Según el último relevamiento de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) en base a los datos brindados por las industrias asociadas, estadísticas de la Dirección de Aduanas (DNA) y otras informaciones de mercado, el mercado informal de aceites y grasas vegetales generaría una facturación anual estimada de USD 168 millones en contra del sector.

Si bien en nuestro país se consumen mensualmente 7.700 toneladas de estos productos, el promedio mensual de ventas correspondientes a la industria nacional durante los cuatro primeros meses del año fue de solo 3.350 toneladas. “Con lo cual, las 4.350 toneladas restantes están siendo cubiertas en un mercado informal por productos de origen dudoso”, señaló el gremio a través del estudio.

Refirieron que existiría un potencial para recaudar hasta USD 15,3 millones más solamente a través del impuesto al valor agregado (IVA) generado por estas ventas, de cubrirse un 100 % de las necesidades locales de consumo de manera formal. Este valor podría ser superior si se consideran los demás tributos a pagar y el efecto positivo en el resto de la economía con la formalización. También se crearían más puestos de trabajo y nuevas industrias o servicios conexos podrían surgir, principalmente aumentando la participación de la industria local.

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Además de los productos del extranjero que ingresan al país ilegalmente existe una preocupación en la industria sobre los robos que suelen sufrir las embarcaciones que transportan aceite crudo desgomado de soja hacia el exterior y la posibilidad de que este termine siendo “refinado en instalaciones clandestinas y sin cumplir con los procesos mínimos para asegurar su inocuidad y que incluso puedan ser reempaquetados en recipientes de marcas ya establecidas en el mercado”.

En el documento, la gerente general de la Cappro, Sandra Noguera, llamó a las autoridades a que sigan con especial atención estos hechos y reiteró el pedido de que la lucha contra el contrabando sea frontal y permanente, pues no solo afecta a nuestra economía o empresas sino que puede convertirse en un riesgo para la salud pública al no contar un producto con las garantías necesarias.

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