“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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Un nuevo informe del Centro de Estudios Económicos (CEE), de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), detalló el nivel de crecimiento de la industria maquiladora en el país. Julio Fernández, jefe Senior del CEE, explicó que las exportaciones bajo el régimen de maquila alcanzaron los USD 927 millones hasta octubre de 2024.

“Es importante destacar que el 65 % de las exportaciones industriales del país proviene de esta industria, lo que representa un aumento de 34 puntos porcentuales en los últimos diez años”, indicó, ratificando así el crecimiento constante de la industria de maquila a nivel país.

Esto se traduciría a un crecimiento anual del 8 % respecto al año anterior, teniendo en cuenta que en el mismo periodo, bajo el régimen de maquila, se había llegado a USD 859 millones en exportaciones.

Con respecto a los principales productos exportados, se destacan autopartes, con el 28 %; confecciones textiles, con el 19 %; alimentos, con el 15 %; y aluminio, con el 13 %. El 64 % de las exportaciones maquiladoras tiene como destino Brasil, seguido de Argentina con el 10 %, Países Bajos con 6 %, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Bolivia con una menor participación.

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Al cierre del mes de octubre de este año, más de 300 empresas cuentan con programas de maquila aprobadas. Del total, el 90 % de las empresas se concentra en cuatro departamentos: con Alto Paraná, posicionándose con un 47 %, debido a su cercanía con Brasil, de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Por otra parte, en el departamento Central se concentra el 28 %, debido a que las industrias se instalan cerca de los puertos sobre el río Paraguay y en menor medida se encuentran Capital, con el 9 % de la concentración, y posteriormente el departamento de Amambay con el 6 %.

Los beneficios fiscales han sido el principal motor de atracción de industrias maquiladoras en el país. Actualmente, el principal desafío del sector maquilador se encuentra en la posibilidad de diversificar y consolidar nuevos mercados, con el objetivo de expandir aún más al área.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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El sector farmacéutico emplea directamente a casi 7.000 trabajadores, de los cuales el 48 % cuenta con educación terciaria o universitaria. Las ventas de medicamentos de origen nacional alcanzaron un valor aproximado de G. 10,122 billones (USD 482 millones) en los últimos tres años, ocupando el 70 % de la demanda de medicamentos en el mercado paraguayo, informaron desde el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Respecto a estos datos, Gerardo García, presidente de la Cámara de Industria Química Farmacéutica (Cifarma) expresó: “Esto demuestra que el crecimiento de todo nuestro sector no es solamente en infraestructuras sino también en mano de obra y mano de obra especializada. Ocupamos prácticamente el 100 % de todos los profesionales químicos del Paraguay”, durante una conferencia de prensa.

Sostuvo que este crecimiento demuestra que la industria farmacéutica nacional no solo es competitiva frente a los productos importados, sino que también juega un papel crucial en la autosuficiencia sanitaria del país. También destacó que las farmacéuticas paraguayas incrementaron sus envíos internacionales con exportaciones que superaron los USD 73 millones en 2023, “consolidando la reputación del país como un proveedor confiable en mercados internacionales”.

Por su parte, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, de acuerdo a estos datos, afirmó que esto es un logro de los empresarios paraguayos y que prestigia cada vez más al sector. “La pandemia nos demostró una falta de solidaridad entre países. Y nosotros nos hemos refugiado en nuestra propia industria, y ahí es donde la industria farmacéutica paraguaya demostró realmente quién es”, resaltó.

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El industrial hizo énfasis en la importancia de la participación del Estado para este rubro, ya que muchas veces se “satanizan” las licitaciones públicas, porque el Estado es el mayor comprador en la industria. “Al ser el mayor comprador, tiene que ser el mayor propulsor de la industria paraguaya. Y cada vez más tenemos que ir reemplazando dentro de las cuentas públicas aquellos productos que vienen de afuera”, señaló.

La cantidad de ocupados que emplea solo las empresas asociadas a Cifarma asciende a 6.185 personas, es decir que la cámara genera el 88,7% de empleos en el sector. En el año 2008, las empresas asociadas a dicho gremio ocupaban a 3.600 personas, lo que significa un aumento del 71 % en la mano de obra ocupada en 16 años.

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