuna y los funcionarios. En la tercera semana de octubre se prevé hacer ajustes a la herramienta informática.

Las capacitaciones en torno a la utilización del sistema se llevarían a cabo en el mes de noviembre. El proceso concluirá en la quincena de diciembre con la correspondiente implementación del Expediente Judicial Electrónico.

Cabe mencionar que el proceso prevé un desarrollo paulatino, sujeto a ampliaciones, en el que se podrán realizar presentaciones e interposición de recursos y notificaciones en línea. Con relación a las resoluciones judiciales emanadas, serán en formato digital, llevarán fecha, lugar y numeración respectiva.

La implementación de la herramienta digital se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 encarado por la máxima instancia judicial para mejorar la prestación del servicio de justicia.

Al establecer el trámite digital, se busca mejorar la gestión jurisdiccional, propiciar la transparencia, y asumir acciones efectivas en el marco del compromiso de la Corte Suprema de Justicia para disminuir el impacto negativo que produce en la ecología la utilización de los recursos de impresión, apuntando a la conversión gradual de los expedientes judiciales de formato papel a digital.

Es importante destacar que la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones brinda apoyo y se encarga de supervisar las actividades técnicas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa que reglamenta la implementación de la referida herramienta digital.

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El doctor en Ciencias Económicas y Sociales, Ricardo Rodríguez Silvero, manifestó que las proyecciones económicas del país para este año son buenas luego de los reiterados periodos de sequía. Aseveró que los aspectos tendientes a acciones por parte de los partidos políticos deben centrarse en revertir los números rojos de la caja fiscal.

“El desempeño macroeconómico de Paraguay en este 2023 es bueno, debido a que la económica se está recuperando luego de la sequía de los últimos periodos, junto a la implementación de las políticas de parte de las autoridades, que permanecen en la trayectoria que se esperaba”, expresó este sábado a la 1020 AM.

Lo del buen desempeño se sustenta en base a las previsiones del Banco Central del Paraguay (BCP), que para este 2023 espera un crecimiento del 4,5% y que el déficit fiscal baje a -2,3% del Producto Interno Bruto (PIB), que en el 2022 cerró con 3%, lo cual será importante para apuntar volver al 1,5% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

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Esto, teniendo en cuenta que el faltante en las cuentas públicas es cada vez más grande, por lo que todas las medidas son importantes de modo a que el país pueda reconstruir sus amortiguadores fiscales, y demostrar su resiliencia o capacidad de reacción positiva luego de años de aumento de la deuda pública por la pandemia, explicó el economista.

Destacó a la vez que la inflación está bajando del 8,1% en el 2022 a 4,7% en el 2023, en torno a las estimaciones del BCP que va modificando según las condiciones más actuales, y la más reciente del último viernes refleja que todo gira en torno al 4,5%, al tiempo de remarcar que también estiman que la proyección de aumento del PIB también se presente en 4,5%.

Pero más allá de estos números fríos que reflejan la coyuntura macroeconómica del Paraguay, Rodríguez Silvero quiso destacar la cantidad de tareas que se deben desempeñar para encaminar la economía, teniendo en cuenta el proceso electoral que atraviesa Paraguay hoy domingo 30 de abril, y que los partidos políticos deberían centrar sus propuestas en torno a estas proyecciones, dijo.

Mencionó que es necesario que se presente a través del Congreso Nacional proyectos de Ley de la Función Pública, así como del Servicio Civil y la de Garantías Mobiliarias. Al tiempo de resaltar que se observó una ampliación de la cobertura de los programas sociales de Tekoporá y la pensión alimentaria para adultos mayores, los cuales son muy importantes.

No obstante, lo más grave de todo, es que la caja fiscal o la cantidad impresionante de dinero que está en negativo, se está financiando con los contribuyentes, lo cual no puede ser pues los contribuyentes son los que pagan impuestos, y la caja fiscal debe financiarse con los aportes que realizan los beneficiarios de las pensiones públicas y no los contribuyentes, dijo el profesional.

El experto aseveró que es preciso la elaboración de una ley de transición para la caja fiscal, que son los aspectos que los candidatos a las presidenciales o para ambas cámaras deberían incluir en sus proyectos, para lograr una nueva versión de la caja fiscal a modo de supervisar adecuadamente el sistema de pensiones, dijo entre algunos de los aspectos abordados.

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