“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.

Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.

El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.

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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.

Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.

Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.

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Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.

La Cámara de Diputados resolvió postergar por 22 días el proyecto de ley mediante el cual se crea un seguro para los desempleados. La iniciativa fue presentada por el anterior gobierno, sin embargo, actualmente ven ciertos elementos dentro de la propuesta que deben ser debatidos nuevamente y que necesitan del consenso de los trabajadores, empleadores y de las instituciones involucradas.

El diputado José Rodríguez fue quien solicitó la postergación del estudio de este proyecto que se posicionaba en el punto n.° 6 del orden del día de la sesión ordinaria de este martes 27 y la propuesta del legislador fue aprobada por sus pares sin oposición alguna.

Desde el Ministerio del Trabajo ya adelantaron su preocupación en torno a esta iniciativa. “Así como están las condiciones, no. En su momento acompañamos el proyecto y estuvimos a favor, pero ahora nos preocupa la cuestión del aporte si es que va a aumentar o no y qué impacto va a tener en el sector y empleado”, manifestó días atrás la directora de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, Alejandra Garcete.

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La funcionaria señaló que todos los sectores deben sentarse nuevamente a discutir sobre la viabilidad de este seguro dado que el problema radica en la fuente de financiamiento, puesto que actualmente, se contempla un aumento en el aporte obrero patronal que hacen los trabajadores y empleadores. “No queremos que esto se convierta en un problema más o un desincentivo que también es una cuestión bastante compleja”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brítez, manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley. “Considero que no es factible, pero veremos cómo se presenta”, expuso tras un encuentro que mantuvo con la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados.

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De acuerdo a los datos proporcionados por la Unión Paraguaya de Apicultores (UPA), actualmente se producen cerca de 1.000 toneladas de miel por año, cantidad que pretende ser triplicada. Para ello, se necesita profesionalizar más al rubro, según Gerardo Garcete, apicultor y síndico del gremio.

“Actualmente estamos produciendo cerca de 1.000 toneladas de miel por año, pero podríamos triplicar esa cantidad fácilmente si se profesionaliza más la actividad”, manifestó Gerardo Garcete a la 1000 AM. También precisó que hoy en Paraguay existen unos 15.000 apicultores, y en su mayoría son de pequeña escala.

Explicó que estos trabajadores a baja escala practican algo denominado “apicultura de seguridad alimentaria”. Este grupo tiene en su haber entre 5 a 10 colmenas por familia, y se los considera parte de la agricultura familiar campesina. Por otro lado están los apicultores empresariales que manejan entre 100 a 500 colmenas, capaces de generar volúmenes exportables.

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Solo por venta de miel y sus derivados, el sector genera unos USD 15 millones de manera anual en el país; sin embargo, el enfoque está en explotar la producción de miel orgánica y la polinización para dar un valor agregado y proteger el trabajo de la abeja, que es transversal para la producción de alimentos en el país.

“El mundo está buscando miel orgánica, y nosotros tenemos condiciones ideales para proveerla”, dijo el apicultor, haciendo referencia a que la miel Paraguay tiene un tipo multifloral producida por abejas africanizadas, adaptadas a la región. Precisó que estas recolectan néctar de una amplia variedad de flores nativas, leguminosas y árboles del monte.

En cuanto a la exportación, dijo que hay un amplio mercado, aunque los envíos son mínimos. Actualmente se exporta miel a Estados Unidos y Alemania, pero no es a gran escala. Una limitante actual para buscar otros países es el protocolo que exigen, mencionó, y contó que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ya está trabajando con los productores para avanzar en los requisitos necesarios.