El viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que el Ejecutivo vetaría el proyecto de ley de 100% de deducibilidad del IVA en compras en supermercados aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Afirma que más allá de todo lo que perdería el fisco, se cometería una injusticia social.
En comunicación con la 650 AM, Orué explicó que esta iniciativa desnaturaliza el impuesto y viola el principio de igualdad debido a que de aprobarse habría dos sectores: uno que paga esta obligación y el otro que estará exento.
Para Orué, más allá de lo que va a representar en pérdidas para el fisco, que superan los millones de dólares, habrá una injusticia social, por lo que no apoyan la aprobación del proyecto. Cuestionó que no se haya tenido el acuerdo con el Senado y, en su efecto, se haya ratificado la versión de Diputados en donde la deducción es del 100%.
Es por ello que indicó que van a recomendar el veto de esta propuesta debido a que entienden que se trata de una cuestión popular, por lo que mucha gente está de acuerdo. No obstante, señaló que en un Estado de derecho se debe cumplir con la Constitución y las leyes, por lo que consideran que no debe promoverse.
Explicó que se estima una pérdida de al menos 100 millones de dólares en recaudaciones con esta propuesta, situación por la que había apoyado la moción del Senado en donde se pretendía deducir solo en un 30%.
“En todo caso lo que tenemos que hacer es eliminar el IVA (5%) de la canasta básica familiar, pero eliminar para toda la cadena”, añadió. Indicó que para el tratamiento de estas propuestas, que generan mayor déficit, se debe actuar de forma seria y responsable a fin de no empeorar el panorama económico.
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“Gobierno de Abdo usó el Estado como garrote contra H. Cartes”
Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.
“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.
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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.
El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Diputados aprobó la intervención de la Municipalidad de Asunción
Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.
En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.
Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.
Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.
Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.
No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.
A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.
En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.
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DNIT descarta suba de impuestos durante gobierno de Peña
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, descartó la suba de impuestos durante el gobierno de Santiago Peña. Asimismo, ratificó que con la duración del mandato del jefe de Estado, no se modificarán los impuestos.
Esto, atendiendo a que con el objetivo de plantear una reforma para la Caja Fiscal y lograr una mayor sostenibilidad financiera en el sistema jubilatorio público, dos militares retirados presentaron un libro en el que plantean incrementar los tributos.
“Ese proyecto no es impulsado por el Gobierno ni va a ser acompañado. El Gobierno de ya se expidió que no va a acompañar la suba de impuestos o la creación de nuevos impuestos. No hay de qué preocuparse”, manifestó Orué en su cuenta oficial de X.
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Gobierno mantiene su compromiso
El material lleva el nombre Caja Fiscal: Sostenibilidad y Justicia en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, y fue elaborado por los coroneles Julio Scarone y Felipe Mercado, ambos retirados de las Fuerzas Armadas. Algunos de los planteamientos suponen ciertas tasas y cifras que el Gobierno debería aplicar como medida, los cuales ya fueron desmentidos por el titular de la DNIT.
Ya en 2023, al inicio de la actual administración durante la presentación titulada “Paraguay: el resurgir de un gigante”, encabezada por Santiago Peña en el auditorio del Banco Central del Paraguay (BCP) el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había enfatizado ante más de mil empresarios que la suba de impuestos no era una opción viable.
“¿Para qué se subirán impuestos si gastaremos de la misma manera? El Paraguay no va a subir los impuestos de acá para adelante, ese es otro compromiso que tenemos. El país necesita hacer una gran reingeniería del gasto público”, remarcó Fernández Valdovinos.
Resaltó a los inversionistas que pueden mantenerse tranquilos con la política económica del nuevo Gobierno expresando que “el dinero que inviertan en Paraguay no solo redituará en términos nominales, porque tendrá un retorno elevado, sino que gracias al trabajo del BCP va a mantener su valor real, está el compromiso y la historia del Paraguay para atestiguar eso”.
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Indagación a Prieto: “La ciudadanía exige respuesta en la lucha contra la corrupción”
“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.
“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.
Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.
Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.
Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.
“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.
Defensa opositora sin argumentos técnicos
Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.
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