El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.

La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.

Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.

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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.

En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, informó acerca del equipo técnico del Gabinete Social que se enfocará en trabajar en la microeconomía en favor de la clase media. Esta mesa de trabajo fue instalada en la fecha con el objetivo de trabajar en estrategias que permitan plantear soluciones para mejorar las condiciones de la clase media, tal como instruyó el presidente Santiago Peña en la última reunión del Gabinete Social.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el ministro Rojas explicó que el Gabinete Social está conformado por un total de 29 instituciones del Estado; pero por instrucción del mandatario, ahora se instaló este equipo técnico que está integrado por el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representantes del Gabinete Civil y Ministerio del Desarrollo Social.

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Mencionó que en la última reunión del Gabinete Social de la semana pasada recordó al joven que se encontró y abrazó al técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, quien comentó que la selección era su única alegría, ya que el salario no le alcanzaba a fin de mes, a raíz de esto surgió un debate sobre el cual se decidió instalar un equipo técnico.

“Lo que se busca es ir analizando acciones que se puedan llevar adelante, y para ello hoy se instaló este equipo técnico, el cual está conformado por los viceministros de las instituciones citadas. En esta primera reunión ya surgieron varias ideas, ya que el MIC ya está en el proceso de la formalización de las mipymes, con la implementación de los micropréstamos para las pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Señaló que de ese modo cada institución ya fue presentando algunas ideas y propuestas de acciones que se pueden llevar a corto plazo, ya sea con ideas de pequeños negocios, o la generación de oportunidades de trabajo con el sector privado. Así como la posibilidad de capacitación a través del SNPP y Sinafocal y del control de los espacios laborales.

Indicó que este equipo técnico continuará trabajando, y se convoca a una próxima reunión el Lunes de Pascua, una vez que pase la Semana Santa, donde se irán analizando varios aspectos de las funciones que llevan adelante las instituciones.

“Estaremos convocando a la Sedeco (Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor) y a la Conacom (Comisión Nacional de la Competencia), a fin de contar un poco con las radiografías que tienen estas instituciones sobre la realidad que existe en el país, y sobre esta base ir construyendo y generando algún tipo de política que se pueda implementar a través del Gobierno. Lo que buscamos es ir generando estrategias políticas que puedan tener un impacto positivo en la clase media”, concluyó.

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El titular del Ministe­rio de la Niñez y Ado­lescencia (Minna), Walter Gutiérrez, manifestó que el gobierno de Santiago Peña cuenta con un posicio­namiento claro de fortale­cimiento de la familia para­guaya mediante programas y políticas públicas. Aseguró que el trabajo es encarado de forma integral con otras ins­tituciones estatales, al referir que ahora “no es el momento” para abordar la creación de un Ministerio de la Familia con la fusión de dos ministe­rios y de una secretaría.

“Corresponde dejar sentado de una manera muy clara. El fortalecimiento de la familia es una prioridad del Gobierno, así como se está demostrando a través de las diferentes polí­ticas públicas que hemos ini­ciado o fortalecido”, indicó Gutiérrez, ayer martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El funcionario de Estado colocó como ejemplo los programas Hambre Cero en las Escuelas, Che Róga Porã, Tekoporã Mbarete y Semillas del Futuro. “Estamos apos­tando en multiplicar todos los esfuerzos en estos progra­mas ambiciosos. La intención del Ejecutivo es fortalecer estos programas que lleva­mos adelante, el presidente pide fuerte articulación entre todas las instituciones”, dijo a Nación Media.

Las afirmaciones de Gutié­rrez surgieron tras afirmar que actualmente el gobierno de Peña no considera como prioridad la creación de un Ministerio de la Familia, que plantea proyecto legislativo presentado recientemente, mediante la fusión de Minis­terio de la Mujer, el Ministe­rio de la Niñez y Adolescen­cia (Minna) y la Secretaría Nacional de la Juventud. “Una fusión de estos tres entes no es una cuestión prioritaria para el Ejecutivo en este momento, mutilar a varias institucio­nes no sé si sea lo correcto. No se puede decir que al no con­siderarse en este momento como un proyecto de ley que se tenga que aprobar, que el Gobierno esté en contra de la familia, sería un gran error posicionar esa situación”, sentenció el ministro.

La iniciativa legislativa fue presentada el pasado 2 de abril con la finalidad de cen­trar las políticas y acciones en materia de la niñez, la ado­lescencia, juventud y mujer, según refiere la exposición de motivos, así como la supre­sión de gastos innecesarios y superfluos (cargos de alta dirección, gerenciales, viá­ticos, entre otros) siendo el achicamiento del Estado una imperiosa necesidad.