El vicepresidente primero del Senado, Ramón Retamozo, en ejercicio de la presidencia de la Cámara Alta, firmó la resolución 2.837, por la cual convoca a sus pares a una sesión extraordinaria el próximo viernes 13 de junio, a las 9:00. Los únicos puntos a ser analizados serán dos proyectos de Ley que modifica algunos artículos del Código Electoral.

El plenario analizará dos iniciativas legislativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. En primer término está el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 130 de la ley N° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la ley N° 2.858/2006”, presentado por varios diputados.

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El objetivo principal de esta propuesta es permitir a la Justicia Electoral realizar un corte técnico-administrativo, a fin de que los ciudadanos inscriptos hasta una fecha determinada por resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puedan integrar el Registro Cívico Permanente.

Asimismo, el proyecto establece un cronograma electoral que incluye la fecha de cierre de inscripciones, así como los plazos y etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustanciación y resolución.

Con esta medida se busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, principalmente en años de elecciones municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se concluyó la validación final del registro del año anterior.

Además, se posibilitará el cruce de datos con los padrones partidarios para las elecciones internas, la formalización de precandidaturas y la determinación, por departamento, del número de bancas correspondientes a la Cámara de Diputados y a las Juntas Departamentales.

Este lunes, la comisión de Legislación Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, analizó la propuesta y finalmente emitieron dictamen en mayoría por la aprobación sin modificaciones del proyecto. Mientras que un segundo dictamen en minoría fue por el rechazo y se registró además un voto por la aprobación con modificaciones.

Como segundo tema a ser analizado en la extraordinaria está el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la ley N° 834/1996 ´Que establece el código electoral’, modificado por leyes N° 4743/2012 y 6167/2018”, presentado por varios diputados.

La propuesta busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. La propuesta establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solo en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por 10 años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario.

Sobre este punto, la comisión de Legislación, igualmente ya emitió dos dictámenes; en mayoría aconseja la aprobación con modificaciones, considerando las sugerencias que presentaron las autoridades del TSJE y de sus asesores técnicos. También se dictaminó por el rechazo en minoría.

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La comisión de Defensa Nacional, Seguridad Interna y Orden público de la Cámara de Diputados convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para brindar información acerca de cómo está avanzando el anteproyecto de modernización del transporte público.

Al respecto, el diputado colorado Pedro Ortiz, quien preside esta mesa de trabajo, destacó que el Gobierno está encarando con mucha responsabilidad esta problemática del transporte público que afecta a una mayoría de la ciudadanía. Informó que el viceministro estuvo igualmente acompañado de sus asesores jurídicos y técnicos.

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“Nos brindó una información sobre el avance de este anteproyecto que será muy importante para nuestro país. Notamos que el viceministro está muy convencido de lo que nos ha manifestado, sobre una realidad nacional que estamos necesitando. Por lo que creo que el Gobierno nacional está encarando con mucha responsabilidad esta problemática que es el transporte público”, expresó.

A su turno, el viceministro Fernández señaló que próximamente se presentará al Congreso el proyecto de Ley, que busca ser una legislación moderna y que actualice el servicio brindando una mejor calidad al ciudadano.

Informó a los legisladores de la mesa asesora sobre los desafíos que están encarando con el estudio de este anteproyecto. Mencionó que la reforma del sistema de transporte público contempla varios ejes, entre ellas la revisión de la norma vigente que es la Ley 1590/2000, la cual consideran insuficiente para muchos desafíos que hoy son necesarios cambiar con el objetivo de la calidad del servicio.

“Lo que estaremos haciendo es presentar una reforma de la norma que sea moderna, que actualice y que tenga el foco en la calidad del servicio al ciudadano. Esta norma está contando con varios elementos innovadores, sobre cómo trabajar con un nuevo sistema de transporte público”, explicó.

Asimismo, señaló que esta reforma está contemplando los procesos de licitación para los operadores, igualmente contempla la forma que será financiado el sistema, desde el punto de vista de la trazabilidad de los fondos y que tiene que ver con la participación ciudadana.

“Planteamos la creación de un foro de participación ciudadana, para que el ciudadano tenga un empoderamiento en forma real y que vía online comente lo que sucede en el transporte público. Estamos en el proceso de generar nuevas áreas metropolitanas y una serie de acciones relacionadas con la gobernanza del sistema, con instancia de coordinación y planificación. Son varios focos de la reforma, pero el foco central es generar un sistema nuevo, moderno y su principal guía sea la calidad del servicio”, concluyó.

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La Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción convocó a los concejales municipales para aportar más información en el marco de los trabajos de investigación. El presidente de la comisión especial, el diputado Rodrigo Gamarra, indicó para La Nación/Nación Media que la convocatoria es para el martes 10 de junio.

“Ya le escuchamos al contralor, después vino el intendente con todo su equipo de trabajo, y ahora están citados con concejales municipales para el martes a las 7:30”, refirió el legislador. La comisión ya recibió las argumentaciones del contralor general de la República, Camilo Benítez, como solicitante de la intervención y al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, quien expuso sus argumentos en defensa a su gestión.

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Gamarra sostuvo que una vez que se finalice con las convocatorias, en este caso, con los concejales, la Comisión de Intervención evaluará todos los argumentos e informaciones para emitir un dictamen, a favor o en contra del pedido de intervención.

“Posterior a eso, si es que los colegas ya no solicitan otras reuniones u otras diligencias, probablemente la siguiente sesión podría ser para evaluar ya el dictamen, tendría que ser para el miércoles a más tardar, a no ser que se plantee otra cosa ahí, que los colegas planteen otra cosa y entre todos se decida adelantar, pero veo muy apretado”, refirió para LN.

El dictamen será elevado al pleno de la Cámara de Diputados, que deberá votar a favor o en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo.

De aprobarse, el proceso de intervención se dará en un plazo de 90 días, de constatarse las irregularidades apuntadas por la Contraloría General de la República (CGR), el pleno de la Cámara de Diputados deberá evaluar la destitución o no del intendente.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, llegó este miércoles a la Cámara de Diputados para reunirse con la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por el intendente Miguel Prieto. Benítez expondrá sobre las irregularidades encontradas en la gestión del jefe comunal, que son tres, que derivó en el pedido de la intervención de Asunción y la capital esteña.

Una de estas irregularidades fue encontrada en el rubro 800, que es una partida presupuestaria utilizada para la transferencia de fondos a organizaciones civiles, para el financiamiento de proyectos u obras de interés comunitario, que no cuentan con documentos respaldatorios.

“La transferencia a comisiones, el famoso rubro 800, no una licitación pública que tiene mayor control, mayor transparencia, dentro de eso vemos que hay una cantidad de irregularidades, como por ejemplo, se le entrega el cheque a una comisión, se endosa, se la da a una empresa constructora, y tiempo después recién se le adjudica a esa empresa para la ejecución de una obra. Esos pequeños detalles llaman mucho la atención”, dijo el contralor.

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Como segundo elemento, Benítez citó ante la prensa que la entidad de control ya auditó ambos municipios y se se había enviado al Ministerio Público varias veces, “denuncias penales, reportes de indicios de hechos punibles”. La concurrencia del contralor general fue emitida en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Como un tercer elemento, Benítez comentó que “ambos municipios remiten sus documentaciones al Tribunal de Cuentas y eso hace que no se pueda proseguir, porque cuando queremos avanzar sobre algún tipo de actividad de control, nos dicen que esa documentación no tienen, está en el Tribunal de Cuentas”. A esto agregó que ambos intendentes, Miguel Prieto y Óscar Rodríguez, ya se encuentran imputados por lesión de confianza.

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