El viceministro de Economía, Roberto Mernes, habló acerca de una herramienta no financiera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrece a todos sus miembros, la cual sirve para demostrar el compromiso del Gobierno con una agenda de reformas, con seguimiento periódico de la situación y las políticas económicas.

“El país debe avanzar con aquellas medidas que ayuden a generar espacio fiscal y que además permitan mejorar la calificación país, es allí donde el Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI, por sus siglas en inglés) juega un papel clave”, expresó el subsecretario de Estado.

La propuesta del PCI fue presentada durante una charla realizada ante alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y que forma parte del Ciclo de Charlas por la Semana del Economista, que se desarrolla a nivel local.

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El viceministro explicó que dicha herramienta puede ayudar a los países a formular e implementar una agenda de políticas macroeconómicas, así como reformas estructurales que permitan prevenir crisis y construir amortiguadores contra choques externos, así como consolidar la estabilidad macroeconómica y hacer frente a desequilibrios macroeconómicos.

El PCI cuenta con tres pilares de acción fundamentales, por un lado, asegurar la estabilidad macroeconómica, mejorar la productividad y potenciar el crecimiento económico y mejorar la protección e inclusión social, siendo este último punto el más inmediato debido a la urgencia de reformar la caja fiscal.

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El alto funcionario señaló que es necesario establecer medidas urgentes, principalmente sobre los sectores deficitarios de la caja fiscal, como lo son el magisterio nacional, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Al tiempo de remarcar que también se requiere avanzar hacia la formalización de los sectores informales de la economía, permitiendo el acceso a la seguridad social y una transformación estructural del mercado laboral.

Mernes anunció que en julio próximo presentarán al Congreso Nacional un proyecto de ley que plantea un régimen pensado en aumentar la protección social en los segmentos críticos del empleo, con tasas acordes a la realidad de cada sector, y que sean flexibles a la dinámica de ingresos.

Esto también contemplaría una protección a la trayectoria de aporte en el tiempo, de modo que los trabajadores independientes puedan aportar a un seguro de salud, a más de integrar un complemento no contributivo para aquellos que llegados a la edad de jubilación no logren reunir los años mínimos de cotización, entre otras cuestiones más, dijo.