A fin de potenciar la sustentabilidad financiera del Programa BECAL, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia Financiera de Desarrollo suscribieron un convenio de cooperación, para asignar recursos para la creación y administración de un Fondo de Garantías para estudios de posgrados en el exterior (FOGAE).

Dichos recursos ascienden a USD 3.600.000, desembolsados a la AFD a través de la nueva fase de Becal, cuyo objetivo es promover la oferta de créditos para estudios de posgrado en el exterior.

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De acuerdo con el informe oficial, este instrumento busca reducir el esfuerzo público de financiamiento y aumentar la participación privada, logrando que trabajadores y empresas internalicen de manera creciente los costos de la formación de posgrado.

El MEF informa que el financiamiento de las becas para maestrías y especializaciones para profesionales del sector privado será del 70 %. El FOGAE permitirá que los seleccionados por BECAL puedan acceder a recursos complementarios para cubrir el 30 %.

También posibilitará que cualquier persona interesada en realizar un posgrado en el exterior y que obtenga la aceptación de una de las 300 mejores universidades del mundo, pueda acceder a préstamos garantizados para poder solventar sus estudios.

Los recursos del FOGAE permitirán financiar a unipersonales, cuentapropistas, profesionales dependientes e independientes para cubrir necesidades inherentes a programas de estudios superiores en el exterior como especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados, entre otros.

Los fondos podrán ser destinados a pagos de matrícula, colegiatura, arancel u otras tarifas administrativas propias de la institución académica donde se cursarán estudios; adquisición de pasajes hasta el destino donde se cursará el programa de estudios y de regreso a Paraguay.

Así también, contratación de seguros médicos, de vida u otros; compra de libros de texto, materiales académicos necesarios para el desempeño durante el curso; alquiler y manutención durante la estadía en el extranjero y costos asociados al proceso de trabajos finales, obtención del título, graduación y/o registro profesional respectivo.

Cabe resaltar que, desde su creación, el Programa Nacional de Becas Carlos Antonio López contribuyó a disminuir las desigualdades de acceso a las oportunidades de formación, considerando el nivel socioeconómico, el género y el sector productivo.

• Ser de nacionalidad paraguaya o naturalizado y en pleno goce de todos los derechos de ciudadanía.
• Contar con título de grado y certificado de estudios reconocidos por el MEC.
• Presentar carta de aceptación en un programa de posgrado de una universidad de excelencia (entre las mejores 300, según clasificaciones internacionales y experiencia laboral de al menos dos años.

• 65 % de los becarios provienen de colegios públicos y subvencionados.
• Más del 50 % de ambos padres no cuentan con formación universitaria.
• El 30 % de los becados son del interior del país
• Más del 60 % son mujeres.

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Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.

La gerente de Gestión Financiera del Estado del Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF), Teo­dora Recalde de Spinzi, men­cionó que la obtención del grado de inversión por parte de Paraguay es una clara señal de confianza en la estabilidad y sostenibilidad de la gestión financiera del país, lo cual for­talece su estrategia de desa­rrollo sostenible. Lo dijo en el marco del 51.° Seminario Internacional de Presupuesto Público, que se desarrolla en Buenos Aires desde el martes hasta ayer, organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), con el apoyo de la Organi­zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Recalde fue parte de la con­ferencia “Desafíos para la gestión presupuestaria para mejorar la inversión pública en América Latina y el Caribe y la experiencia de los países de la OCDE”, ocasión en la que resaltó que la obtención del grado de inversión es resultado de un esfuerzo sostenido por mejorar la eficiencia y trans­parencia en la administración pública.

“Este no es solo un reconoci­miento, sino una oportunidad para consolidar un modelo de desarrollo responsable y equitativo en el largo plazo”, dijo. Al tiempo de remarcar el impulso en la inversión pública, en sectores estraté­gicos como infraestructura, educación, salud y tecnología, que no solo elevan la calidad de vida de los ciudadanos, sino también potencian la econo­mía y reducen las brechas sociales.

En su ponencia, la funcio­naria expuso los avances de Paraguay en el contexto de las inversiones, mediante herra­mientas y reformas para mejo­rar la eficiencia como el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan 2050, que guiarán las prioridades estratégicas de la nación. Reconoció que persis­ten desafíos, como el fortaleci­miento del monitoreo de pro­yectos y la implementación de evaluaciones para la toma de decisiones.

Así también el Presupuesto por Resultados (PpR) y una nueva estructura presupuestaria, que permiten una asignación de recursos más efectiva, la Ley n.º 6380/19 de Modernización del Sistema Tributario Nacio­nal, y la Ley de Suministros y Compras Públicas de 2022, que impulsan el uso de tecnologías digitales para mejorar la traza­bilidad de los proyectos.

Tras una fuerte apuesta que supera el millón de dólares, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) adquirió el sistema o servicio de negociación de Nasdaq; una de las bolsas de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos, con lo que podrá estar conectado con los grandes mercados de capitales a nivel mundial.

El hecho representa un gran paso hacia la consolidación de acompañar los esperados desembarcos de grandes apuestas, luego de que Paraguaya haya alcanzado el grado de inversión por parte de la calificadora Moody’s. Es lo que mencionó en entrevista con La Nación/Nación Media, el presidente de la BVA, Eduardo Borgognon, quien estimó negociaciones por más de USD 6.500 millones para este año.

“Lo que hicimos fue buscar las mejores prácticas y que nos conviene más, no solo para cubrir las necesidades actuales del mercado de capitales, sino de los próximos 5 a 10 años. Cuando esté todo implementado, estaremos conectados a los mercados bursátiles del mundo, cumpliendo los estándares más exigentes”, expresó.

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Con este nuevo sistema, la BVA se estará actualizando con las tendencias globales, luego del gran crecimiento que viene arrojando el segmento con los sistemas electrónicos actuales, que permitió dar un salto cuantitativo y cualitativo. “Este nuevo proceso es para materializar los objetivos del grado de inversión y sacarle provecho”, remarcó.

Explicó que, básicamente, la nueva plataforma respaldará que Paraguay es un país confiable y que, al tener el grado de inversión, los grandes jugadores del mercado de capitales podrán comprar títulos o instrumentos a través de Nasdaq en línea, sin la necesidad de hacerlo presencialmente.

En cuanto al proceso de implementación, Borgognon comentó que será a mediano plazo, ya que llevará entre 9 a 15 meses, pero que lo importante es que ya se inició esta nueva etapa para las transacciones y estar a la altura de los grandes mercados bursátiles.

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A la consulta si se puede estimar en qué medida ayudará este sistema a incrementar las transacciones de la BVA, indicó que aún es muy temprano para ello, pero que claramente con nuevas herramientas, el volumen debería pronunciarse más de lo que ya se viene negociando.

En ese sentido, comentó que la proyección de cierre para este año es de USD 6.500 millones o más, atendiendo que históricamente los dos últimos meses suelen ser los de mayor movimiento bursátil, y que en el 2023 se negociaron poco más de USD 5.050 millones.

DATOS CLAVES

1-La BVA buscó las mejores prácticas, no solo para cubrir las necesidades actuales del mercado de capitales, sino de los próximos 5 a 10 años.

2-Cuando esté todo implementado, estaremos conectados a los mercados bursátiles del mundo.

3-Este nuevo proceso podrá materializar los objetivos del grado de inversión para sacarle provecho.

Fuente: Eduardo Borgognon, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA)