• Por Sofía Céspedes, sofia.cespedes@nacionmedia.com.

Desde que asumió el gobierno, el pasado 15 de agosto de 2023, las políticas del presidente Santiago Peña se basaron en las reformas estructurales, dar un mayor impulso y apoyo a los programas sociales y seguir generando incentivos a fin de atraer inversiones para el crecimiento de nuestra economía.

Un pilar fundamental, y promesa de campaña de Santiago Peña, fue la creación de 500.000 puestos de trabajos durante su periodo de cinco años. Según datos de la Presidencia de la República, el gobierno logró incorporar a 85.000 trabajadores en la seguridad social en los últimos 22 meses.

Se pudo formalizar a unos 30.000 trabajadores y se está llegando a un total de 100.000 trabajadores formales desde agosto de 2023. También informaron que, hasta mayo de 2025, se registran unos 793.000 trabajadores registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo a datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se establecieron unas 7.700 nuevas empresas y se inscribieron más de 1.000 nuevas sucursales. Además, mediante el modelo de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), que permite abrir empresas de forma gratuita en un plazo de 72 horas, se experimentó un crecimiento del 21,6 % en el último año. De las más de 17.000 EAS constituidas desde su implementación, 6.122 se crearon entre julio de 2024 y mayo de 2025.

Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se aprobaron proyectos de inversión y programas bajo el régimen de la Ley 60/90 y de Maquila por un total de USD 522 millones, con una proyección de 9.400 nuevos empleos. También, el régimen de maquila registró cifras récord: USD 1.062 millones en exportaciones entre julio de 2024 y mayo de 2025, un aumento del 13 % con relación al mismo periodo del año anterior.

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Una de las reformas más importantes que realizó Santiago Peña en su gobierno fue la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección de Aduanas, para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que permitió alcanzar una presión tributaria histórica del 11,5 % del producto interno bruto (PIB) en un año, sin aumentar impuestos. La recaudación tributaria aumentó en USD 586 millones (2024) respecto al periodo anterior.

Entre estos cambios, también se destaca el programa Hambre Cero en las escuelas, que hoy está brindando una alimentación de calidad a más de 1 millón de niños en instituciones educativas de todo el país. Esto, a su vez, genera una gran cantidad de empleo, porque moviliza una cadena de valor importante para que los alimentos lleguen a las escuelas, a través de las ruedas de negocios.

El gobierno presentó a finales de 2024 un ambicioso plan de inversiones en infraestructura por USD 5.500 millones para los próximos 5 años, con el objetivo de generar mejores empleos, impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el último año, se aprobaron proyectos por más de USD 1.000 millones en infraestructura vial, USD 210 millones en agua y saneamiento. y USD 455 millones en energía, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En comunicación con La Nación/Nación Media, la ministra de Obras, Claudia Centurión, indicó que en estos dos años se aprobaron y adjudicaron obras de suma importancia para cumplir con el objetivo mencionado anteriormente.

Una de las principales es la Ruta de la Soberanía, un proyecto vial que se extiende por 221 kilómetros y linda con Brasil en los departamentos de Amambay y Canindeyú. Es una obra financiada por USD 220 millones.

“También la Ruta PY05, que ha sido un contrato fracasado en la gestión anterior, es la tercera vez que se intenta reconstruir Pozo Colorado-Concepción, y estamos seguros que nosotros vamos a lograr resultados exitosos”, dijo Centurión a LN. También resaltó que esta obra será construida con pavimento rígido.

Otra obra destacada fue la Ruta PY01, que está por adjudicarse, porque está en evaluación económica. Será el segundo proyecto con modalidad Asociación Público-Privada (APP). Finalmente, habló de la pronta adjudicación para el mejoramiento de la Ruta PY010 en modalidad Llave en mano.

Economistas y analistas coinciden en que Paraguay vive un momento de estabilidad macroeconómica “soñada” y admirada por muchos países, además de tener una de las monedas más antiguas, estables y ponderadas de la región.

Víctor Pavón, abogado y analista económico, dijo a La Nación que el gobierno está cumpliendo con su promesa de atraer inversiones, mientras baja el déficit fiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y propone reformas.

Sin embargo, aseguró que “tenemos cambios positivos, pero se requiere de reformas más profundas aún. Yo creo que nuestro país está en marcha tercera en un vehículo que ya requiere operar en quinta, incluso en sexta".

Pavón hizo alusión a que nuestro país tiene que enfocarse en realizar una reforma en la generación de energía eléctrica. Sostuvo que la electricidad, a diferencia de otros bienes, no puede almacenarse sino distribuirse al momento en el que se genera, pero para eso se requiere de inversiones que superan el presupuesto del Plan Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que hoy ronda los USD 250 millones, cuando la necesidad es de USD 1.000 millones por año.

“Cubrir este déficit con más endeudamiento sería un grave error. Continuar aumentando la deuda pública, tarde o temprano, implicará subir impuestos o crear nuevos tributos, y eso sería totalmente contraproducente para la economía”, opinó.

Pavón hizo énfasis en que el gobierno debe impulsar un sistema que incentive la inversión y el empleo formal,” no que los castigue”, respecto a la materia tributaria. Expuso que si Paraguay quiere quiere posicionarse como un destino confiable para la inversión, debe ofrecer reglas claras, estables y transparentes.

“La previsibilidad es clave: los inversores no arriesgarán su capital en un país donde las normas cambian constantemente o se aplican de manera discrecional”, afirmó.

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Desde su perspectiva, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), el ingeniero José Luis Heisecke, el primer año de la gestión de Santiago Peña fue complicado ya que hubo pocas licitaciones, dificultades financieras y cobros atrasados por la deuda que heredó del gobierno anterior, pero que con responsabilidad la asumió y cumplió.

“Hacia finales de 2024 e inicios del 2025, el sector comenzó a despegar con un aumento significativo de licitaciones y adjudicaciones, lo que también obligó al gobierno a incrementar la inversión en infraestructura. Paraguay debe seguir apostando fuertemente por la infraestructura para mejorar su posición y aprovechar su potencial de desarrollo”, aseveró Heisecke.

Es necesario insistir en la nece­sidad de la reducción de los precios de gran parte de los artículos de consumo como consecuencia del descenso de la cotiza­ción del dólar que se utiliza para su impor­tación. La moneda norteamericana está bajando de precio en el mercado local desde hace un mes y medio, y últimamente llegó a su valor más bajo de los últimos tiempos, lo que debería incidir en el pre­cio final de los artículos importados. Cosa que no se está observando en los puntos de comercialización, como supermercados, despensas y centros de venta.

Por eso, refiriéndose a los comerciantes del sector supermercadista, el propio pre­sidente de la República, Santiago Peña, resaltó que son rápidos para subir los pre­cios y lentos para bajarlos. Esto porque alrededor del 40 % de los artículos que se venden en los centros de compras son importados y están afectados por la baja de la cotización del dólar, que se encuen­tra actualmente en uno de sus precios más reducidos. La Unión Industrial Paraguaya (UIP) señaló que el descenso de la cotiza­ción del dólar invita a que se analice esa situación cambiaria para trasladarla al consumidor final.

Los principales responsables de la venta de productos, los supermercados, están de acuerdo en que hay que realizar la revi­sión de los precios de las mercaderías. La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a los proveedores que bajen los valores de venta de acuerdo a la evolu­ción de la moneda norteamericana, trasla­dando a sus listas de precios las reduccio­nes correspondientes. Uno de sus voceros resaltó que los centros de venta son el último eslabón de la cadena de comercia­lización, por lo que los proveedores son los que tienen que revisar los precios a la baja para que eso se traspase a las ventas de los supermercados.

El ministro de Economía y Finanzas, Car­los Fernández Valdovinos, recordó que teniendo en cuenta el porcentaje de pro­ductos que se ven influidos por el precio del dólar que son importados, “se puede adelantar una bajada de precio si el costo de reposición es mucho más barato”. Ana­listas del sector privado consideran que teniendo en cuenta el bajón de la moneda norteamericana en los últimos 45 días, el precio de los productos importados ten­dría que descender por lo menos en el 5 %. Pusieron como ejemplo que, si un artículo se vendía a 10.000 guaraníes, con la reduc­ción apuntada tendría que comerciali­zarse a 9.500 guaraníes, lo que afectaría positivamente al presupuesto de las fami­lias. Si esa disminución se aplicara a todos los productos que se compran del exterior, ayudaría a aliviar el peso del presupuesto familiar. Esta es una de las principales pre­ocupaciones del Gobierno nacional que está procurando que la reducción del dólar influya en la cotización de los artículos importados.

En nuestro país se respeta con mucho rigor la libertad económica, en el sentido de que el Gobierno no se inmiscuye en los procedimientos administrativos de las empresas de los diferentes ramos. Las industrias y los comercios fijan los precios de venta de sus productos de acuerdo con sus costos y los porcentajes de utilidades que quieren obtener, sin la intervención de ningún organismo estatal. Esa libertad es un dogma económico y político fun­damental en el manejo de las actividades privadas.

Pero existen normas que se deben apli­car y organismos estatales que tienen la responsabilidad de observar y exigir el cumplimiento de las leyes que obligan a la sana competencia mercantil y a la protec­ción de los consumidores. La Secretaría de Defensa del Consumidor y la Comi­sión Nacional de la Competencia tienen la misión de preservar los derechos que tienen los consumidores para que no sean abusados con prácticas desleales y que las empresas no rompan la sana competencia que deben respetar con lealtad en sus acti­vidades habituales.

El presidente de la República fue muy con­tundente en esa materia cuando recordó que con esas instituciones el país tiene los medios necesarios para utilizar las herramientas legales “para que el pro­greso económico no sea la excusa para que simplemente algunos se beneficien en detrimento de los más necesitados”. Es de esperar que los proveedores y los que intervienen en la venta de mercaderías actúen con honestidad en la fijación de los precios de los productos importados. Tal como se merecen los consumidores, que son los que les dan vida económica.

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) emitió un comunicado este miércoles apelando a que sus proveedores bajen sus precios siguiendo la situación del dólar y en línea con las expresiones del presidente de la República, Santiago Peña.

El gremio supermercadista señaló que el tipo de cambio viene a la baja desde hace 45 días, por lo que consideran razonable que los precios puedan reflejar dicha variación, ya que cuando el dólar estuvo alto, los precios aumentaron.

En ese sentido, el presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, recordó que los supermercados son “el último eslabón de la cadena” y que son tomadores de precios.

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“Nosotros los supermercados somos tomadores de precios. A nosotros nos venden a un precio y sobre ese precio tenemos margenes estipulados que prácticamente no varían, lo único que varían son los costos”, explicó a la 920 AM.

Sobre el punto, la cámara de supermercados pide a sus proveedores revisar sus estructuras de costos y trasladar a sus listas de precios las reducciones correspondientes.

“Es un gesto necesario en un contexto donde todos los sectores debemos contribuir a aliviar el impacto económico en los consumidores y promover un entorno comercial más equilibrado y justo", expresó Capasu en su comunicado.

Lezcano recordó que el sector supermercadista constamente dinamiza sus ventas a través de promociones y descuentos semanales, además de las promociones bancarias.

“La competencia en Paraguay es de precios, no es donde el consumidor se siente más cómodo, uno va siempre donde va a encontrar mejores precios”, sostuvo.

El presidente de Capasu explicó que en los supermercados, el 18 % de las ventas está compuesto por productos cárnicos, por lo que los precios de la proteína vacuna son materia sensible para el comprador.

“Si el precio de la carne está caro, todo está caro para el comprador. La carne es el punto neurálgico de toda esta discusión”, mencionó.

En la víspera el presidente Santiago Peña cuestionó que sectores comerciales, específicamente los supermercados, no reajustan sus precios con la bajada del dólar, mientras que con un tipo de cambio apreciado la suba de precios se hacen prácticamente en simultáneo.

“Vamos a estar esperando que los supermercados bajen de precio porque no es posible que sean muy rápidos para subir y muy lentos para bajar cuando el tipo de cambio baja”, dijo el mandatario.

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El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), inge­niero José Luis Heisecke, pre­cisó que la deuda del sector público (generada por la exad­ministración) es de USD 100 millones, pero que la deuda total con intereses incluidos asciende a USD 150 millones.

Esta suma condice con el informe de Indicadores Financieros del Banco Cen­tral del Paraguay (BCP), que precisa que la construcción y el consumo son los secto­res que lideran los índices de morosidad en el sistema financiero con el 4 % y 5,12 %, respectivamente.

Vale recordar que el gobierno de Santiago Peña saldó una deuda heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez de USD 350 millones con las empresas constructoras. Ese atraso produjo una deuda de USD 100 millones en con­cepto de intereses.

Desde Capaco explican que durante la pandemia este rubro fue fundamental para que la economía no parara demasiado y que se siguiera trabajando. A ello, suman que invirtieron un capital propio que quitaron del sector finan­ciero para poder concluir con muchas obras, y que tales obras hoy están generando riqueza, uniendo ciudades, ríos y puentes, haciendo cre­cer el producto interno bruto (PIB).

Respecto a cuál sería el trato que mantienen con las auto­ridades, el titular de Capaco explicó que hablan constan­temente con el Gobierno sobre esta deuda y que existe una posibilidad de que estos intereses sean saldados antes de que termine el 2025.

Acerca de cuáles obras son las que están certificadas y asumidas con compromiso de pago, el expresidente de Capaco, Guillermo Mas Duarte, dijo a GEN/Nación Media, meses atrás, que el sector asumió un compro­miso de continuar con las obras y que ellas pudieron concluirse con capital del sector financiero. “Eso es lo que nosotros asumimos y es lo que está en los contratos. De hecho, todo esto está en la Ley 2051 (Contrataciones Públicas)”, dijo.