El viceministro de Tributación, Óscar Orué, señaló que el Ejecutivo vetaría el proyecto de ley de 100% de deducibilidad del IVA en compras en supermercados aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Afirma que más allá de todo lo que perdería el fisco, se cometería una injusticia social.
En comunicación con la 650 AM, Orué explicó que esta iniciativa desnaturaliza el impuesto y viola el principio de igualdad debido a que de aprobarse habría dos sectores: uno que paga esta obligación y el otro que estará exento.
Para Orué, más allá de lo que va a representar en pérdidas para el fisco, que superan los millones de dólares, habrá una injusticia social, por lo que no apoyan la aprobación del proyecto. Cuestionó que no se haya tenido el acuerdo con el Senado y, en su efecto, se haya ratificado la versión de Diputados en donde la deducción es del 100%.
Es por ello que indicó que van a recomendar el veto de esta propuesta debido a que entienden que se trata de una cuestión popular, por lo que mucha gente está de acuerdo. No obstante, señaló que en un Estado de derecho se debe cumplir con la Constitución y las leyes, por lo que consideran que no debe promoverse.
Explicó que se estima una pérdida de al menos 100 millones de dólares en recaudaciones con esta propuesta, situación por la que había apoyado la moción del Senado en donde se pretendía deducir solo en un 30%.
“En todo caso lo que tenemos que hacer es eliminar el IVA (5%) de la canasta básica familiar, pero eliminar para toda la cadena”, añadió. Indicó que para el tratamiento de estas propuestas, que generan mayor déficit, se debe actuar de forma seria y responsable a fin de no empeorar el panorama económico.
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Diputados aprobó la intervención de la Municipalidad de Asunción
Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.
En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.
Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.
Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.
Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.
No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.
A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.
En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.
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DNIT descarta suba de impuestos durante gobierno de Peña
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, descartó la suba de impuestos durante el gobierno de Santiago Peña. Asimismo, ratificó que con la duración del mandato del jefe de Estado, no se modificarán los impuestos.
Esto, atendiendo a que con el objetivo de plantear una reforma para la Caja Fiscal y lograr una mayor sostenibilidad financiera en el sistema jubilatorio público, dos militares retirados presentaron un libro en el que plantean incrementar los tributos.
“Ese proyecto no es impulsado por el Gobierno ni va a ser acompañado. El Gobierno de ya se expidió que no va a acompañar la suba de impuestos o la creación de nuevos impuestos. No hay de qué preocuparse”, manifestó Orué en su cuenta oficial de X.
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Gobierno mantiene su compromiso
El material lleva el nombre Caja Fiscal: Sostenibilidad y Justicia en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, y fue elaborado por los coroneles Julio Scarone y Felipe Mercado, ambos retirados de las Fuerzas Armadas. Algunos de los planteamientos suponen ciertas tasas y cifras que el Gobierno debería aplicar como medida, los cuales ya fueron desmentidos por el titular de la DNIT.
Ya en 2023, al inicio de la actual administración durante la presentación titulada “Paraguay: el resurgir de un gigante”, encabezada por Santiago Peña en el auditorio del Banco Central del Paraguay (BCP) el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había enfatizado ante más de mil empresarios que la suba de impuestos no era una opción viable.
“¿Para qué se subirán impuestos si gastaremos de la misma manera? El Paraguay no va a subir los impuestos de acá para adelante, ese es otro compromiso que tenemos. El país necesita hacer una gran reingeniería del gasto público”, remarcó Fernández Valdovinos.
Resaltó a los inversionistas que pueden mantenerse tranquilos con la política económica del nuevo Gobierno expresando que “el dinero que inviertan en Paraguay no solo redituará en términos nominales, porque tendrá un retorno elevado, sino que gracias al trabajo del BCP va a mantener su valor real, está el compromiso y la historia del Paraguay para atestiguar eso”.
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Indagación a Prieto: “La ciudadanía exige respuesta en la lucha contra la corrupción”
“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.
“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.
Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.
Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.
Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.
“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.
Defensa opositora sin argumentos técnicos
Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.
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Diputados aprueban en mayoría pedido de intervención de Ciudad del Este
Tras un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó en mayoría el pedido de acuerdo constitucional para proceder a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto.
Esto se da luego de tomar en consideración los dictámenes emitidos por la comisión especial que llevó adelante el análisis técnico del pedido presentado por el Poder Ejecutivo a raíz de la auditoría de la Contraloría General de la República, donde se detectaron varios hechos irregulares.
Con la suficiente mayoría de la mitad más uno, el plenario aprobó el pedido de intervención y se dará comunicación a las instancias correspondientes.
El conteo de los votos quedó de la siguiente forma, 47 legisladores votaron a favor, 27 emitieron voto en contra; mientras que otros 4 diputados optaron por abstenerse.
“Festival de hipocresía”
Al respecto, durante el debate fue llamativa la insistente posición de los sectores de la oposición que a toda costa buscaron apañar la dudosa gestión del intendente Miguel Prieto, bajo el argumento que todo se trata de una supuesta persecución política por parte del oficialismo.
Al respecto, el diputado colorado Hugo Mesa salió al paso en primer lugar para defender la figura de la intervención como una herramienta legal y constitucional. Recordó que en el año 2010, cuando el entonces contralor solicitó la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, justamente fue Prieto, quien era entonces concejal, aplaudía y solicitaba que se lleve adelante la intervención.
“Sin embargo, hoy acá hay un esfuerzo hasta casi descarado de querer desacreditar la figura de la Contraloría General de la República, que es el órgano natural que realiza los controles del uso de los recursos públicos (...). Me preocupa cuando estamos al frente de un festival de hipocresía, de una doble moral, de un doble discurso cuando queremos defender al chancho de nuestro chiquero”, expresó.
Agregó que lo que buscan demostrar a toda costa los referentes de la oposición es que, al tratarse de uno de los suyos, se recurre a la “vieja muletilla de persecución política”; con el fin de distraer de lo que verdaderamente debería ocupar a todos los diputados, que es aclarar qué fue lo que ocurrió verdaderamente con los recursos del municipio.
Igualmente, defendió el trabajo que llevó adelante la comisión especial que se ocupó en atender el pedido de intervención y llevó un trabajo prolijo en el estudio de todos los documentos, así como escuchar a las respectivas partes para luego emitir sus respectivos dictámenes.
No es la guerra del Clan Zacarías
A su turno, la líder de la bancada oficialista, Rocío Abed, anunció que la postura de la bancada es acompañar el dictamen en mayoría por la aprobación de la intervención, porque existe legitimación activa de la causa.
Asimismo, indicó que, en representación del Alto Paraná, a todas luces se buscó señalar como una guerra del Clan Zacarías en Ciudad del Este.
“Es una gran familia de gente que confía y confió en una intendenta a la que nunca le pudieron ganar en elecciones libres y a la que le tuvieron que sacar por la ventana. Con muchas causas, nunca hemos puesto obstáculos y en todas las causas ha quedado demostrado que no existieron tales causales. Por eso, a la hora de defender una gestión, lo único que están haciendo es superlativizar un poder que no existe. Porque esta no es una guerra del Clan Zacarías, sino de la ciudadanía, de la Contraloría, y de jóvenes”, enfatizó.
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