El Ministerio Público formuló imputación contra el ciudadano argentino Ricardo Collins, de 39 años, por la supuesta comisión del hecho punible de reducción. La diligencia judicial estuvo a cargo del fiscal Luis Alberto Trinidad Colmán, titular de la Unidad Penal n.º 4 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este.

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Según el informe, el ciudadano argentino fue aprehendido durante un procedimiento de rutina realizado el 10 de julio de 2025, a las 07:10, en la zona primaria de la cabecera del Puente de la Amistad.

“Durante el control, personal de la Base Naval y funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) verificaron un vehículo de la marca Kia, modelo Cerato, año 2014, color blanco, con matrícula brasileña n.º AWU-3551, que era conducido por el ahora imputado”, indicaron.

Las autoridades investigaron sobre la situación del rodado y los informes oficiales revelaron que el vehículo fue denunciado como robado en la madrugada de ese mismo día, en la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil), del interior del domicilio de la una ciudadana brasileña, quien figura como víctima en la denuncia presentada ante la Policía Civil del Estado de Paraná – 6.ª Subdivisión Policial.

Las autoridades brasileñas remitieron la denuncia, que se incorporó al expediente junto con los informes de la Base Naval y de la DNIT, constituyéndose en elementos de sospecha.

A continuación, la Fiscalía inició el proceso penal y solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y formular la acusación correspondiente.

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El fiscal Trinidad Colmán requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva de Ricardo Collins, atendiendo la gravedad del hecho presuntamente cometido y el riesgo de fuga por su condición de ciudadano extranjero sin arraigo en el país.

. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Romero Valdovinos, que había hecho de vocero, refirió que estaban preparando siete proyectos de leyes que próximamente enviarán al Congreso para su estudio.

La idea es adoptar normas y disposiciones que “beneficiarán el funcionamiento de la economía, fomentarán la creación de empleo e irán en la línea de continuar con la reforma del Estado”, definió el secretario de Estado el propósito que tiene el Ejecutivo a los representantes de la prensa.

Inmediatamente, uno de los más poderosos gremios del sector privado, la Unión Industrial Paraguay (UIP), manifestó su apoyo a lo anunciado por el ministro de Economía en un comunicado, resaltando que los siete proyectos de leyes tendrán un fuerte impacto en la economía del país, en la generación del empleo y la modernización del Estado, parafraseando los dichos de Fernández.

El gremio fabril resalta que el conjunto de reformas que enviará el Gobierno al Parlamento Nacional incluye muchos asuntos importantes, como la reestructuración del aparato estatal, la modificación del sistema jurídico que rige el mercado de capitales, la promoción de energías renovables con la intervención de entidades del sector privado, la actualización de los sistemas y normas que incluyen incentivos para realizar inversiones, como el caso de la Ley 60/90 y la que regula la maquila.

Esto además de lo más novedoso, que es la creación de un nuevo régimen que incentiva y regula el ensamblaje de artículos electrónicos y productos digitales.

Debido a la trascendencia que tendrán en la vida del país las medidas que tomará el Poder Ejecutivo con los mencionados proyectos legales, el gremio industrial señala que “han acompañado de cerca el proceso de elaboración de algunas de estas propuestas, aportando comentarios técnicos y constructivos en espacios de diálogo institucional con autoridades”.

“Nuestro compromiso ha sido y continúa siendo el de contribuir activamente para que estas reformas reflejen las necesidades del país, respondan a los desafíos actuales y promuevan condiciones sostenibles para el desarrollo económico y social del Paraguay”, apunta el documento de los industriales.

La actitud asumida por los empresarios de la industria es llamativa y demuestra que en ese sector son conscientes de los requerimientos económicos más importantes que tiene nuestro país.

Que hay que reformular muchas cosas, que para avanzar en el crecimiento no se necesita solo invertir capital financiero, que es muy importante, sino también poner a punto la estructura del Estado en muchos capítulos de la vida nacional.

Uno de ellos es la burocracia que a lo largo de décadas se ha ido agrandando innecesariamente bajo las alas de los organismos estatales sin importar mucho su eficiencia y utilidad.

Este gobierno ha demostrado que existe una clara conciencia de lo que se necesita reformular. Y no solo eso. Está manifestando el interés y la voluntad de achicar el aparato estatal innecesario para que le pese menos a la ciudadanía y constituya un instrumento eficiente para servir a la gente y perseguir el desarrollo.

La administración actual puede darse el lujo de mostrar los buenos resultados obtenidos con la reestructuración del aparato estatal que inició hace dos años con la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que absorbió la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, además de otros entes como la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación que habían sido incorporados como parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las nuevas leyes que prepara el Gobierno para achicar el Estado y realizar transformaciones importantes en la vida del país tienen que tener el aval de la ciudadanía, pues cuanto más apoyo reciba el aparato estatal será más beneficioso para todos.

Por eso hay que aplaudir la actitud de los industriales y de todos cuantos se pliegan a la tarea de cooperar con los que procuran mejorar la estructura del Paraguay para que sea más eficiente en el camino del progreso económico y social. El trabajo es de largo alcance y necesita del apoyo de la gente para que sea más provechoso.

Un informe de 261 páginas, concluido tras meses de intervención revelan un descalabro administrativo en la Cooperativa Poravoty a cargo de grupo de policías que ocasionó un perjuicio de G. 274.235 millones, según los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.

El referido informe subraya que, principalmente, por la falta de registración de las previsiones reales de la “Cartera de Préstamos morosa que supera al 80 %, así también para los Activos de Riesgo e implícitamente el no reconocimiento de esta condición contable, aumenta el resultado de la “Pérdida del Ejercicio” posicionándolo en G. 274.235.906.590”, esto al cierre del periodo 2024.

La pericia realizada refiere además que al 30/11/2024, cuyo último registro en la Herramienta Alerta Temprana, la entidad muestra una calificación de Riesgo Alto Crítico” con 15,3 % (R-), a consecuencia de los indicadores financieros fuera de los rangos establecidos.

La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.

Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.

“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.

Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.

En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.

Se constató también “un incumplimiento generalizado y sistemático de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), así como de las disposiciones reglamentarias establecidas por los organismos supervisores (Incoop y Seprelad), deficiencias en la gestión del oficial de cumplimiento, ausencia de controles adecuados para la identificación de personas expuestas políticamente, falta de actualización normativa en los manuales internos y una alarmante concentración de ahorros a plazos sin los mecanismos de mitigación correspondientes. La situación detectada representa un riesgo significativo para la transparencia, sostenibilidad financiera y la integridad operativa de la entidad, así como un eventual canal de ingreso de activos de origen ilícito”.

Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.

Ayer sábado se reportó un trágico accidente en el departamento de Alto Paraná, en el que perdieron la vida dos estudiantes de medicina, uno de ellos falleció en el lugar del hecho y la segunda persona camino al hospital.

Según el reporte policial, el siniestro ocurrió sobre la ruta PY 02, a la altura del kilómetro 4 de Ciudad del Este. Se vieron involucrados dos vehículos, uno sería un automóvil de la marca Toyota y una motocicleta de la marca BMW, en este último iban dos estudiantes.

Los fallecidos fueron identificados como Luz Isabela Sosa, quien iba de acompañante y falleció en sitio, y Farley Junior Dos Santos, de 48 años, de nacionalidad brasileña, conductor de la moto. Ambos eran estudiantes de medicina.

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Los intervinientes indicaron que cuando llegaron al lugar el hombre aún tenía signos de vida, por lo que rápidamente fue trasladado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este donde los médicos hicieron todo lo posible para reanimarlo, pero no resistió a los golpes y se confirmó su fallecimiento.

Las primeras hipótesis señalan que la motocicleta iba a muy alta velocidad, no pudo detener la marcha e impactó por la parte trasera del rodado. Así también, no se descarta que el conductor del vehículo realizó una maniobra cerrando el paso a la moto, lo que provocó el impacto.

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