El primer ministro chino, Li Qiang, instó este sábado a conciliar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y los riesgos de seguridad, y pidió un “consenso urgente” pese a la intensa carrera tecnológica entre Pekín y Washington.

Este llamamiento se produce días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una agresiva estrategia de baja regulación para impulsar la hegemonía estadounidense en este campo.

Al abrir en Shanghái la Conferencia Mundial de IA (WAIC en inglés), Li enfatizó la necesidad de gobernanza y desarrollo de fuentes abiertas, al anunciar el establecimiento de un organismo de cooperación internacional en IA.

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“Los riesgos y desafíos que trae la inteligencia artificial han llamado mucho la atención (...) Encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la seguridad requiere urgentemente más consenso de toda la sociedad”, declaró Li.

En ese sentido, indicó que su país “promoverá activamente” el desarrollo de la IA en código abierto, además de estar dispuesto a compartir los avances con otras naciones, especialmente aquellas en desarrollo. “Si nos dedicamos a monopolizar, controlar y bloquear la tecnología, la inteligencia artificial pasará a ser cosa de unos pocos países y de unas pocas empresas”, afirmó.

“Solo si se respetan los principios de apertura, intercambio y equidad en el acceso a la inteligencia, más países y grupos podrán beneficiarse [de la IA]”, sentenció. El dirigente subrayó el “suministro insuficiente de potencia de cálculo y chips” como un cuello de botella.

En los últimos años, Washington redobló sus esfuerzos para frenar la exportación de chips de última generación a China, preocupado por la posibilidad de que estos puedan usarse para impulsar los sistemas militares de Pekín y erosionar el dominio tecnológico estadounidense.

China, en tanto, hizo de la IA un pilar de sus planes para lograr la autosuficiencia tecnológica, al prometer el gobierno una serie de medidas para impulsar el sector. En enero, la empresa china DeepSeek presentó un modelo de IA que funcionaba igual de bien que los mejores sistemas estadounidenses, pese a utilizar chips menos potentes.

En momentos que la IA se integra a prácticamente todas las industrias, su uso ha provocado grandes cuestionamientos éticos, desde la propagación de la desinformación hasta su impacto en el empleo o la potencial pérdida de control tecnológico.

El ganador del Nobel de Física, Geoffrey Hinton, comparó este sábado la situación con tener “un cachorro de tigre muy tierno como mascota”. “Para sobrevivir” debemos asegurarnos de que podemos entrenarlo para que no nos mate cuando crezca, sostuvo durante su discurso en el WAIC.

En un video presentado en la ceremonia inaugural de la WAIC, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la gobernanza de la IA sería “una prueba definitoria de la cooperación internacional”.

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El evento también contó con la emisaria de IA de la Presidencia francesa, Anne Bouverot, quien destacó “la urgente necesidad” de una acción global. Durante cumbre de IA en París en febrero, 58 países -incluidos China, Francia e India, así como la Unión Europea y la Comisión de la Unión Africana- instaron a una mejor coordinación en la gobernanza de la IA.

Pero Estados Unidos se manifestó contra las “regulaciones excesivas”, y junto con Reino Unido, rechazaron firmar la petición de la cumbre a favor de una IA “abierta, inclusiva y ética”.

Fuente: AFP

La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, tiene en agenda para este lunes 21 de julio, la visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Además, al viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez.

Esta mesa asesora, que está presidida por el diputado colorado Héctor Figueredo, estará analizando los proyectos “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República” y “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”.

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La iniciativa referente a un registro nacional de pagarés fue presentada por los diputados colorados José Rodríguez; Rocío Abed; Derlis Rodríguez; Cristina Villalba y Fabiana Souto. Además, acompaña como proyectista el diputado liberal Rodrigo Blanco.

El primer proyecto a ser analizado busca establecer el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales, en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República. La propuesta contempla la modificación de varios artículos del Código Procesal Civil.

De acuerdo a la exposición de motivos, uno de los puntos centrales apunta a que los títulos de crédito ejecutables, como pagarés o letras de cambio, deban ser depositados ante el juzgado competente al inicio del juicio.

De esta manera, los legisladores plantean garantizar que dichos documentos no puedan ser utilizados en múltiples demandas.

La propuesta también impone la obligación de que el juez determine el destino final del documento al dictar sentencia, lo que impedirá que sea utilizado en un nuevo proceso sin control.

Mientras que en la propuesta que plantea crear el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, es una iniciativa que podría traer cambios importantes al mercado financiero y comercial del país, según señalan sus impulsores.

Al respecto, explican que este sistema busca ofrecer mayor seguridad jurídica y transparencia en la emisión y circulación de documentos como pagarés, letras de cambio y otros títulos que representan obligaciones de pago.

Asimismo, explican que el proyecto de ley pretende establecer un registro público, digital y accesible, donde se inscriban todos estos documentos, permitiendo así que los titulares puedan acreditar la existencia y titularidad de sus créditos con mayor facilidad.

La normativa pretende facilitar las transacciones comerciales, reducir los fraudes y fortalecer la confianza entre las partes involucradas.

Ambos proyectos están en etapa de discusión en comisiones, donde se espera que se analicen los detalles técnicos y se incorporen observaciones para garantizar la correcta implementación.

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Desde la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) advirtieron a todos los productores sobre algunas empresas que estarían proponiendo contratos que incluyen compromisos con la Reglamentación 1115, Ley de la Unión Europea. En ese sentido, recordaron que no corresponde aplicar una medida extranjera en los contratos de venta firmados en nuestro país.

“Instamos a los productores que revisen y analicen cuidadosamente las cláusulas de los contratos con los que comprometen la venta de su producción de la zafra 2025/2026 antes de firmarlos pues podrían tener asociadas multas, sobrecostos y descuentos importantes aplicados”, indicaron en un comunicado.

Además, mencionaron que aceptar vender o no vender a la Unión Europea (UE) es una decisión libre de cada uno de los productores y no puede ser una ”obligación impuesta unilateralmente a los productores de Paraguay”, que desconocen los alcances de las exigencias de la UE 1115 y los compromisos que implican o simplemente no quieren vender al bloque.

Ante cualquier duda sobre los compromisos que vayan a asumir en los contratos, solicitaron que los productores pidan asesoramiento y explicaciones. “Reiteramos la advertencia a todos los productores de no firmar contratos que incluyan alguna referencia al reglamento 1115 sin comprender plenamente de los compromisos que implican”, enfatizaron.

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La Reglamentación 1115 de la Unión Europea se trata de una normativa que establece requisitos en cuanto a la sostenibilidad y trazabilidad de productos agrícolas que llegan al mercado europeo, con un enfoque particular en la lucha contra la deforestación.

Con esta normativa el mercado europeo regula el comercio de determinadas materias primas y derivados, cuyo objetivo es evitar el ingreso de productos, específicamente, los que provengan de territorios considerados como deforestados.

Además, exige responsabilidades adicionales en cuanto a documentación, verificación de origen y auditorías que pueden resultar complicadas o costosas, lo que genera preocupación entre algunos productores que desconocen los alcances de la ley o no están preparados para asumir estos compromisos, habían detallado desde la Unión de Gremios de la Producción.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

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El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

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