El objetivo económico de este Gobierno es presentar un Presupuesto General de la Nación (PGN) alineado al límite de déficit fiscal del 1,5 % del producto interno bruto (PIB) para el 2026. El desafío será encontrar un equilibrio entre las inversiones, gastos y evitar aumentar la deuda pública, buscando atraer más inversiones inteligentes.

Así lo expresó a La Nación/Nación Media, Felipe González Soley, nuevo viceministro de Economía y Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Explicó que nuestro país viene de unos cinco años marcados por eventos extraordinarios, como pandemia y sequías, lo que exigió políticas contracíclicas con niveles de inversión altos.

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“Ahora estamos ajustando todo para volver a niveles sostenibles, pero sin frenar las inversiones que el país necesita. Por eso se modernizó la ley de APP (Asociación Público-Privada), para atraer inversión privada en infraestructura”, precisó el viceministro a LN.

Además, mencionó que el acuerdo con Itaipú para el periodo 2024-2026 prevé un presupuesto dirigido a obras (cerca de USD 600 millones) que no pasan por el presupuesto y que benefician directamente a la infraestructura del país.

Por ende, afirmó que una estrategia del MEF es usar este tipo de mecanismo alternativo para inversión, de modo a que el presupuesto público se enfoque en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y desarrollo social.

“Desde el inicio del gobierno vengo acompañando la gestión del ministro Carlos Fernández Valdovinos y del viceministro, Javier Charotti. Uno de los objetivos centrales fue asegurar la consolidación fiscal. Hoy, mi prioridad es seguir cumpliendo con el plan de convergencia fiscal, que proyecta cerrar este año con un déficit del 1,9 % del PIB”, enfatizó González Soley.

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Carlos Javier Charotti, exviceministro de Economía, fue nombrado por el Poder Ejecutivo como representante de Paraguay en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).

Felipe González Soley, por su parte, ocupaba anteriormente el cargo de gerente del viceministerio de Economía. El mismo es PhD en Economía por la Universidad de Southampton (Reino Unido), máster en Economía por la Universidad de Duke (Estados Unidos) y licenciado en economía por la Universidad Católica.

Más de USD 1.400 millones en divisas ingresaron al país gracias al complejo soja durante los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Estiman que con la zafriña se alcanzaría un volumen total de 10 millones de toneladas.

Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de Capeco, mencionó que esperan que la zafriña aporte un volumen 1,2 millones de toneladas más en la producción del complejo soja durante esta temporada, que incluye soja en grano, aceite y pellets. Sobre los números del primer cuatrimestre, destacó que ingresaron divisas por USD 1.400 millones, que ayudaron a la estabilización del tipo de cambio.

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“Este ingreso tiene un amplio spread en toda la economía, no solo incide en el tipo de cambio, sino también en la generación de empleo, en el movimiento de barcazas y en todo el derrame que tiene la cadena sojera”, destacó a la 1080 AM.

Resaltó que el repunte del nivel del río Paraguay mejoró sustancialmente a finales de abril, lo que permitió mover más de 650.000 toneladas de soja ese mes. Recordó que la capacidad de la flota local ronda el millón de toneladas mensuales, por lo que consideró que existe margen para incrementar los envíos si las condiciones de navegación se mantienen o mejoran.

“Gracias al rápido trabajo conjunto entre el gobierno y los privados se ha solucionado esa situación. También está ayudando estas últimas lluvias que hacen que haya una mejor navegación y eso llevó a que pudiéramos embarcar un poco más de 650.000 toneladas solamente en el mes de abril”, dijo.

Con estas perspectivas, estiman que la campaña podría cerrar con 10 millones de toneladas, sumando la zafra principal y la zafriña. Asimismo, afirmó que se espera una buena cosecha de maíz de zafra, que permitiría alcanzar entre 5 y 5,5 millones de toneladas.

“Los rindes, si bien han bajado en los últimos días, el promedio general está bastante bueno. Así que creemos que vamos a tener maíz tanto para el consumo doméstico, así como un remanente importante para la exportación. Nuestras primeras estimaciones iban que el maíz apenas llegaría a las cinco millones de toneladas, hoy día creemos que estaríamos en cinco, cinco y medio”, sostuvo.

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Un resultado histórico durante el primer cuatrimestre del 2025 registró la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) tras haber canalizado en conjunto con el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) un total de USD 58 millones en beneficio de 3.585 mipymes.

“Esta cifra representa un crecimiento del 131 % en la cantidad de empresas beneficiadas respecto al mismo periodo del año anterior, duplicando así el alcance logrado en 2024”, informaron desde la banca de segundo piso. Del total la AFD aprobó USD 13,7 millones en créditos para más de 1.220 empresas.

Los rubros fueron el de comercio, servicios, industria, construcción, el sector agropecuario y la agroindustria. Por su parte, el Fogapy facilitó el acceso financiamiento a más de 2.300 empresas a través de esquemas de garantía por USD 44,8 millones, muchas de las cuales no contaban con activos suficientes para respaldar sus solicitudes.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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