El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que el Gobierno ya se encuentra avanzando en la implementación de la reforma del servicio civil y el nuevo sistema de compras públicas, aun antes de que ambas normativas entren plenamente en vigencia.

Consultado sobre el tema, explicó a La Nación/Nación Media que la reglamentación de la Ley del Servicio Civil está en proceso y que se espera su entrada en vigencia plena a mediados de este año. Sin embargo, adelantó que varios aspectos ya están siendo aplicados de manera anticipada.

Leé también: Registros de alias crecieron un 87 % en un año y ya representan el 16 % de las transferencias bancarias

“Hace poco una institución pública vino con siete categorías de funcionarios, cuando la ley solo permite seis. A pesar de que aún no está vigente, ya le exigimos que se adecuen a la normativa”, ejemplificó, agregando que el Ejecutivo ya trabaja en la definición de categorías y escalas salariales conforme a la nueva carrera del servicio civil.

En cuanto al sistema de compras públicas, Valdovinos afirmó que la reforma ya se encuentra en plena implementación. Destacó que permitirá “transparentar aún más el proceso de adquisición de bienes y servicios” y evitará disparidades de precios entre instituciones públicas. “Antes un vaso de agua costaba x en una institución y 2x en otra”, dijo a LN, subrayando la necesidad de eficiencia y control.

Respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, el ministro fue enfático al afirmar su compromiso y, como ejemplo, citó el nuevo sistema para visualizar las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), disponible en la página web del MEF.

“Antes la gente tenía que venir a preguntar cuándo iba a salir su transferencia, y eso se prestaba a favores. Hoy, todo está en línea y cualquiera puede consultar el calendario de pagos”, explicó a LN.

Añadió que también se publican con antelación los pagos por indemnizaciones a víctimas de la dictadura o por resoluciones judiciales, dando certeza a los beneficiarios.

“Somos celosos con la transparencia”, concluyó Valdovinos, reafirmando que la digitalización y la publicación proactiva de la información son ejes centrales en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Te puede interesar: Carne paraguaya: Senacsa confirma primera auditoría de EE. UU. post-habilitación para julio

El responsable del área de Informática de la Asociación Nacional Republicana, Hernán Vera, brindó una reseña del Sistema de Afiliaciones Online que ha sido desarrollado como parte de un proceso de modernización del Partido Colorado. Indicó que el objetivo es responder a las necesidades actuales de agilidad, accesibilidad y transparencia en lo que respecta a las afiliaciones.

En comunicación con La Nación/Nación Media, manifestó que esta plataforma digital permite gestionar de manera eficiente el registro de nuevos afiliados, fortaleciendo el vínculo entre el ciudadano y la nucleación política, y asegurando un control más riguroso del padrón partidario.

“Con esta herramienta se elimina la necesidad de trámites presenciales, formularios en papel y procesos lentos y manuales, que muchas veces generaban demoras innecesarias, duplicaciones o falta de seguimiento adecuado”, comentó.

Remarcó que uno de los aspectos clave de esta solución tecnológica es que el proceso está compuesto por dos etapas diferenciadas y complementarias, garantizando que toda afiliación sea registrada con voluntad expresa del ciudadano y validada por los órganos responsables del partido.

Le puede interesar: Cartes evoca a su madre: “Mi ejemplo de amor, coraje y fe”

Vera señaló que, en esta fase inicial, cualquier persona interesada en afiliarse puede ingresar al sitio web anr.org.py, dirigiéndose al enlace Afiliaciones Online desde cualquier lugar del país.

En el enlace podrá completar el formulario digital consignando los datos personales, contacto, lugar de residencia y que se expresa formalmente la intención de afiliación al partido. Adjuntando copia de la cédula de identidad y confirmando con la autenticación biométrica (huella dactilar).

“El proceso es totalmente autogestionado, ágil y disponible las 24 horas del día. Este mecanismo democratiza el acceso a la afiliación y promueve una mayor participación ciudadana, permitiendo que cada persona pueda sumarse al proyecto político desde su comunidad, sin barreras geográficas ni burocráticas”, acotó Vera.

Asimismo, describió que, una vez enviada la solicitud, se inicia el trabajo de revisión por parte de los administradores del sistema, quienes tienen acceso a una base de datos centralizada con todos los registros.

“En esta instancia, se procede a verificar que los datos ingresados sean correctos, que no existan impedimentos legales o estatutarios, y que no haya registros duplicados”, indicó, destacando que el análisis se contempla una vez realizados los siguientes pasos:

• Cruce de información con el Registro Cívico Permanente (RCP).

• Comprobación de afiliaciones previas activas.

• Verificación de eventuales sanciones disciplinarias (expulsiones o suspensiones vigentes).

“Una vez concluida la verificación, la solicitud se aprueba o rechaza, quedando todo el historial registrado en el sistema, con fecha, hora y responsable de la decisión”, precisó el especialista informático.

Siga informado con: ANR honra a las madres paraguayas: “Construyen un país mejor”

Vera informó que concluido el proceso de validación se darán dos resoluciones: la primera la “Afiliación Aprobada”, que será cuando la solicitud es aprobada en sesión de la Junta de Gobierno.

A partir de ahí, el ciudadano es incorporado de forma oficial al padrón partidario y pasa a formar parte activa del movimiento. “Inmediatamente, recibe una notificación vía WhatsApp y correo electrónico, en la cual se le informa sobre la aprobación de su afiliación, su inclusión en el sistema, y su situación en el Registro Cívico Permanente. Esta comunicación también sirve como comprobante y respaldo institucional”, precisó.

La segunda posible resolución es que se “Rechace la Afiliación”, caso en que indicó que se podría dar por varias razones válidas. Pero, señaló entre las más comunes a éstas:

• Expulsión previa del padrón partidario, conforme a lo establecido en los estatutos internos.

• Suspensión vigente, ya sea por causas disciplinarias o administrativas.

• Afiliación ya registrada, lo que indica que la persona ya forma parte del padrón activo.

Finalmente, puntualizó que, ante cualquiera de estas situaciones, los administradores del sistema se comunicarán directamente con el ciudadano, tanto por WhatsApp, como por correo electrónico, explicando la causa del rechazo y, lo más importante, orientándolo en los pasos a seguir para regularizar su situación.

“El objetivo es que el interesado pueda completar el proceso y afiliarse correctamente en la seccional de su comunidad o en la de su preferencia. En cuanto al sistema no solo facilita el acceso a la afiliación; también garantiza un proceso más limpio, ordenado y transparente. Aporta trazabilidad, evita duplicidades y mejora la calidad del padrón partidario, consolidando un modelo más cercano al ciudadano y más eficiente para la organización”, concluyó.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) afirma que la reglamentación de los pagarés electrónicos podrá propiciar avances hacia una mayor transparencia y seguridad, teniendo en cuenta que elimina prácticas poco seguras en las transacciones comerciales. Destacan que esta digitalización de pagarés posiciona al país en la vanguardia de la transparencia financiera.

La implementación de los pagarés electrónicos, regulada mediante la Ley 6.822/21 y el Decreto 7.576, marca un paso fundamental en la transformación digital del país, eliminando prácticas poco seguras y fortaleciendo la confianza en las transacciones comerciales, según el MIC.

Leé también: Tren de molienda: Gobierno tiene 30 días para presentar nuevo proyecto

La cartera estatal señala que uno de los principales logros de este proceso es la capacidad de rastrear cada etapa del ciclo de vida del pagaré, desde su emisión, ejecución, cancelación garantizando que no haya duplicaciones ni fraudes.

El director de Comercio Electrónico del MIC, Lucas Sotomayor, explicó en el reporte que la incorporación de firmas electrónicas cualificadas y sellos de tiempo electrónicos permite que cada documento identifique al firmante, tenga fecha cierta, previniendo la adulteración y el uso indebido de estos títulos financieros.

El reporte del MIC señala que el trabajo del Viceministerio de Comercio, en conjunto con diversas instituciones, permitió el desarrollo de proyectos piloto para probar y perfeccionar esta nueva herramienta digital. Agregan que esta iniciativa no solo agiliza el intercambio de valores, sino que también protege a los ciudadanos y empresas al ofrecer información clara y accesible sobre el estado de sus documentos financieros.

Además, la digitalización de los pagarés juega un papel clave en la prevención de actos ilícitos, reduciendo riesgos como el uso de pagarés antidatados con intereses elevados o ejecuciones indebidas. El MIC destaca que con la trazabilidad y la seguridad que brinda este sistema, Paraguay se posiciona a la vanguardia de la transparencia financiera en la región.

Asimismo, aseguran que la implementación oficial de los pagarés electrónicos forma parte del paso decisivo para consolidar un entorno económico más seguro, moderno y confiable. A la par, destacan que, a medida que avanza este proceso, el país demuestra su compromiso con la innovación y la protección de los derechos financieros de su población.

Te puede interesar: Peña asegura que habrá un reajuste del salario mínimo este año

La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.

El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.

Le puede interesar: Santiago Peña celebra el anuncio del nuevo papa León XIV

Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.

Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.

Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.

Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.

Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.

El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.

Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.

También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.

El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.

Siga informado con: Analizan proyecto que incorpora test de drogas en controles viales