Este martes, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció la reglamentación de la ley de universalización de la pensión para adultos mayores, con la cual se busca proteger a las personas de la tercera edad por parte del Gobierno. Con esta nueva normativa, unas 15.000 personas, adultas mayores, ya podrán recibir este beneficio este fin de año.

Para conocer mejor el plan de ejecución de esta nueva reglamentación el diario La Nación/Nación Media conversó con el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Raúl Ramírez, quien explicó que la implementación de esta normativa comienza a aplicarse desde este noviembre, teniendo en cuenta que la ley fue promulgada en el mes pasado.

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Indicó que este mes comienzan a realizar la elegibilidad de las personas adultas mayores, de acuerdo a la nueva ley que habla de la universalización de todos los beneficiados del programa de adulto mayores de las personas a partir de los 65 años y mas.

Al respecto explicó que usando la tecnología, cuentan con la base de datos del departamento de Identificaciones de la Policía Nacional como base, que luego hacer el cruzamiento de datos con otras bases de las instituciones respectivas para determinar quiénes podrán ser incluidos en el programa de la pensión universal de los adultos mayores.

En ese sentido, remarcó que podrán acceder a este beneficio los mayores de 65 años y mas, que no cuenten con salario público o privado, los que no gozan de una jubilación del IPS u otra caja de pensiones; y los que no cuentan con 30 ganados o más y los que no pagan impuesto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) o renta.

“Toda persona que no reúna alguna de estas condiciones citadas, podrá ingresar a la lista de espera de la base de datos del MDS, e iremos incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tengamos. Para este noviembre ya hemos procesado y estaremos incluyendo en el programa unos 15.140 adultos mayores. De los cuales estamos haciendo con una estrategia de rango etario de mayor a menor de edad. Incluimos desde 106 años a 90 años ahora, en este noviembre”, precisó.

Al respecto, el viceministro brindo un informe detallado de como se distribuye estos 15.140 adultos mayores, señalando que los paraguayos latinos son 14.733 personas. Mientras que los adultos mayores de pueblos indígenas son 165 personas, al respecto, aclaró que la normativa establece que los indígenas acceden a este beneficio desde los 55 años.

Asimismo, indicó que la normativa incluye también a personas con discapacidad y/o discapacidad severa, que pueden ingresar al beneficio de la pensión universal desde los 60 años de edad y en este noviembre ya fueron incluidos 241 adultos mayores. Todos estos grupos son los que ahora desde noviembre han sido procesados y seleccionados para comenzar a recibir la pensión universal.

Indicó que este grupo comenzará a recibir sus pensiones a partir del miércoles 4 de diciembre en adelante a través de las ventanillas del Banco Nacional de Fomento. Señaló que todo el proceso de pago se hará por red bancaria, por lo que a mediados de diciembre los adultos mayores recibirán sus tarjetas de débitos.

“Para este año se prevé el pago de 660.057 guaraníes, que conforme a la ley es el 25 % del salario mínimo. Para el año que viene estarían recibiendo G. 699.577, por lo que se buscará la forma de redondear a G. 700.000. Es importante aclarar que el próximo año estaremos incluyendo unos 30 mil adultos mayores más, que ya está previsto en el proyecto de presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social”, acotó.

El viceministro Ramírez enfatizó que el Ministerio de Desarrollo Social es el que hace la elegibilidad de los adultos mayores utilizando la tecnología y llevando a cabo el cruzamiento de datos, para determinar quiénes son los abuelitos que califican para recibir el beneficio. Ubicando a los beneficiarios tanto por departamentos y por distritos.

“Es importante aclarar que no porque cumplió 65 años ya serán beneficiados para el cobro de la pensión, iremos incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria e iremos bajando de mayor a menor edad. Al mismo tiempo, pedimos que se cuiden este fin de año porque hay muchos avivados inescrupulosos, que están esperando el momento para estafar al adulto mayor, en el sentido de hacerle gestoría, o ayudarles a ingresar a la lista. Nadie necesita hacer ninguna gestión para ingresar, ni necesita ningún intermediario. Nosotros, usando la tecnología estaremos incluyéndoles y todo el proceso es gratuito” concluyó.

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El ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tuvo oportunidad de hablar sobre los proceso de construcción de viviendas que lleva adelante la institución a su cargo. Recordó que actualmente existen dos programas, por un lado el que otorga las viviendas sociales para personas de escasos recursos. Por otro, el que adjudica planes de financiación para viviendas de la clase media, con el programa Che Róga Porã.

El secretario de Estado indicó en conversación con radio 1020Am, que el principal desafío del Gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña, es superar las 80 a 100 mil viviendas en 5 años, que triplicaría la cantidad que se hizo en 10 años anteriores.

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“Nosotros veníamos ejecutando en los últimos 10 años, un promedio de 34 mil a 35 mil viviendas al cabo de 5 años. Nuestra expectativa ahora es llegar a unas 80 mil a 100 mil viviendas construidas, en el gobierno de 5 años de Santiago Peña, que prácticamente sería el triple de lo que se venía ejecutando y eso sí va permitir reducir el déficit habitacional”, explicó.

El titular del MUVH señaló que hay que dividir en dos partes el programa de construcción de viviendas, ya que por un lado están las viviendas sociales que están dirigidas a sectores más vulnerables y comunidades indígenas. Mencionó que con este programa ya están llegando a 4.253 viviendas entregadas, y con las familias beneficiadas ya vivienddo en ellas.

Indicó que esperan llegar a 6.000 viviendas entregadas para el próximo 31 de diciembre, de las 17.082 carpetas gestionadas en este primer año de gestión.

“Estos números representan prácticamente el triple de lo que se venía llevando adelante en gestiones anteriores y esto es un gran impulso para un sector muy necesitado y que es uno de los puntos más importantes de la propuesta electoral del presidente Santiago Peña”, acotó.

Igualmente, indicó que están trabajando con el programa de “Che Róga Porã”, que es una respuesta a la clase media trabajadora, que está dirigido a los que tienen desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos. Recordó que este programa, hoy está empezando a dar sus frutos. Señaló que ya existen 4 proyectos que están en ejecución y que son 118 viviendas que ya están en proceso de construcción.

Asimismo, explicó que a partir de mediados de enero de 2025 se viene el “Che Róga Porã 2.0″, dirigido a aquellos que ya cuentan con un terreno, o estén pagando por su terreno, o que tengan pensado comprar el terreno que sea de su agrado. Explicó que se les va a financiar para la construcción de sus viviendas.

“Che Róga Porã 2.0 es una evolución escuchando a la gente, que en cualquier punto de la República del Paraguay, llámese Yvy Ya’ú, Cnel. Oviedo, llámese Loreto, Humaitá. Aquel que tiene un terreno propio o que ya esté pagando podrá acceder a este financiamiento que le permitirá cancelar por el terreno, y por otra parte contar con el corte que le permita construir su propia vivienda, a un financiamiento a 30 años de plazo, hasta 500 millones de guaraníes, y con la tasa más baja del mercado del 6,5 %”, precisó.

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“Estamos con las expectativas de llegar al 31 de diciembre con 6.000 viviendas entregadas. Al ritmo que venimos, yo creo que estamos bien encaminados, existe esa posibilidad”, sostuvo el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja.

Actualmente en los primeros 15 meses de gestión, el gobierno de Santiago Peña alcanzó un total de 4.253 viviendas entregadas a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad con recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).

“Esto representa un hito histórico. Las viviendas entregadas forman parte de las 17.082 gestionadas en el primer año de gestión. Estamos bastante satisfechos, pero como dice el presidente, no estamos conformes. Seguimos intensificando para llegar con mayor fuerza”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Baruja manifestó que, como promedio, en el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez se llegó a concretar solo la entrega de 3.000 a 3.500 viviendas por año. “Hoy estamos fácilmente con el doble de esos números. Con esto también hay un gran dinamismo dentro del sector de la economía vinculada a la construcción de viviendas, existe mucho trabajo para los oleros, ceramistas así como los transportistas”, sostuvo.

Asimismo Baruja acotó que el movimiento que genera la construcción de viviendas se siente. “Cuando uno va recorriendo el interior y va teniendo contacto con estos sectores que están muy conformes con la política que tomó el gobierno en el sentido de priorizar los materiales paraguayos”.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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