Con el objetivo en común de velar por la ciudadanía y la correcta ejecución de sus derechos, desde la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo firmaron este lunes un acuerdo, a través del cual se comprometen a trabajar de manera recíproca para garantizar que todos los paraguayos reciban la mejor atención en el área de salud bajo todos los controles y estándares más altos de calidad.

En representación del Ministerio de Salud firmó este acuerdo el doctor Roberto Melgarejo Palacios, Superintendente de Salud, mientras que como representante de la Defensoría del Pueblo estuvo el abogado Rafael Ávila Macke.

Ambos destacaron la importancia de contar con un sistema de control cruzado que permita a las dos instituciones estar en constante comunicación, para evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda dañar a los usuarios del servicio de salud; teniendo ya una experiencia con varias intervenciones y visitas de la Defensoría Pública a establecimientos de salud.

Podés Leer: Clínicas pide aumento de presupuesto para cubrir necesidades pediátricas

Este acuerdo se da atendiendo a que una de las funciones de la Defensoría Pública es la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, siendo la institución que recibe diariamente denuncias y reclamos presentados por los ciudadanos de todo el país y se comprometió, como parte de su misión promover, proteger y defender los derechos humanos.

Por su parte, la Superintendencia de salud tiene como misión principal regular, fiscalizar y supervisar a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPSS), para garantizar que brinden servicios de calidad, cumplan con las normativas legales y protejan los derechos de los usuarios; continuará con su trabajo por medio de controles de auditoría médica, legal y contable, aplicando sanciones y medidas correctivas ante incumplimientos detectados.

Desde ambos estamentos de control se destacó que gracias a este convenio se podrá desarrollar planes, programas y proyectos de interés común dentro del ámbito de sus competencias, conforme al marco legal que las rige, además de propiciar el intercambio de datos e informaciones de manera amplia y redundará en favor de la ciudadanía.

Lea También: Anuncian digitalización de las redes de distribución eléctrica para afrontar el calor

El vicepresidente primero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Apodaca, habló acerca de la decisión tomada por una cadena multinacional de supermercados, de suspender la compra de carne procedente del Mercosur, lo cual estaría ligado a una medida proteccionista.

Es lo que mencionó el referente del rubro ganadero, ante una posible presión del sector productivo de Francia, país de origen de la cadena en cuestión, Carrefour, atendiendo además la negativa de este país de llegar al postergado acuerdo de libre comercio Unión Europea (UE) - Mercosur.

“Es una medida totalmente traída de los pelos por los franceses, de los productores que habrán presionaron y Carrefour seguramente se solidarizó con ellos, a más de que Francia está en contra del acuerdo UE - Mercosur por una cuestión totalmente proteccionista”, expresó al programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Lea también: Copa Sudamericana: turistas gastaron USD 200 por día en promedio

Respecto a la balanza comercial de ambos bloques, Apodaca mencionó que la región compra un importante volumen de productos europeos, pero que lastimosamente ellos no aplican lo mismo de modo a que se dé un balance justo comercialmente hablando.

Solo en el caso de Paraguay y la carne, el mercado europeo es ínfimo con un restringido 5 % aproximadamente, ante las altas exigencias que establecen, punto en el que remarcó que pese a ello, el país ingresa a estos mercados cumpliendo elevados requerimientos.

“Esto nos da un sello de que nuestra carne tiene mucha calidad y que puede ser consumida tranquilamente. Y si bien, comercialmente es poco lo que va, pero la certificación que tenemos de poder ingresar al mercado europeo hace más de 10 años, en eso nos afecta”, subrayó.

En este último punto, explicó que la medida también impacta en la cuestión de la seguridad alimentaria, más aún al ser un tema muy sensible ya que es sabido que la región produce una alta calidad para alimentar al mundo, lamentó.

Puede interesarle: Escasez de porotos en el mercado local tras fuertes períodos de sequía

“La economía en Latinoamérica se encuentra mucho más previsible, más homogénea y menos volátil, una muy buena señal para el clima de inversiones en países como Paraguay”, afirmó Ricardo Dessy, máster en Economía y director de Relaciones Públicas de Citi para el Cono Sur, al realizar una radiografía de la situación económica regional y global. Subrayó que, según las cifras, las economías emergentes tienen un crecimiento mayor que las más desarrolladas.

“En este 2024 Paraguay tendrá un crecimiento en el orden del 4 %. Si bien les preocupa un poco la subida del dólar, esta situación suele ocurrir en las economías en ascenso, y en países donde las herramientas y bienes son importados. Además, el precio de la soja está bajando y el efecto de la sequía está causando estragos en el campo”, dijo el experto, en ocasión del conversatorio organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana

En el contexto de la charla “Paraguay: oportunidades globales y regionales”, el experto destacó que Paraguay fue uno de los primeros países en subir la tasa de interés para atenuar el efecto pospandemia, decisión que nos permitió seguir avanzando a pesar de los desafíos financieros que conllevan los altos costos de importación.

Sobre este punto, para equilibrar dichos costos, recomendó convertir la oferta en valor agregado. “El crecimiento viene por el lado de la inversión y no solamente por el consumo local. Esto requiere de mucha apuesta en educación, en un mercado de capitales de confianza, entre otros”, aseveró Ricardo Dessy.

La política y la economía no son compartimientos estancos. Están íntimamente ligadas. La política es la organización de la sociedad que requiere de recursos para destinarlos a actividades regladas por la Constitución y las leyes.

La economía, por su parte, es la acción humana mediante la cooperación social de la libertad y la propiedad privada. De ella surgen los recursos para que la política asigne las partidas presupuestarias al Estado para que este cumpla con sus funciones.

El Estado como organización jurídica y política debe garantizar la seguridad y la predecibilidad mediante legislaciones que no molesten la creatividad e innovación del sector privado. Fue lamentablemente el socialismo el que desvinculó la política de la economía porque consideró desde sus inicios como teoría social que la economía debía regirse por medidas estatales apelando a la fuerza de la revolución, un error que costó muertes y hambre.

La razón por la que insisto sobre la teoría económica de la libertad relacionada con la Escuela Austríaca de Economía está en que la misma permite comprender mejor la realidad. La economía y la política merecen ser analizadas desde una perspectiva correcta.

En tal sentido, la función empresarial es la fuente de creación y distribución de riqueza, de mejores salarios, empleos y oportunidades para todos, mediante el ahorro, las inversiones, la creatividad y la innovación. La función empresarial provee satisfacción a los consumidores.

Son los consumidores los que deciden qué, cuándo y cuántos bienes y servicios se producirán y se comercializarán. Y los gobiernos mediante su intervención en los mercados deben bajar el costo del intercambio privado, no afectando la competitividad.

Y si la competitividad es la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias para aumentar su cuota de productos y servicios, entonces, esa tarea únicamente lo pueden hacer los individuos y las empresas privadas en el marco del libre mercado.

La economía, sin embargo, está expuesta a los “ruidos” ocasionados por los escenarios políticos nacionales como internacionales.

Los gobiernos deben hacerse a un lado en la economía y hacer lo que deben realizar, esto es, facilitar a las personas su seguridad personal como jurídica. Más allá de estas funciones sobrevienen tormentos para la gente. Las empresas como unidades de capital y trabajo requieren para su formación y sostenibilidad en el tiempo de un Estado garante del orden y la ley, entendido como la preservación de la libertad y la propiedad privada. No hoy otro modo.

Ello no significa dejar de lado la influencia del Estado. El gasto público y el mal gasto afecta a la competitividad empresarial puesto que desvía recursos hacia sectores ineficientes impidiendo a su vez la formación del ahorro y la inversión.

Cuando se interviene la función empresarial mediante más impuestos, deudas, trámites y burocracias asfixiantes se afecta al desarrollo de la nación. El Estado intervencionista es un enemigo para las personas de bien.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.