Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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En el primer trimestre de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió un total de G. 1.087.803 millones a los gobiernos departamentales y municipales, según el informe que dio a conocer el viceministerio de Administración Financiera (VAF).

En este lapso, las gobernaciones recibieron un total de G. 578.960 millones, mientras que las municipalidades percibieron G. 508.843 millones. La ciudadanía puede hacer el seguimiento de las transferencias que recibe su Municipio o Gobernación a través de este enlace: https://servicios.mef.gov.py/consultas-publicas/muni.html. Esta es una herramienta del MEF que permite transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.

Desde el MEF destacan que en marzo las gobernaciones recibieron transferencias por un total de G. 110.785 millones destinados al programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”, financiado por el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE).

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También recuerdan que las entidades deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo decreto reglamentario.

El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.

Para obtener más información al respecto, instan a contactar con la dirección general de Departamentos y Municipios del MEF, ubicada en la calle Presidente Franco N° 173, Edificio Ybaga –4° Piso, o llamar a los teléfonos (021) 414-6760, 6754, 6747 y (021) 440-010/17, interno 232.

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La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) concretó su sexta emisión de bonos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), por un monto de G. 90.000 millones. Esta operación, correspondiente a la tercera emisión social del instrumento, refuerza el rol estratégico de la banca de segundo piso como actor clave en la transformación económica y social del Paraguay y consolida su compromiso continuo con el desarrollo sostenible.

Con esta segunda emisión del año, la AFD acumula G. 210.000 millones en bonos ODS colocados este 2025, bajo su programa autorizado por la Superintendencia de Valores (SIV) por valor de G. 585.000 millones. Estos recursos se destinarán a financiar proyectos de alto impacto en tres ejes prioritarios tales como vivienda digna para la reducción de déficit habitacional y acceso a servicios básicos.

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También se invertirá en la financiación de la educación superior mediante el otorgamiento de becas de posgrado para profesionalizar sectores estratégicos, y se apoyará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a través de créditos con condiciones preferenciales que permitan generar empleos y servir de dinamización de la economía.

Los bonos, colocados a 8 años con una tasa del 7,25 % anual a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), cuentan con el respaldo del Tesoro Público, lo que refuerza la confiabilidad para inversionistas institucionales y privados. Este modelo combina rentabilidad financiera con impacto medible, atrayendo capitales comprometidos con la sostenibilidad.

Desde su primera emisión en diciembre de 2023, la AFD ha posicionado a Paraguay en el mapa global de las finanzas sostenibles. “Cada bono ODS no solo refleja nuestra capacidad técnica, sino nuestro firme compromiso con el progreso del país. Somos el puente entre inversores responsables y proyectos que cambian vidas”, destacó Stella Guillén, presidenta de la institución.

Cada iniciativa está diseñada para potenciar el desarrollo inclusivo, contribuyendo directamente a los ODS que son el fin de la pobreza, la educación de calidad, promover el trabajo decente e impulsar proyectos para tener más ciudades sostenibles.

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El Ejecutivo anunció la promulgación del Decreto n.º 3699, mediante el cual se creará el Sistema Nacional de Tra­zabilidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos, y se tendrá acceso al primer catálogo nacional de medi­camentos.

Esta iniciativa cumple con la necesidad de digitali­zar y agilizar los proce­sos médicos y de abasteci­miento dentro del sistema de salud nacional, garan­tizando así que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a medicamentos e insumos al acudir a los cen­tros médicos.

“Con este sistema podemos controlar eficientemente toda la cadena de distri­bución de medicamentos e insumos, asegurando su uso adecuado en cada etapa”, explicó la minis­tra de Salud, María Teresa Barán, durante la conferen­cia de prensa en Mburuvi­cha Róga.

La secretaria de Estado reconoció también que con la implementación de este método de trabajo y un sis­tema organizado se mejo­rará la calidad del gasto y se podrán optimizar los recur­sos para poder comprar y planificar adecuadamente los medicamentos, según las necesidades de los pacientes.

“Este Sistema Nacional de Trazabilidad nos permite a nosotros hacer la intero­perabilidad, es decir, poder conectarnos con todos los otros sistemas públicos, pri­vados, IPS, Hospital Militar y Hospital de Clínicas”, des­tacó la ministra Barán.

Con la interoperabilidad, lo que se busca es contar con una mayor cobertura y capa­cidad de atención, teniendo en cuenta que en muchos casos en el sector público no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para ciertos procedimien­tos médicos, pero se puede apelar a otros organismos de salud que sí cuenten con las condiciones o los profesio­nales, garantizando siem­pre una atención de calidad.