El proyecto de ley que auto­riza al Ministerio de Econo­mía y Finanzas la reingenie­ría en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025 para redireccionar unos G. 304.000 millones para el Instituto Nacional del Cán­cer (Incan) para la compra de medicamentos oncológicos finalmente no fue tratado en la Cámara de Senadores en la sesión del pasado miércoles.

El senador y líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, explicó que no existe todavía un consenso, pero rati­ficó su postura de que esta ini­ciativa debe ser tratada. “No hay todavía un consenso pleno, pero yo creo que es una ley muy buena, yo creo que tiene que tratarse en un corto periodo”, dijo en conversación con los medios de comunicación. Sin embargo, explicó que en este momento el Incan cuenta con presupuesto suficiente para la compra de medicamentos y cumplir con sus funciones, por lo que este proyecto tiene el objetivo de paliar una falta presupuestaria para algunos meses en adelante.

“En este momento hay 30 % de ejecución presupuesta­ria, el Incan tiene suficiente presupuesto para la compra de todos los medicamentos y la ejecución de su trabajo en estos momentos y por los próximos seis meses. Este proyecto de ley es para cubrir lo que resta de ese periodo cuando se acaben los recur­sos presupuestarios”, apuntó.

El Poder Ejecutivo promulgó la ley n.° 7.467 que establece el marco jurídico para “Eventos Deportivos de Relevancia Internacional” en el país. La nueva normativa, impulsada por el actual gobierno, busca posicionar a Paraguay como un referente regional en la organización de competencias deportivas de gran escala.

“¡Paraguay se abre al mundo!” expresó el mandatario, destacando que esta ley representa una herramienta moderna y estratégica que permitirá al deporte convertirse en un motor de desarrollo, crecimiento e integración nacional, generando importantes beneficios culturales, sociales y económicos.

La aplicación de la ley no se hará esperar, dado que el presidente Peña también dio a conocer que, mediante el decreto N° 3770/2025, el 75° Congreso Ordinario de la FIFA, que se celebrará en Asunción, ha sido declarado como Evento Deportivo de Relevancia Internacional.

“Sin dudas, se trata de un suceso histórico para el país y la región, que refuerza la posición de Paraguay como destino de importantes eventos mundiales”, agregó Peña, al resaltar el valor simbólico y práctico de acoger una asamblea de tal magnitud en territorio nacional.

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Con esta medida, Paraguay apunta a fortalecer su infraestructura deportiva, atraer inversión extranjera, y consolidarse como sede de competencias internacionales, lo que podría marcar un antes y un después en su proyección global. Según indicó el propio mandatario, esta es una herramienta jurídica que convertirá al deporte en un motor para el desarrollo de nuestro país.

“Con grandes beneficios culturales, sociales y económicos para el Paraguay”, resaltó el jefe de Estado y posteriormente añadió, “Sin dudas un suceso histórico para el país y la región, que refuerza la posición de Paraguay como destino de importantes eventos mundiales”

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Según el informe de ejecución financiera de la Administración Central, la ejecución presupuestaria ascendió a G. 15,9 billones al cierre del primer trimestre del 2025, representando el 21 % del presupuesto vigente asignado, que asciende a G. 75,5 billones en el mencionado periodo.

Las entidades con mayor ejecución en el período señalado fueron los Ministerios de Economía y Finanzas, Educación y Ciencias, Salud Pública y Bienestar Social, de Obras Públicas y Comunicaciones, del Interior y de Desarrollo Social.

En el informe se detalla que la obligación financiera del Ministerio de Economía fue de G. 4,9 billones, de los cuales G. 4,7 billones fueron destinados al pago a jubilados y pensionados de la función pública, transferencia monetaria a gobiernos subnacionales y el pago de la deuda pública.

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El Ministerio de Educación ejecutó G. 2,4 billones, de los cuales el 65 % fue para los servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo de la educación escolar básica y educación media, como también para la educación de jóvenes y adultos de 15 años y más. En tanto que Salud Pública ejecutó G. 2,2 billones, cuyo desembolso fue principalmente para el pago de servicios personales y compra de productos e instrumentos químicos y medicinales.

Por su parte, Obras Públicas utilizó un total de G. 1,5 billones, de los cuales G. 1,01 billón fue destinado al programa de red vial pavimentada, siendo la cartera con mayores ejecuciones en los proyectos de ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07, además del mejoramiento tramo Pedro J. Caballero-Capitán Bado-Ypehu.

El Ministerio del Interior ejecutó G. 988.000 millones, principalmente para el pago de servicios personales. Mientras que el de Desarrollo Social utilizó de G. 954.000 millones, principalmente para el pago de pensión alimentaria a adultos mayores y a las familias participantes de Tekoporã, también para la provisión de alimentación escolar–FONAE, refiere el documento informativo.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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