El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, ha declarado que se proyecta un crecimiento económico del 4% para el presente año, impulsado fundamentalmente por el desempeño positivo de los sectores no agrícolas y la generación hidroeléctrica de las represas binacionales.

“Los datos que recoge el Banco Central del Paraguay (BCP) hablan de que los sectores no agrícolas están creciendo a un ritmo del 6,1 %. Y este será el tercer año en que la economía terminará creciendo un 4 % o más”, afirmó Fernández Valdovinos, según refiere el MEF.

Sin embargo, el ministro reconoció que desde el gobierno están conscientes de que aún hay mucho camino por recorrer para lograr que Paraguay sea un país totalmente desarrollado, tanto en el sector económico como social. Al margen, valoró los números relacionados al aumento del empleo y la reducción de la pobreza en el año 2024, con respecto al 2023, y resaltó que el índice de la población en extrema pobreza se redujo de 50 % al 20 % desde el 2002.

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“Los datos dan una coyuntura económica buena. Pero la realidad es que tenemos que seguir avanzando, Paraguay es un país emergente y nos gustaría ver a nuestro país totalmente desarrollado, no solo en lo económico sino también en lo social”, expresó.

Referente a los programas sociales, dijo que fueron un complemento para el efecto de crecimiento económico en niveles de pobreza y que lo redujo aún más. Sostuvo que es el tipo de política que necesitamos acá en Paraguay, una que permita invertir al sector privado, que crezca la economía, se creen puestos de trabajo y eso reduzca la pobreza, complementada con políticas públicas focalizadas.

Volvió a reiterar que la expectativa de expansión económica manejada desde el MEF para este año es del 4 %, y que sea movida por sectores no agrícolas, lo que es una muestra positiva de que nuestro país está empezando a diversificar su economía.

Con una proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,5 % al 3,6 %, según el Banco Mundial y el reporte macroeconómico de Itaú, Paraguay se posiciona como la segunda economía de mayor expansión en la región, detrás de Argentina. Este desempeño es notable, especialmente si se considera que el contexto global y regional sigue siendo desafiante.

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Según el informe de ejecución financiera de la Administración Central, la ejecución presupuestaria ascendió a G. 15,9 billones al cierre del primer trimestre del 2025, representando el 21 % del presupuesto vigente asignado, que asciende a G. 75,5 billones en el mencionado periodo.

Las entidades con mayor ejecución en el período señalado fueron los Ministerios de Economía y Finanzas, Educación y Ciencias, Salud Pública y Bienestar Social, de Obras Públicas y Comunicaciones, del Interior y de Desarrollo Social.

En el informe se detalla que la obligación financiera del Ministerio de Economía fue de G. 4,9 billones, de los cuales G. 4,7 billones fueron destinados al pago a jubilados y pensionados de la función pública, transferencia monetaria a gobiernos subnacionales y el pago de la deuda pública.

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El Ministerio de Educación ejecutó G. 2,4 billones, de los cuales el 65 % fue para los servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo de la educación escolar básica y educación media, como también para la educación de jóvenes y adultos de 15 años y más. En tanto que Salud Pública ejecutó G. 2,2 billones, cuyo desembolso fue principalmente para el pago de servicios personales y compra de productos e instrumentos químicos y medicinales.

Por su parte, Obras Públicas utilizó un total de G. 1,5 billones, de los cuales G. 1,01 billón fue destinado al programa de red vial pavimentada, siendo la cartera con mayores ejecuciones en los proyectos de ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07, además del mejoramiento tramo Pedro J. Caballero-Capitán Bado-Ypehu.

El Ministerio del Interior ejecutó G. 988.000 millones, principalmente para el pago de servicios personales. Mientras que el de Desarrollo Social utilizó de G. 954.000 millones, principalmente para el pago de pensión alimentaria a adultos mayores y a las familias participantes de Tekoporã, también para la provisión de alimentación escolar–FONAE, refiere el documento informativo.

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Al cierre del primer trimestre del 2025 se registró un déficit fiscal acumulado de 0,8 % del producto interno bruto (PIB) por un valor de G. 2.830 mil millones, cerca de USD 357 millones, según el informe de Situación Financiera (Situfin) que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Respecto al déficit anualizado, este se ubica en 2,8 % del PIB y es explicado en gran parte por una mayor dinámica del gasto en medicamentos, alimentación escolar e intereses. Según el MEF, los esfuerzos por mantener una ejecución equilibrada durante todo el año para la inversión pública, contribuyó a que se superen los niveles históricos de ejecución presupuestaria al finalizar marzo.

Al finalizar marzo, el ingreso total tuvo un aumento de 14,8 %, un incremento de 0,3 puntos porcentuales del PIB, en comparación al primer trimestre del 2024. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la buena dinámica de la recaudación tributaria tanto en impuestos internos como externos.

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En detalles, los impuestos internos representan una variación acumulada del 7,7 %. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 5,4 %, el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) con 2 %, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con 0,8 % y el Impuesto a la Renta Personal (IRP) con 1,4 %. En negativo se registró un 2,4 % en el Impuesto por Distribución de Dividendos y Utilidades (IDU).

La contribución a la variación acumulada de los impuestos externos se desprende de la siguiente manera: a marzo de este año se registró un total de 14,1 %. El IVA representa un 7,7 %, los aranceles 6,1 %, y otros impuestos 2,9 %.

Los ingresos no tributarios crecieron 22,3 %, explicado principalmente por la contribución de los recursos de las represas binacionales Itaipú y Yacyretá. Los salarios financiados con ingresos tributarios se mantienen cercanos al mínimo histórico. El 79 % de los salarios se destina a los sectores de salud, educación y seguridad.

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Los gastos aumentaron en 11,4 %, debido al aumento del gasto en medicamentos y alimentación escolar, donde destacan el fortalecimiento en los sectores estratégicos de salud, educación y seguridad, que representaron el 74,1 % del gasto total. La inversión pública asciende a G. 1.754 mil millones, equivalente a USD 221,6 millones, y al primer trimestre representó el 0,5 % del PIB, mayor en 0,3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2024.

Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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