Apesa celebra decreto que suspende habilitación de nuevas estaciones de servicio
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Desde la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) destacaron el decreto del Poder Ejecutivo de suspender por sesenta meses las concesiones para la habilitación de nuevas estaciones de servicio en zonas urbanas. El gremio manifestó que este era un pedido que el sector venía realizando desde hace tiempo.
“Celebramos la resolución de este decreto y apoyamos 100%. Este es un pedido que venimos haciendo desde hace años, solicitando que se reglamente el crecimiento y la cantidad de estaciones de servicio a nivel país, y enhorabuena que haya salido ahora”, expresó Miguel Corrales, presidente de Apesa.
En contacto con La Nación/Nación Media, indicó que a partir de esta resolución, que fue comunicada este martes 19 por el presidente de la República, Santiago Peña, el gremio seguirá trabajando y apuntando a la reglamentación de otros aspectos que son necesarios para el sector. La suspensión para la habilitación de nuevas estaciones de servicio, es algo positivo para el mercado, afirmó.
“Desde el punto de vista comercial, para la cantidad de estaciones de servicio que había en el país, era de alguna manera desfavorable para todas las inversiones que se estaban haciendo. Vamos a seguir trabajando sobre este decreto y buscando mejorar la posición comercial de todo el sector de las estaciones de servicio”, aseguró a Nación Media.
Corrales resaltó que este decreto demuestra el interés del gobierno actual y mencionó que el sector mantiene permanente diálogo con varias autoridades y ministros del Ejecutivo y expresó su deseo de seguir en esta línea de trabajo de forma a mejorar el funcionamiento de todo el rubro.
El presidente Santiago Peña firmó el decreto que fortalece la protección del derecho de autor y establece un sistema de remuneración justa. Foto: Gentileza
Ejecutivo firma decreto que fortalece la protección del derecho de autor
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El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.º 4145/2025, por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la ley n.º 1328/1998 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, derogando así la normativa anterior del año 2015. La medida actualiza el marco jurídico sobre la remuneración compensatoria por copia privada y establece mecanismos más claros para su implementación.
El decreto reconoce el derecho de autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas o videogramas a ser compensados económicamente por la reproducción no autorizada de sus obras para uso privado. Esta remuneración será financiada mediante un porcentaje aplicado a fabricantes e importadores de dispositivos y soportes de grabación o reproducción como celulares, discos duros, memorias y otros aparatos electrónicos.
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) será la encargada de administrar el registro de importadores y fabricantes, así como de supervisar el cumplimiento del pago y la veracidad de las declaraciones juradas.
La recaudación será canalizada a través de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE-Paraguay), que distribuirá los fondos entre las sociedades de gestión colectiva: Autores Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y la propia AIE.
Los montos recaudados serán distribuidos como regalías para los socios y herederos de los derechos, pagos a artistas extranjeros, así como para fondos de ayuda cultural y programas de asistencia social. El decreto también establece que el 10 % del total recaudado será destinado a la promoción de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería, a través de programas liderados por la Dinapi.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca saldar una deuda histórica con el sector cultural y adaptarse al contexto tecnológico actual, garantizando una compensación justa a los creadores y fortaleciendo la industria creativa nacional.
El objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. Foto: Archivo
Registro Nacional de Pagarés avanza con consenso del Ejecutivo, la Corte y el Congreso
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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.
“Mafia de los pagarés”
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.
El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.
El diputado José Rodríguez detalló los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito. Foto: Archivo
Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.
Poder Ejecutivo
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.
Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.
Pacto institucional
“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.
El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.
El presidente Santiago Peña firmó el decreto que otorga al Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) el acceso a fondos de la Fuente 30. Foto: Gentileza
Ejecutivo firma decreto de apoyo económico para la industria audiovisual
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El presidente de la República, Santiago Peña firmó el decreto n.º 4200 a través del cual se destinarán recursos de la Fuente 30 que van a ser destinados para impulsar la industria audiovisual de nuestro país. Se estima que este sector podría generar un movimiento económico de cerca de USD 5 millones y generar al menos 2.000 puestos de trabajo.
“Para el sector audiovisual es un día histórico”, expresó Christian Gayoso, director Ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (Inap), quien manifestó que luego de un trabajo realizado con instituciones estatales y representantes del sector audiovisual, se pudo identificar una fuente de recursos.
“El trabajo nos permitió identificar una fuente que proviene de los impuestos de los servicios audiovisuales del exterior, entre ellos las plataformas de streaming, esta fuente de financiación está destinada a ser ejecutada en tres ejes principales”, afirmó Gayoso.
El objetivo es potenciar la industria audiovisual y generar fuentes de empleo. Foto: Gentileza
Los recursos serán destinados a un programa de incentivo a la inversión extranjera para las grandes producciones, el fortalecimiento de la producción nacional y un programa de formación técnica gratuita en cinematografía y audiovisual. En estos tres pilares se destinará el 90 % de los recursos y el 10 % restante se utilizará para el posicionamiento internacional del cine y la industria paraguaya.
“Tenemos una deuda pendiente como país y hoy este gobierno ha decidido darle todo el apoyo a esta industria, a los jóvenes paraguayos, a la creatividad. Esta industria va a generar un importante movimiento económico, estamos hablando de alrededor de USD 5 millones que se podrían generar en el corto plazo y unos 2.000 puestos de trabajo”, resaltó Javier Viveros el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex).
El juez penal de Garantía, Hilario Bustos, decretó la prisión preventiva de Fredy Florenciano Brítez, supuesto autor del homicidio de la niña Felicita Estigarribia, conocida como la niña de las mandarinas. Foto: Archivo
Caso Felicita: decretan prisión preventiva de supuesto autor del homicidio
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El juez penal de Garantía, Hilario Bustos, decretó la prisión preventiva de Fredy Florenciano Brítez, quien estuvo prófugo durante 21 años y quien fue detenido en Caaguazú, por abuso y posterior homicidio de la niña Felicita Estigarribia, conocida como la “niña de las mandarinas, ocurrido en Yaguarón en mayo de 2004.
La audiencia de imposición de medidas cautelares se desarrolló en el juzgado de Paraguarí, cabecera departamental, y circunscripción judicial donde sucedió el hecho. El detenido cumplirá la prisión preventiva en la cárcel de Misiones.
El magistrado explicó que con el levantamiento del estado de rebeldía, los plazos de la etapa investigativa se reanudan. Asimismo, se ha señalado el plazo de 6 meses al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo y la calificación provisoria es la de homicidio doloso.
Agentes del Grupo Lince detuvieron en Caaguazú a Fredy Antonio Florenciano Brítez, presunto autor del asesinato de Felicita Estigarribia. El hombre, quien hoy está a cargo de las autoridades, estuvo prófugo de la Justicia durante 21 años.
Florenciano Brítez contaba con 12 órdenes de captura y su detención se logró durante un control de rutina. El detenido era identificado con el alias “Fredy loco”, actualmente tiene 41 años y estuvo con paradero desconocido desde el horrendo crimen de la niña de tan solo 11 años. El día del asesinato, Felicita Estigarribia salió a vender mandarinas como todos los días, para ayudar a su familia, pero jamás volvió a su domicilio.