La lucha contra la corrupción y la necesidad de combatirla con todas las armas para alcanzar la legali­dad y normalizar la vida del país con la vigencia plena de las leyes es una tarea descomunal. Es una misión en la que se ha avanzado mucho en los últimos tiem­pos, pero que tienen todavía rémoras que hay que seguir enfrentando con decisión para alcanzar lo deseado.

La formalización de la actividad econó­mica ha tenido un fuerte avance en los últimos años, sobre todo en los lugares en que el Estado ejerce el control de las activi­dades a través de sus organismos especia­lizados. Pero persisten sitios donde hasta ahora el cumplimiento de la ley no se pro­duce como debería, como en algunas zonas fronterizas y puntos en los que no penetra el control estatal, incluso en algunos sitios de la capital. La informalidad ocupa toda­vía un alto porcentaje de la actividad eco­nómica, en sus más diversas modalidades.

Por eso uno de los trabajos fundamentales es avanzar contra la ilegalidad mediante la concientización legal en los más diversos sectores de la sociedad paraguaya. Hacer que el estricto cumplimiento de las nor­mas jurídicas sea uno de los principales propósitos de las instituciones estatales y forme parte de la actuación de las entida­des privadas.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP), uno de los gremios privados de mayor peso en el país, ha salido a pronunciarse señalando que la formalidad en la actividad econó­mica es fundamental para sostener el cre­cimiento del país.

El pronunciamiento parece haber sido impulsado por una discusión entre un legislador y el responsable de las recauda­ciones impositivas. Surge en un momento muy oportuno, porque nunca está demás insistir en la necesidad de cumplir las leyes del país, en todos los puntos geográ­ficos y áreas de la actividad productiva y comercial de la nación.

El gremio fabril señaló en su comunicado que los controles de los organismos esta­tales se deben realizar sin excepciones de ninguna laya, ni presiones, a fin de garan­tizar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, tributarias, ambientales, labo­rales y comerciales en todo el territorio de la República.

Nadie en su sano juicio se podría oponer a este pedido fundamental, aunque los delincuentes y sus cómplices no estén de acuerdo. Porque ir contra la ley y oponerse a observar las normas legales es solo tarea de los que delinquen, con los más diferen­tes nombres que tengan y ocupen los más diversos sitios en la sociedad.

En su escrito, el sector fabril resaltó que este tipo de procedimientos son necesa­rios para asegurar un mercado competi­tivo y justo. Refirió que estas medidas si se aplican con criterios de proporcionalidad y gradualidad, “deben entenderse como un fin no solamente recaudatorio, sino como un instrumento para ordenar el mercado, fortalecer la institucionalidad y consoli­dar la confianza país, contribuyendo así a sostener la condición de grado de inver­sión que hemos alcanzado”.

Nada es más oportuno que esta declara­ción de los empresarios, pues actualmente la lucha contra la informalidad requiere el apoyo de todos los sectores de la vida nacional. Porque el no cumplimiento de las normas impositivas como manifesta­ción de la ilegalidad es una de las prin­cipales expresiones de la corrupción. Y no cualquier corrupción, sino la máxima expresión de la deshonestidad y podre­dumbre que pone en vilo a la democracia y el estado de derecho.

Por eso todos los sectores de la comuni­dad nacional, sean simples ciudadanos, como altos representantes, miembros de los poderes del Estado, y exponentes de la actividad económica están obligados a tomar conciencia de la importancia de cumplir las leyes y a sumarse a practicar la legalidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Ejercer el cumplimiento de las normas legales no depende del humor o del interés de los individuos o grupos sociales es una obligación ineludible y fundamen­tal que surge de la condición de pertenecer a una sociedad, como ser humano y miem­bro de una comunidad de personas.

Por ello toda la sociedad debe ejercer la formalidad requerida por las normas, para que el crecimiento de la economía vaya en beneficio de todos los sectores y miembros de la colectividad que viven en el Paraguay.

Derrotar la informalidad es un triunfo que llevará a disfrutar la satisfacción de vivir en una sociedad en que rigen las leyes, la integridad y la honradez.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó 1.725 fiscalizaciones de julio 2024 a julio 2025, que permitió la protección efectiva de los derechos de más de 88.000 trabajadores en distintos sectores económicos.

Las acciones se distribuyeron en varios tipos de intervención. Se desarrollaron un total de 343 fiscalizaciones con órdenes de inspección, enfocadas en verificar condiciones laborales, cumplimiento salarial y normas de seguridad ocupacional.

Se concretaron 267 inspecciones en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, se impulsaron 18 actuaciones conjuntas con el Instituto de Previsión Social (IPS), orientadas a detectar y regularizar a trabajadores no registrados en el seguro social.

Leé también: Cafym: continúan conversaciones con Argentina, pero evalúan alternativas con Uruguay

A nivel nacional se desplegaron 691 verificaciones en instituciones educativas dentro del programa Hambre Cero, que promovieron la formalización de más de 21.000 trabajadores del sector.

Igualmente, se implementaron 406 controles en el marco de la campaña “Feriado Paga Doble”, destinados a garantizar el pago correcto de salarios en días feriados, especialmente en comercio y servicios. Estas intervenciones se concentraron en áreas estratégicas como comercio, gastronomía, construcción, transporte y educación.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que en muchos casos, las fiscalizaciones derivaron en la formalización inmediata de trabajadores, la corrección de incumplimientos y la adopción de medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

El plan incluyó además el fortalecimiento institucional de la cartera, a través de la capacitación continua de los equipos técnicos, modernización de procedimientos administrativos e incorporación de herramientas digitales, para garantizar mayor trazabilidad y transparencia.

También se impulsó un enfoque territorial, llegando a zonas de alta informalidad y trabajando de manera coordinada con gobiernos locales, gremios empresariales y organizaciones sindicales, informó el Ministerio de Trabajo.

“Son dos años de un camino compartido junto a mi gran amigo, el presidente Santiago Peña, trabajando con pasión y responsabilidad por el futuro de Paraguay“, sostuvo el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tras destacar el acompañamiento del Legislativo a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

“Como enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Congreso Nacional por su compromiso, dedicación y diálogo permanente. Agradezco a los amigos gobernadores y gobernadoras por el estupendo trabajo en equipo. El compromiso y esfuerzo en cada rincón del país ha sido clave para lograr grandes objetivos que transforman y benefician a todos los paraguayos”, comentó.

Este periodo el gobierno estuvo marcado por destacados programas y proyectos de reformas que generan beneficios en el corto, mediano y largo plazo para los paraguayos. “Nuestras promesas las transformamos en compromiso y nuestros compromisos en realidades”, afirmó Alliana.

Lea también: Dos años del gobierno de Peña: marcado por reformas y creación de entes eficientes

El segundo del Ejecutivo destacó entre los principales logros el acuerdo alcanzado con Brasil el pasado año, consistente en la fijación de la tarifa de Itaipú a USD 19.28 por kilovatio-mes para los próximos tres años. Este nuevo precio genera alrededor USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.

Resaltó las 12.000 becas entregadas, la creación de nuevos empleos formales que alcanzó a 98.155, según el Ministerio del Trabajo. A la par se informó sobre un récord histórico de 805.793 cotizantes en el régimen general de la seguridad social del Instituto de Previsión Social (IPS).

A la vez destacó la entrega de maquinarias a gobernaciones, la remodelación del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), la entrega de 10.140 títulos de propiedad a pequeños productores, la construcción de nuevos hospitales, la instalación de consultorios nocturnos, la entrega de más de 200 ambulancias, la entrega récord de mamógrafos y el inicio de 1.000 km de pavimentación.

La incorporación de 5.000 nuevos oficiales por año con la meta de alcanzan durante estos 5 años la cifra de 25.000 agentes, la compra de patrulleras y equipos de seguridad, la reducción del precio de combustible, gas.

Alliana resaltó también los operativos de seguridad lanzados como Veneratio, Umbral, Dakovo, Johapy, y Dulzura así como los proyectos de leyes, programas sociales y sanitarios como Hambre Cero en las Escuelas, la Pensión Universal para los Adultos Mayores, Tekoporã Mbarete, Che Róga Porã, Semillas del Futuro, el Plan Sumar, la habilitación de la línea telefónica 155 disponible de manera gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para brindar asistencia inmediata ante situaciones de crisis en salud mental y Emplea Py Joven, un programa especial dedicado a abrir las puertas del primer empleo formal a miles de jóvenes paraguayos.

Otro logro destacado por el vicepresidente fue el hecho de que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión marcando un hito trascendental para la economía nacional, entre otros.

Te puede interesar: Gestión Prieto bajo lupa: informe de interventor revela “puntos oscuros”, dice diputado

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) ya canalizó unos USD 103 millones a través del sistema financiero, entre cŕeditos y garantías, a fin de impulsar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La presidenta de la AFD, Stella Guillén, precisó a Universo 970 AM/Nación Media, que unas 5.300 mipymes fueron beneficiadas con este monto en lo que va del año. “Nosotros ponemos las condiciones específicas para el financiamiento, pero cada institución financiera analiza el riesgo de cada empresa que quiere acceder al financiamiento”, señaló Guillén.

Te puede interesar: Dólar retrocede nuevamente y se ubica en G. 7.430

Respecto a la línea de financiamiento “ProMipymes”, que otorga desde G. 350 millones a mipymes y hasta USD 1.500 millones a modalidades individuales, la AFD pide 8 requisitos mínimos para acceder a un préstamo.

-Contar con ingresos anuales menores a G. 15.000 millones, ya sea persona física o jurídica.

-Tener residencia y operar en Paraguay, con domicilio y actividad comprobable en el país.

-Calificar como pyme según ventas anuales.

-Tener un proyecto de inversión claro y documentado, alineado a los destinos financiables.

-Documentación legal y financiera básica: RUC, balances, IVA, cédula de identidad y formulario exigidos por la IFI.

-Garantía colaterales, según la política de cada IFI.

-No objeción a la AFD, que autoriza el desembolso tras la aprobación de la IFI.

Acerca de las tasas de financiamiento, Stella Guillén mencionó que no hay una tasa fija. “Nosotros entregamos el dinero a las instituciones financieras a una tasa específica, y luego ellas, en función del análisis de riesgo, agregan un margen sobre esa tasa y otorgan el crédito. En general, las condiciones establecidas por la AFD son mínimas, a diferencia de las que finalmente imponen las instituciones financieras”, dijo.

Sobre cuáles son las principales barreras que enfrentan las mipymes para acceder al financiamiento, la literatura señala que la primera es la falta de formalización, señaló la titular de la AFD. Expresó que este es un punto que se aborda desde distintas instituciones, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y el Viceministerio de Mipymes, con políticas que buscan desburocratizar trámites.

“La segunda gran barrera es la falta de garantías. ¿Qué hacemos al respecto? Como se trata de recursos públicos y queremos que lleguen con mayor precisión, creamos el Fogapy (Fondo de Garantías para Mipymes)”, agregó.

Leé también: Ganaderos se desmarcan de los altos precios de la carne y piden analizar la cadena de valor