El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) presentarán un paquete de siete leyes económicas para incentivar la economía con cambios en la estructura pública que beneficie también al sector privado.

Una de las propuestas es la actualización de la Ley 60/90, principal régimen de incentivos económicos con el que cuenta el Paraguay. Entre los cambios más significativos se destaca la eliminación del Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) para inversiones de origen nacional, un beneficio que anteriormente solo estaba disponible para capital extranjero.

Este ajuste apunta a equiparar condiciones y fortalecer la confianza de los empresarios paraguayos. También se incorpora la exoneración del Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) sobre comisiones y recargos enviados al exterior, facilitando la gestión financiera de las inversiones.

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Otro cambio importante es la posibilidad de transferir bienes de capital entre beneficiarios del régimen sin el pago de impuestos, así como el uso de estos bienes como garantía a través de fideicomisos, mejorando el acceso al crédito y dinamizando la ejecución de proyectos.

Desde el MIC explican que por primera vez, la ley incluirá expresamente al sector del entretenimiento entre las áreas beneficiadas. Esto permitirá que inversiones en parques temáticos, centros de diversiones u otras atracciones turísticas accedan a los incentivos fiscales previstos en la ley. La medida apunta a diversificar la matriz económica nacional y posicionar a Paraguay como un destino atractivo para el turismo de entretenimiento.

Durante el primer semestre de 2025 se generaron inversiones bajo la Ley 60/90 por USD 266 millones, de las cuales el 80 % provienen de capital paraguayo, según el reporte del Ministerio de Industria y Comercio.

Además, se aprobaron 82 proyectos bajo este régimen, lo que representa un aumento del 52% respecto al mismo período del 2024. En cuanto al empleo, se estima que estas inversiones generarán cerca de 3.000 nuevos puestos de trabajo, es decir, un crecimiento del 200 % en relación al año anterior.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, destacó el impacto que tiene la entrega de títulos de propiedad a productores de Agua Dulce, Alto Paraguay (Chaco). Resaltó que con la regularización de la tenencia de la tierras se fomenta la inversión, la mejora en productividad, el crecimiento y la generación de empleos rurales.

Al respecto, el encargado del ente agrario lamentó el tiempo que se perdió en titular las tierras de la región occidental, lo que en término monetario sería difícil de cuantificar la millonaria pérdida que ha significado para el país.

“Entregamos títulos a productores chaqueños. Nos contaron que llevaban 16 años tramitando sus títulos, y que ahora lo lograron en un año. En ese tiempo, no invirtieron, no generaron empleos, y la producción se estancó”, lamentó.

Ruiz Díaz llegó hasta esta zona del país para hacer entrega de los primeros títulos de propiedad a los residentes de Agua Dulce. El acto se realizó durante el 10° aniversario de la APAD (Asociación Agropecuaria de Agua Dulce), cuyos miembros resaltaron la celeridad de este Gobierno en la regularización de las tierras.

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Cabe recordar que Agua Dulce, está ubicada al norte del Chaco, departa­mento de Alto Paraguay, prácticamente en la frontera con Bolivia, es una zona que se encuentra en pleno creci­miento y desarrollo desde los últimos años, actualmente con 600.000 hectáreas (ha) desarrolladas, pero que toda­vía cuenta un potencial de expandirse con 500.000 ha más, no solo en ganadería sino también en la agricul­tura diversificada.

De hecho, en una reciente visita al país, el experto internacional en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, había señalado durante un seminario organizado por el Indert, las consecuencias positivas que conlleva la titulación de tierras. Al respecto, remarcó cinco aspectos, que a su parecer son los más importantes:

1-Impacto en productividad agrícola: La seguridad de la tenencia impulsa mejores prácticas y mecanización, aumentando rendimientos. La titulación reduce la incertidumbre sobre la tierra, incentivando inversiones y facilitando una asignación más eficiente del recurso productivo.

2-Acceso al crédito: El título formal sirve de garantía y facilita préstamos para insumos y maquinarias. La titulación formal puede facilitar el acceso al crédito al brindar seguridad jurídica, reducir el riesgo percibido por instituciones financieras y permitir que los productores accedan a préstamos formales en mejores condiciones.

3-Inversión productiva: Con certeza jurídica, los productores invierten en riego y mejoras de suelo a largo plazo. La titulación formal puede incentivar la inversión en la tierra al reducir la incertidumbre sobre el acceso futuro, reforzar los derechos de uso exclusivos y dar confianza a los productores para realizar mejoras de largo plazo. Estas inversiones pueden incluir infraestructura agrícola, conservación del suelo, ampliación de vivienda o sistemas de riego.

4-Reducción de conflictos: El registro claro de límites minimiza disputas y violencia rural. La titulación reduce conflictos al establecer límites formales reconocidos legalmente, lo cual disminuye la ambigüedad sobre derechos de uso, herencia y transferencias. También refuerza la legitimidad frente a terceros y disminuye la necesidad de resolver disputas mediante mecanismos informales o judiciales.

5-Seguridad alimentaria y bienestar: Titular la tierra fomenta la diversificación de cultivos de autoconsumo y mejora la percepción de estabilidad. El acceso a derechos de tenencia —formales o efectivos— reduce la incertidumbre, fomenta la inversión y mejora la seguridad alimentaria; cuando recaen en mujeres, aumenta notablemente la probabilidad de seguridad alimentaria y la diversidad de cultivos, y mecanismos como la inembargabilidad elevan el valor de las fincas agrícolas y protegen el arraigo familiar.

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Por: Sofía Céspedes

Paraguay sigue marcando hito en su incipiente industria aurífera tras las cifras récord de producción y exportación registradas en el 2024, gracias a la formalización operativa de Latin American Minerals Paraguay S. A. (Lampa), la única empresa con permiso vigente para explotar este recurso en Paso Yobái, departamento de Guairá.

Con 552 kilos de oro exportados y un aporte histórico de G. 1.700 millones en regalías, Paraguay busca consolidar un sector que hasta hace poco operaba en condiciones informales y con baja escala. Al respecto, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, dijo a La Nación/Nación Media que este sector tiene gran potencial y se proyecta un crecimiento importante para los próximos años.

Precisó que durante el período comprendido entre 2020 y 2024, la producción promedio anual de oro en el país fue de 238,91 kilos. “Con base a este desempeño, se proyecta un escenario de crecimiento moderado para los próximos años, impulsado por el fortalecimiento de las operaciones actuales y una posible atracción de nuevas inversiones”, manifestó el subsecretario de Estado.

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Bejarano señaló que el desafío para los próximos años será ampliar la capacidad industrial y garantizar la sostenibilidad ambiental y social, en un contexto donde el control estatal sobre el contrabando y la trazabilidad del oro cobra un papel clave para preservar la legalidad y reputación del sector.

Recordó que en 2024 se registró un valor récord de exportación de casi 600 kilos de oro, debido a la buena gestión de este gobierno que logró regularizar la operación de las piletas de lixiviación en Paso Yobái a través del decreto n.° 1447/2024.

En los últimos cinco años, Paraguay exportó en promedio 218,88 kilos de oro por año, lo que generó ingresos anuales de USD 13,18 millones. Estas cifras reflejan una actividad sostenida en el segmento exportador, con un volumen estrechamente ligado a la producción nacional. Paraguay exportó únicamente a Estados Unidos los últimos 3 años.

“Es importante destacar que, gracias a la regularización de la operación de las piletas de lixiviación, en el año 2024 la empresa concesionaria logró exportar material aurífero por un valor aproximado de USD 37 millones. Este monto representa el nivel más alto de exportación registrado hasta la fecha en la historia del sector minero nacional”, afirmó Bejarano a LN.

El viceministro de Minas y Energía señaló que el sector aurífero genera actualmente alrededor de 250 empleos directos y aproximadamente 1.000 empleos indirectos, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social en las comunidades de Paso Yobái.

Acerca de la contribución fiscal, de acuerdo a Ley 4935/13, las empresas concesionarias están obligadas a abonar regalías al Estado paraguayo, que oscilan entre el 2 % y el 8,40 % de la renta neta trimestral. En 2024, la concesionaria realizó un aporte histórico en concepto de regalías por G. 1.700 millones.

Según Bejarano, esta cifra representa el monto más alto jamás registrado por un concesionario minero en Paraguay. Todo lo que genera la actividad minera beneficia directamente a la gobernación como a la municipalidad.

Para garantizar la trazabilidad del oro y prevenir el contrabando, las empresas mineras deben presentar informes trimestrales con el detalle de su producción, explicó el viceministro. Mencionó que estos reportes son contrastados con los registros de exportación, lo que permite un control cruzado que asegura la correspondencia entre la producción declarada y el volumen efectivamente exportado. Este sistema promueve la transparencia y legalidad dentro del sector.

Alberto Antebi, representante legal de Latin American Minerals Paraguay S. A. (Lampa), manifestó a La Nación que la empresa comenzó en 2020 la explotación efectiva de su cantera principal en Paso Yobái, produciendo y exportando 110 kilos de oro doré ese año.

Contó que la producción se mantuvo en niveles similares en 2021 (112 kilos) y 2022 (90 kilos), año en el que también incorporó nuevas tecnologías como el sistema de lixiviación en tanques metálicos. De acuerdo con los datos de la empresa, desde el 2019 hasta lo que va del 2025, Lampa produjo 1.354,8 kilos de oro en el país. (Ver en la infografía)

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El gran salto productivo se dio en 2023, con una exportación de 247 kilos de oro, impulsado por la puesta en marcha de las primeras piletas de lixiviación. En 2024, la producción alcanzó un récord histórico de 552 kilos, exportados en su totalidad a los Estados Unidos, agregó.

“Este crecimiento se debió a la calidad del material extraído, altamente compatible con el proceso de lixiviación, y a la ampliación de las piletas operadas por terceros que brindan servicios de procesamiento a la empresa. Ese mismo año, la compañía promovió el uso de lixiviantes ecológicos, una alternativa más amigable con el medio ambiente”, destacó Antebi.

El representante de Lampa señaló que este 2025, la compañía ya alcanzó las capas rocosas de la cantera principal, ubicada a una profundidad promedio de 40 metros. Por ello, está invirtiendo en mejoras de eficiencia en su planta de procesamiento gravimétrico y proyecta ampliar su capacidad industrial para procesar hasta 1.000 toneladas diarias de roca.

Actualmente, existen 15 asociaciones activas en la zona. Antebi dijo al respecto que el objetivo de la empresa es impulsar la explotación de minerales metálicos en Paraguay de manera responsable, sostenible, con fuerte componente de mano de obra local y compromiso con el cuidado ambiental.

Entre los países con más reservas de oro este año figuran: Venezuela, Brasil México, Argentina, Bolivia, en los primeros cinco lugares. Siguen Perú, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Colombia.

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Este miércoles, la organización PRO Desarrollo y la Consultora Mentu presentaron el informe anual sobre economía subterránea en Paraguay. Los datos revelan que, en 2024, la economía paralela en el país representó el 35,1 % del producto interno bruto (PIB), un equivalente a USD 15.000 millones.

El economista y director de Mentu, Hugo Royg, fue quien desglosó el informe. Expuso que pese a algunos avances en formalización y esfuerzos institucionales, la economía subterránea en Paraguay se mantiene elevada y continúa impactando negativamente en el desarrollo, la igualdad y la competitividad del país.

Precisó que este segmento incluye, tanto actividades informales como ilícitas, desde emprendimientos sin registros tributarios hasta redes de contrabando o lavado de dinero. Se trata de un conjunto de dinámicas que escapan al control del Estado, distorsionan los mercados, afectan la calidad del empleo y debilitan la institucionalidad democrática.

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El estudio utiliza el modelo econométrico MIMIC, que vincula la informalidad con factores como la pobreza, el desempleo, el autoempleo, la corrupción y el uso intensivo de efectivo. Los datos muestran que Paraguay cuenta con altos niveles en todos estos indicadores. Uno de ellos refiere que la informalidad laboral se mantiene por encima del 66 %, y el autoempleo alcanza el 42,5 %, “señal de precariedad en el acceso a trabajos formales”.

Así también, la desigualdad de ingresos es abrumadora: el 10 % más pobre de la población accede a un ingreso mensual promedio de apenas G. 392.000, mientras que el decil más alto supera los G. 2.800.000. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores paraguayos son informales, y casi dos tercios de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están registradas formalmente.

La presentación revela que, en comparación con otros países de la región, Paraguay se ubica entre los que tienen mayor proporción de economía subterránea. Está por encima de Argentina, Brasil, Chile, México o Uruguay, tanto en porcentaje del PIB como en impacto sobre el desarrollo humano; también advierte que existe una correlación directa entre economía subterránea y crimen organizado, lo que refuerza la necesidad de acciones coordinadas a nivel regional.

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“Aunque el porcentaje de informalidad disminuye levemente, en términos absolutos el volumen de la economía informal sigue creciendo, porque la economía en su conjunto también lo hace. Es decir, hay más actividad, y dentro de ella, también más informalidad. Esa es una preocupación clave”, dijo al respecto Hugo Royg.

Para finalizar, Hugo Royg expresó que reducir la economía subterránea no es solo una cuestión fiscal, sino que se trata de construir un país más justo, competitivo y resiliente. “El desafío es compartido por el sector público, privado y la sociedad civil”, aseveró.