De enero a diciembre de 2024, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) recaudó un total de G. 175.768 millones, equivalentes a unos USD 22,4 millones, lo que representó un incremento del 11 % en comparación al 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al respecto, el presidente de la comisión, Carlos Liseras, manifestó que la Conajzar, al pasar a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), las condiciones están dadas para que este año puedan triplicar las recaudaciones del 2024, es decir: estiman recaudar más de G. 500.000 millones.

“La DNIT tiene la infraestructura y logística para enfrentar el flagelo de los juegos clandestinos de azar. En diciembre cerramos con más de G. 175.000 millones, y con la fusión a la DNIT, esa recaudación se va a triplicar”, afirmó Carlos Liseras a la 920 AM.

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En enero reciente, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7.438, que modifica varios artículos de la ley 1016/97 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar. Con esta ley, la Conajzar pasó a depender directamente de Ingresos Tributarios.

El fundamento para esta reestructuración fue que, la DNIT cuenta con la operatividad y personal técnico e infraestructura a nivel nacional para cumplir a cabalidad lo que establece la ley, es decir que se trata solo de una actualización organizacional, sino de una apuesta clara por la modernización, la transparencia y la eficiencia.

A través de esta ley, la DNIT tendrá la potestad de incautar toda explotación clandestina de juegos de azar, materiales, enceres, implementos, documentos, tecnología que esté siendo utilizado para explotación y se podrá disponer el bloqueo de todas las señales clandestinas de juegos de azar. En horas de la tarde de ayer, Carlos Liseras expuso que el presidente estaría firmando el decreto reglamentario de la ley, para oficializar esta dependencia.

Con estas modificaciones no solo se moderniza la estructura regulatoria, sino que la adapta a las demandas del mercado actual. Un órgano regulador más profesional, más estable y más solvente, con un marco jurídico a la altura de los nuevos tiempos.

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El gerente general de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Juan Olmedo, precisó que a partir de marzo, regirá una nueva tramitación unificada para los comerciantes locales y quienes estén vinculados a la actividad aduanera, a través de una plataforma.

Explicó que presentarán una propuesta más digitalizada y con menos burocracia, para que puedan realizar todos sus trámites a través de la página web de la entidad y así eviten ir hasta la DNIT. En este caso, específicamente se trata de un procedimiento necesario para contar con registros actualizados de los aportantes y a qué actividad se dedican.

“Para dar un ejemplo, uno entra directamente en la web de impuestos internos y genera su solicitud de registro y solamente va una vez a la institución para dar su conformidad de que esa solicitud digital efectivamente lo hizo una persona real. Sin embargo, en lo aduanero, las personas vinculadas tenían que ir mínimamente por lo menos una vez al año para firmar un libro. En estos tiempos eso ya es una utopía; pretender que yo me vaya a firmar un libro para identificarme y generar un registro”, dijo a la 680 AM.

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Por ende, parte de esta unificación permitirá el uso de la firma digital hacia una estandarización de los registros para verificar las actividades bancarias vigentes o sanciones por el Banco Central del Paraguay (BCP) a los contribuyentes, indicó Olmedo. A ello, acotó que esto también tiene la intención de luchar contra la informalidad, y que es una de las ventajas de la fusión entre la ex Tributación y Aduanas.

“Misionalmente, la DNIT unió a dos instituciones que son muy diferentes en su día a día y que, justamente al unirse, lo que se busca es fortalecer competencias, conocimiento para los funcionarios y también generar un factor de integración que es muy importante para el país. Sobre todo para consolidar datos, tener una visión de servicio al usuario, entiéndase el usuario interno y externo, en donde la institución tenga la capacidad de responder a los requerimientos del usuario con mayor eficiencia y eficacia”, enfatizó.

Finalmente, recordó que esta unión tenía previsto recaudar USD 400 millones más en el primer año y medio, pero finalmente terminó alcanzando USD 1.000 millones, superando sus propias expectativas.

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Con presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Fornerón, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y otras autoridades se oficializó el desembolso del anticipo que dará lugar a la orden de inicio para la segunda fase de la defensa costera de Pilar.

“La conclusión de la obra va a transformar esta ciudad para siempre. Pilar nunca más va a ser la misma después de esta obra y tenemos el compromiso de avanzar con la franja costera para que pueda brillar con todo su esplendor; tenemos el compromiso de que este año vamos a licitar la fase 3 de la costanera”, anunció el mandatario.

Para la fase B de esta obra se destinarán un total de USD 50 millones y está estimado que esté concluido en un plazo de 24 meses. Los trabajos en esta etapa están centrados en el drenaje de aguas de lluvia de toda la capital departamental, además de toda la red de agua cloacal lo cual requerirá la instalación de 25 estaciones de bombeo y una planta de tratamiento para aguas servidas que contempla el respeto medioambiental y está a la vanguardia en cuanto a tecnología, detallaron desde el MOPC.

“Además de esto vamos a construir 150 km de red de alcantarillado, si ponemos en línea recta sería un camino hasta pasando Villeta y más de 23 km de drenaje de aguas lluvia, eso es algo sin precedentes para las ciudades de Paraguay. Es una obra de alta complejidad y de mucha generación de mano de obra para montar estos grandes caños, la construcción de las plantas de tratamiento y galerías de drenaje agua fluvial”, explicó Centurión.

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En este mismo acto, la ministra del MOPC anunció que se dispuso la convocatoria a empresas para la construcción de la ruta Pilar-Paso de Patria, lo cual representará una inversión de USD 50 millones para la construcción de 60 km de ruta y que tendrá su paso por el histórico poblado de Humaitá.

“Quiero invitar a todas las empresas del país a visitar el portal de Contrataciones Públicas porque ya está en pleno proceso de licitación el tramo desde Pilar hasta Paso de Patria que va a ser construido con nuestro producto nacional, será nuestra segunda ruta de hormigón de pavimento rígido y será aquí en Ñeembucú para dar conectividad y seguir desarrollando este departamento”, manifestó la jefa de cartera.

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El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) se plan­teará reglamentar la Iniciativa 8, de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, que restringe las comunicaciones de sus miembros con jueces o fiscales procesados. Esta reco­mendación formó parte de la declaración que realizara la Cumbre de Poderes que se realizó el lunes en Palacio de Gobierno, por iniciativa del presidente Santiago Peña.

El senador colorado Derlis Maidana, uno de los repre­sentantes del Senado ante el JEM, explicó a La Nación/ Nación Media que esta reco­mendación fue bien recibida y que incluso podría debatirse ya la próxima semana.

El planteamiento que sugiere el Punto 7 de la Declaración señalabásicamentequeseregla­mente y estipule normas para evitar las comunicaciones pri­vadas entre miembros del JEM con los magistrados encausa­dos, una práctica frecuente y que ha sido criticado abierta­mente tras la divulgación de los chats del caso Lalo Gomes “Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las per­sonas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayo­res inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, tam­bién para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitu­ción y que se prohíba el con­tacto directo entre el encau­sado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM, manifestó que no ve obstácu­los en que los miembros apues­ten por reforzar sus normati­vas de modo de permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener cono­cimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos jun­tos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en gene­ral y en la institución en par­ticular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 9:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada el día lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político, no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarro­llándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La consolidación institucional genera buenas prác­ticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

En el marco de la cumbre de poderes que convocó el Poder Ejecutivo el pasado lunes en Palacio de López, el presidente Santiago Peña hizo el anuncio de la próxima instalación del Consejo Nacional Anticorrup­ción, organismo que suplantaría a la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac), que quedó desmantelada porque no cumplía con los fines para los cuales había sido creada. La ley que crea este Consejo, que fue sancionado por el Congreso paraguayo en noviembre de 2024, establece que la Contraloría General de la República ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Se estipula, además, la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada orga­nismo público, bajo la supervisión de la Contraloría General.

Camilo Benítez consideró que la declaración se enfoca en una idea común, el combate a la corrupción y el crimen organizado.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, calificó la declaración de la Cumbre de Poderes como bastante relevante, seña­lando que aún sabiendo que puede haber diferen­cias entre sus integrantes, hay un aspecto en común: la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, destacó que la implementa­ción de la Iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Com­bate a la Corrupción podría traer más transparencia al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según señaló a “Arriba hoy”, por GEN/Uni­verso 970.

Benítez recordó que esta reglamentación impone la restricción a los miembros del Jurado de mantener reunio­nes o comunicaciones priva­das con magistrados en gene­ral y que las comunicaciones de los miembros del JEM con cualquier magistrado debe­rán ser oficiales y públicas. Además, plantea sanciones a lo que considera una “falta grave” en el caso de la inob­servancia de esta disposición que ahora el Jurado deberá reglamentar.

“A mí me parece que el comunicado no es vacío, yo creo que contiene elemen­tos sustanciales de muchí­sima relevancia para aque­llos operadores de Justicia, para aquellas personas que pasamos alguna vez por el Poder Judicial, conoce­mos la presión que ejercen los miembros del Jurado de Enjuiciamiento sobre los jueces, fiscales, defen­sores y síndicos, y sabemos la enorme importancia que va a tener la reglamenta­ción”, destacó el funcionario.

La idea que se pretende con esta reglamentación es que no se vuelvan a repe­tir casos como el de Óscar González Daher o última­mente con Eulalio “Lalo” Gomes, en aparente con­nivencia con el ahora exdi­putado Orlando Arévalo, que actuaban como ope­radores o directamente influían sobre las decisio­nes que se tomaran desde este órgano.