La Unión Industrial Paraguaya (UIP) reiteró su pedido de una justicia eficaz, teniendo en cuenta que hoy la informalidad es el mayor problema para los que trabajan en la formalidad. En torno a esto, el titular del gremio, Enrique Duarte, mencionó que la impunidad es la gran causante de este hecho que aqueja y pone en incertidumbre a la economía del sector. Asimismo, pidió al Poder Judicial que utilice métodos más eficaces para combatirla.
“Hoy para la gente lo ilegal es normal. Culturalmente ya la gente le perdió el miedo o el respeto a lo que son las fuerzas de la ley”, advirtió. Asimismo, indicó que el pedido es para todos aquellos administradores que no se manejan bajo las leyes y consideró que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, debe dimitir, atendiendo a que incluso todos los sectores de la industria y el empresariado reclaman su postura.
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Acotó que el rubro necesita que la Justicia funcione y que para ello debe ser alejada de la política. “Necesitamos gente proba, una justicia administrada de forma transparente basada en la ley y no basada en las transacciones comerciales, o sea en el dinero”, aseveró en contacto con la 1020 AM.
Hay que mencionar que ayer martes durante su discurso de fin de año, Duarte había manifestado que el “maridaje” de estos altera el sentido del derecho y que bien se puede aprovechar el bono demográfico para dignificar la juventud, invirtiendo en el capital humano y fomentando el capital social.
“Necesitamos reglas claras y que todos estemos obligados a respetarlas”, comentó. La tolerancia de lo ilegal resta recursos al fisco, despierta el apetito fiscal y cierne sobre los formales la amenaza de más impuestos, debilitando la economía formal con la consecuente destrucción del empleo. Pese a los esfuerzos de varios gremios y los estamentos que se dedican a la lucha anticontrabando solo se logra llegar al 5% de los productos que ingresan de manera ilegal en nuestro país.
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Derrotar la informalidad laboral es una de las principales tareas pendientes
Uno de los puntos más llamativos de la realidad paraguaya es la altísima cantidad de trabajadores que están en la informalidad. Es decir, personas para las que no rigen las normas establecidas en las leyes y que, por consiguiente, están en total precariedad legal, sin protección de ninguna laya.
Esto hace que la mayoría de la gente que trabaja en el Paraguay no tenga seguro social, estabilidad laboral ni respaldo jurídico. Sin ley vigente en el trabajo, la realidad depende de factores que pueden perjudicar al trabajador y comprometen su seguridad y su vida.
Por su importancia en la existencia de las personas, la formalización económica es uno de los desafíos más importantes que está enfrentando el Gobierno. Ya que es totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista el atropello al derecho de las personas y los abusos a que pueden dar lugar.
De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67 % de las personas ocupadas en el Paraguay está en la informalidad, es decir, está fuera de las normas que protegen al trabajador. Datos oficiales del Gobierno hablan de que la informalidad es del 63 %, una cifra levemente inferior a la de la OIT, pero igualmente un porcentaje muy elevado y que habla con elocuencia de la mala situación de las mujeres y hombres de nuestro país que trabajan.
Porque significa que tres de cada cuatro personas que laboran no tienen seguro social ni protección legal de ninguna laya, por lo que de hecho están a merced del capricho, la opinión y el manejo de sus patrones al margen de cualquier disposición jurídica.
Según el mencionado organismo internacional, Paraguay está en el tercer lugar entre las naciones con mayor tasa de empleo informal en esta región latinoamericana, y está superado por Perú y Ecuador que tienen números más altos. La mayor tasa de informalidad en nuestro país se encuentra en el comercio, la agricultura y los servicios.
Desde el Ministerio de Trabajo revelaron que a inicios del 2024 había 704.000 trabajadores formales del sector privado inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), cifra que aumentó al cerrar el año a 757.852 personas, un alza de 53.852 nuevos empleados legales. El aumento registrado es superior al que a principios de año se había puesto como meta el gobierno, un 4,5 %, ya que llegó al 6 %.
La otra cara de la moneda es que también creció el número de individuos en situación informal, ya que se registró un aumento de 87.408 personas entre julio y setiembre de 2024, con un incremento del 27,7 % en el sector de la enseñanza del 8,7 % en el área comercial.
El elevado número de trabajadores informales es un fiel reflejo del alto porcentaje de empresas irregulares que existe en el país, lo que se manifiesta también en la fuerte evasión fiscal, otro capítulo de la lucha que están teniendo los organismos estatales para lograr una mayor formalización en todos los campos.
En los casi dos años de trabajo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se han obtenido fuertes alzas en las recaudaciones impositivas, en gran medida por el incremento de las empresas formalizadas.
En 2024, el aumento de las recaudaciones tributarias alcanzó el 20,6 % frente al año anterior, un crecimiento récord, que refleja, entre otras cosas, la alta formalización de empresas alcanzada. Teniendo en cuenta la importancia de que las entidades comerciales e industriales vayan ingresando a la formalidad con el cumplimiento de las leyes, se aguarda que este año se incremente fuertemente el número de trabajadores que salen del mundo de la economía negra y la informalidad.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, refirió que desde el Gobierno se está trabajando un mercado laboral diversificado y sostenible para promover la inserción de los trabajadores en los empleos formales. “Para lograrlo, hemos implementado medidas clave como la simplificación de trámites, la reducción de costos, la modernización administrativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en inspección y fiscalización”, manifestó la secretaria de Estado para explicar la tarea que realiza para que haya más trabajadores en la legalidad.
La formalidad laboral es una tarea que involucra muy fuertemente al sector patronal, por lo que las empresas tendrían que incrementar su esfuerzo en ese sentido.
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Industria y servicios reciben menos créditos pese a tener menor morosidad
La industria es la que más aporta al producto interno bruto (PIB), la que menor morosidad tiene, pero es la que accede a menos crédito, según revela un informe del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial del Paraguay (UIP). Señalan que sectores con alto potencial productivo como la industria y los servicios son los menos atendidos por el sistema financiero.
La UIP, a través de su Centro de Estudios Económicos, emitió un informe titulado “La paradoja del financiamiento del desarrollo”, que expone una contradicción entre el volumen de créditos, que fue creciendo en los últimos años, y su distribución que, según la UIP, no favorece a sectores estratégicos como la industria y los servicios.
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Este informe fue realizado sobre datos de la Encuesta de Financiamiento Industrial 2024, elaborada con apoyo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Señalan que tanto la industria como los servicios tienen una alta incidencia en el PIB del país, además de una baja morosidad, sin embargo, el comercio y la ganadería concentran la mayor parte del financiamiento pese a mostrar mayor riesgo de impago.
La UIP señala que la industria es uno de los motores de la economía nacional, pero que solo accede a apenas el 7,5 % del crédito bancario. “La industria necesita crédito proporcional a su aporte para transformar la matriz productiva del país”, afirmó sobre el punto Julio Fernández, jefe senior del Centro de Estudios Económicos de la UIP.
Entre las principales causas identificadas, el informe destaca las asimetrías de información, los mayores costos de evaluación crediticia en sectores complejos como las manufacturas, y la persistente percepción de que los sectores tradicionales son más seguros, aun sin evidencia sólida que lo respalde.
La encuesta revela además que una empresa del sector primario tiene hasta tres veces más probabilidades de obtener un crédito que una industrial del mismo tamaño y nivel de facturación. Esta brecha solo se reduce cuando se trata de industrias grandes y exportadoras.
En cuanto a la banca pública, el informe muestra que el apoyo a la industria es todavía limitado. En la última década, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) apenas incrementó un 5% su crédito al sector, mientras que el Banco Nacional de Fomento (BNF) mantiene una fuerte concentración en consumo, comercio y agricultura.
El documento de la UIP también presenta una hoja de ruta con propuestas para reorientar el sistema financiero, tales como mejorar la información disponible, reducir los costos de transacción, transformar la percepción del riesgo industrial y fortalecer la cooperación público-privada.
“La transformación productiva de Paraguay necesita una nueva arquitectura financiera que acompañe el potencial de sus industrias. El crédito no debe ser un freno, sino el motor del desarrollo”, concluyó Fernández.
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Industria paraguaya enfrenta barreras de crédito, según estudio de la UIP
El Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) presentó los resultados de la Encuesta de Financiamiento Industrial, que reveló que el acceso a crédito en la industria paraguaya es moderado, segmentado y posee desafíos estructurales.
Se registró una brecha negativa en el sector industrial de 11,9 puntos porcentuales entre su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y su peso en la cartera de crédito.
La muestra se compuso en un 63 % de empresas del sector manufacturero y correspondió al cierre del 2024. Esta tuvo una alta representación de empresas grandes, seguidas por medianas, pequeñas y microempresas, abarcando diversas actividades, especialmente alimentos, productos metálicos, textiles, bebidas, lácteos y maquinarias.
“Uno de los hallazgos centrales es que el tamaño y la trayectoria empresarial son factores determinantes en el acceso al crédito. Las grandes empresas tienen una probabilidad mucho mayor de obtener financiamiento en comparación con las microempresas”, agregaron.
En tanto, las empresas con más de 40 años de antigüedad presentaron también una ventaja respecto a las más jóvenes.
De acuerdo a los resultados aunque el 68 % accedió al menos a una parte del crédito solicitado en los últimos 12 meses, el 51,3 % de todos los que accedieron obtuvo la mayoría o totalidad del monto requerido. Esta brecha se acentuó al comparar con sectores como electricidad que arrojaron el 71 % o la construcción que fue del 68 %.
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Expansión de operaciones
El principal destino del crédito solicitado para todos los tamaños de empresas fue la expansión de operaciones, seguida por la renovación de equipos, el financiamiento de capital operativo y en menor medida el refinanciamiento de deudas. “Las microempresas reportan una mayor urgencia en cubrir gastos básicos, mientras que las medianas y grandes buscan optimizar su estructura financiera o consolidar procesos de modernización”, sostuvieron.
Las grandes empresas demandaron créditos por un valor superior a USD 1.000 millones, las cuales “en caso de acceder al financiamiento deseado, podrían generar aproximadamente 16.000 empleos directos”, pudiendo crear entre 60.000 hasta 70.000 empleos en total, explicaron.
Atendiendo ese escenario, la UIP consideró la necesidad de promover políticas de financiamiento más inclusivas, segmentadas por perfil empresarial. Instrumentos adecuados a las necesidades del sector industrial, y una mayor articulación entre banca pública, privada e instituciones de desarrollo.
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Identifican 10 desafíos estructurales que limitan a la industria y proponen hoja de ruta
El Centro de Estudios Económicos (CEE) de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), identificó 10 desafíos estructurales que frenan el desarrollo industrial del país y presentó la hoja de ruta propuesta que busca abordar directamente seis de estos puntos.
Este jueves se presentaron los resultados del estudio “Diseño de una hoja de ruta para una política de desarrollo industrial y trabajo decente”, elaborado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El documento propone una estrategia estructurada para impulsar una política industrial técnica, progresiva y multisectorial, con enfoque en productividad, sostenibilidad e inclusión laboral.
Diez puntos
Los diez puntos abarcan: mejorar la infraestructura, aprovechar mejor nuestra energía (mejorar eficiencia y aumentar oferta energética), agregar más valor a nuestras exportaciones, usar más tecnología y aumentar la productividad, apuntar al acceso al financiamiento.
Además, formar más trabajadores especializados, eliminar barreras comerciales y reducir burocracia, adaptarse a las demandas de sostenibilidad, atraer grandes industrias tecnológicas, así como fortalecer nuestras instituciones.
A partir de la metodología internacional GIFF (Growth Identification and Facilitation Framework) el estudio analizó países que enfrentaron desafíos similares a Paraguay y lograron avanzar en su industrialización, como Croacia, Bulgaria, Costa Rica, Tailandia o República Dominicana.
Cinco líneas de trabajo
Entendiendo esa base en sus experiencias y en las capacidades locales, se identificaron cinco líneas de trabajo sectoriales relevantes para el Paraguay: la primera es la agroindustria 2.0, es decir, escalar desde la producción de soja, arroz y carne hacia bioplásticos, balanceados, gelatina y proteínas vegetales. En segunda línea, la industria de cables y componentes eléctricos, integrando a cadenas regionales para sectores como automoción, salud y energía.
Como tercer lugar, la manufactura liviana y electrónica básica con dispositivos médicos, circuitos, industria química-farmacéutica. En cuarto orden las industrias metalúrgicas y electrointensivas como el aluminio, baterías, hidrógeno verde y centros de datos, aprovechando la energía limpia nacional.
Y por último, dar cabida al sector de textiles funcionales como ropa técnica para salud, deportes, defensa e industria, con alto potencial para mipymes y empleabilidad femenina.