La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) ofrece herramientas digitales para que todos los ciudadanos puedan acceder al servicio de defensa del consumidor y de audiencias conciliatorias. En lo que va del año ya se recuperaron G. 1.500 millones a favor de los usuarios.
Sara Irún, quien preside la secretaría, conversó con la vocera Presidencial, Paula Carro, y comentó que hoy cuentan con una línea de WhatsApp, un formulario en su sitio web y las redes sociales, además de la recepción de denuncias presenciales, para que los consumidores puedan realizar sus reclamos y denuncias.
“Los consumidores tienen acceso 24/7 a esta área de consultas y estamos dotando de mayor personal también a esta área misional, porque las consultas y los reclamos son el día a día. Vos sos consumidor y tenés que saber qué corresponde, o no, cuál es tu derecho. Entonces esta es un área que nosotros estamos enfocando muchos recursos”, dijo a la vocera.
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Precisó también que la Sedeco recibe cerca de 800 consultas al mes que se pueden formalizar en reclamos. Los principales reclamos que recibe el organismo corresponden a mal servicio, falta de información, cobros indebidos, renovación automática de contrato, variación unilateral del precio u otras condiciones de contrato.
Con una notificación a la empresa y la posterior audiencia de conciliación, se resuelven cerca del 80 % de los reclamos. Para facilitar esta labor, la Sedeco implementó las audiencias de conciliación virtuales. También acotó que las variaciones unilaterales de precio o términos de contrato están prohibidas por ley.
“Si no se resuelve en esa etapa, esto pasa a Asuntos Jurídicos para ver si corresponde a un sumario administrativo con plazos legales más largos, pero procuramos enfocarnos en la conciliación, en darle al consumidor una solución rápida a su problema”, expresó.
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Canindeyú apunta a la industrialización, señala la diputada Cristina Villalba
La diputada colorada Cristina Villalba destacó el importante acuerdo que alcanzó el gobierno de Santiago Peña durante su visita en la India, sobre una importante cooperación entre las empresas Enersur S.A. y Praj Industries para una inversión de 150 millones de dólares en una nueva planta de biocombustibles en Canindeyú.
En conversación con La Nación/Nación Media, la legisladora señaló que la firma de este acuerdo es una noticia extraordinaria pensando en la industrialización del departamento, que es el anhelo de todos los canindeyuenses, contar con industrias, generar riquezas, transformar el departamento de Canindeyú.
“Estuve en contacto con presidente Peña, para agradecerle el cariño que le tiene a Canindeyú, que siempre le tiene en cuenta en sus viajes. Esta inversión de 150 millones de dólares, para una industria, va a dar oportunidad de empleo, así como un trabajo digno para los ciudadanos, es un paso trascendental para nosotros; nos posiciona en el mundo económico de la República del Paraguay”, expresó.
Se espera que la planta de biocombustible pueda llegar a producir unos 600.000 litros diarios de etanol con tecnología de bajas emisiones, generando. Además, generará una fuente de trabajo para 800 empleos durante la construcción, 300 empleos directos y hasta 10.000 empleos indirectos en toda la cadena de valor. Todo financiado con capital paraguayo.
La legisladora resaltó que esperan esta industria y otras industrias que pudieran instalarse más de 100.000 fuentes de trabajo. Teniendo en cuenta que la población de Canindeyú es altamente joven.
“Contamos con nuestra universidad donde tenemos preparado a nuestros jóvenes, invirtiendo en la educación, tenemos escuelas agrícolas, tenemos universidades. Creemos que, si esto pasa de los 10.000, pensando ya en los 50.000 o 100.000 empleos, para nosotros es fundamental. Con esto, no solo damos oportunidad de empleo; al mismo tiempo trae por sí la estabilidad económica de la región”, remarcó.
Centro Cultural en Saltos del Guairá
Por otra parte, la diputada Villalba señaló que esta semana, luego de conversar con el vicepresidente Pedro Alliana, presidente en ejercicio en ese momento, tomaron el compromiso de una importante inversión para la capital del departamento que beneficiará a la comunidad brindando espacios de recreación y cultural, con la construcción de un centro cultural.
Señaló que la comitiva que la acompañó estuvo presidida por el cura párroco de Saltos del Guairá, el presbítero Paulus Paskalis. “El sacerdote es una persona que arropa mucho a la comunidad de Saltos del Guairá. Hablamos de crear espacios recreativos, espacios de cultura para los jóvenes. Se busca crear e invertir en un espacio físico en donde se le va a dar oportunidad a los jóvenes a desarrollar la parte parte religiosa, la parte deportiva, cultural”, precisó.
Indicó que el proyecto de construcción orilla una inversión de casi G. 5.000 millones, que será financiada con fondos de la Itaipú Binacional. En tanto que el predio donde se construirá será un espacio público municipal.
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Siguen los reclamos por atención en el Hospital de Santa Rita
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Hospital Distrital de Santa Rita está en la mira. El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un sumario a cuatro funcionarios del citado hospital, ante denuncia de supuestamente haberse negado atención a una mujer gestante, Yésica Aguilera, cuyo hijo nació en otro hospital y falleció en cuidados intensivos.
En ese contexto, surgió otro reclamo: mucha tardanza para que una mujer de 40 años, de 37 semanas de gestación, con muerte fetal, sea sometida a cesárea. La misma ya estaba con 24 horas de muerte de su hijo y su familia no entendía por qué tardaba tanto la cirugía para sacar al feto, poniendo en riesgo a la madre.
El esposo de la mujer declaró su preocupación al sitio Santa Rita News. La mujer se presentó ayer al hospital después de haberse dado cuenta de que no sentía movimiento en su vientre.
A las 19:00 se procedió a la intervención quirúrgica de la mujer y el feto le fue entregado a la familia. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media, por el doctor Federico Schrodel, director de la región sanitaria.
Manifestó que se debieron hacer estudios a la mujer para confirmar la muerte fetal y una vez constatada, “se procedió a preparar a la paciente para el procedimiento a seguir, no se trata de llegar y ya se le practica la cesárea, está en riesgo la madre”.
Mencionó que acudió ayer hasta el hospital y el personal de salud a cargo explicó a los familiares lo sucedido y sobre los pasos seguidos, quedando conformes los mismos.
La mujer reside en el barrio Santa Inés de Santa Rita y se realizó siete controles prenatales, antes de llegar al día de ayer en que le confirmaron que el niño había fallecido, cuando estaba a punto de nacer.
El Hospital de Santa Rita está siendo investigado por el Ministerio de Salud Pública que inició sumario a cuatro funcionarios, entre médicos y enfermería. La causa es la no atención a una mujer gestante, también de 37 semanas, porque la misma es asegurada del IPS. Ocurrió el jueves 29 de mayo. Fue al hospital de María Auxiliadora, Itapúa, el niño nació y pasó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció.
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Sedeco invita a webinar sobre economía circular y consumo sostenible
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en colaboración con el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), invita a participar del webinar denominado “Introducción a la economía circular: oportunidades para los consumidores”.
El evento virtual se llevará a cabo el viernes 6 de junio de 10:00 a 11:00; el mismo está dirigido a agencias gubernamentales de protección al consumidor, organismos dedicados al cuidado ambiental y entidades comprometidas con el desarrollo sostenible.
Contará con la participación de expertos internacionales que abordarán los principios de la economía circular, así como sus beneficios y oportunidades desde la perspectiva del consumidor. Disertarán en el panel Claudia Rodríguez, directora general de consumo de España; Carlos Salazar, del Servicio Nacional del Consumidor de Chile y Rossana Bautista, referente del sector de Perú.
La inscripción es gratuita y el acceso al webinar se realiza mediante el siguiente enlace: evento virtual. En la apertura dará unas palabras María Carolina Ramírez, superintendente de Industria y Comercio de Colombia. Luego, hablará Sara Irún, titular de la Sedeco.
El panel tendrá como tema principal la venta de bienes de segunda mano y productos relacionados. Abordarán su procedimiento y conclusiones. Al finalizar la exposición, se habilitará un espacio para preguntas.
La actividad forma parte de las iniciativas del Grupo de Consumo Sostenible, liderado por la Sedeco en el marco de su participación en el FIAGC, y busca fortalecer capacidades institucionales y promover prácticas responsables en el consumo de bienes y servicios.
2025
En los cuatro primeros meses del año se formalizaron 557 reclamos contra distintos proveedores de bienes y servicios, lo cual representó un incremento del 7 % con relación al mismo periodo del 2024. En cuanto a los principales motivos de los reclamos, identificaron patrones recurrentes como prácticas abusivas, mal servicio, publicidad engañosa, y falta de información adecuada.
Los principales rubros reclamados fueron los productos de telefonía con un 4 %, salud ocupó el 5 %, las telecomunicaciones, al igual que el rubro de electrodomésticos y electrónicos llegó al 12 % cada uno, y los servicios financieros y seguros alcanzó el 24 %.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.