El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, e integrantes de la Junta Asesora del ente agrario, verificaron la situación en que se encuentran varias islas ubicadas en el río Paraguay, para regularizar su arrendamiento.

Desde el ente agrario señalan que conforme a la legislación nacional, el Indert es la institución del Estado propietaria de las islas y desde hace un año y medio viene trabajando en el proceso de regularización, que tiene sus complejidades debido a la variación de las superficies y condiciones, a raíz de factores climatológicos.

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Existe un importante avance en materia de regularización, con la realización de catastro para su posterior inscripción en los Registros Públicos, cuyos procedimientos se estarán conversando con esta institución, a fin de lograr su titulación definitiva y tener la seguridad jurídica sobre las mismas.

“Hoy lo que existe es un conjunto de islas que están pobladas por comunidades campesinas o explotaciones empresariales con contratos de arrendamiento vencidos”, explicó Ruiz Díaz.

El presidente del Indert también comentó que hay islas con explotación comercial, cuyo cumplimiento de pago por el arrendamiento está atrasado, es decir, el pago del canon se encuentra en mora.

A raíz de esta situación, la Junta Asesora realizó una sesión extraordinaria para analizar la situación e iniciar los trabajos que se fundamentan en los lineamientos establecidos en la materia.

El titular del ente expresó que la visita realizada a 5 islas es un trabajo interinstitucional, que se irá fortaleciendo. Teniendo en cuenta que por ejemplo, con la Armada Nacional, el Indert estaba un poco distanciada, cuando en realidad, son instituciones que se complementan para ejercer el control de la explotación de las islas que son propiedad del Estado.

Explicó que la institución debe arrendar las islas e impulsar las actividades económicas relacionadas a estas propiedades, recordando que el país tiene la tercera mayor flota de barcazas del mundo, para transportar granos a diferentes mercados y sin embargo, estamos teniendo la explotación de las islas de manera no muy formal.

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El proyecto de ley “que prohíbe el uso de cianuro en actividades mineras en el territorio nacional”, presentado por la bancada Democrática del Senado fue tema de debate en una audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, y otros legisladores de la oposición.

La audiencia contó con la presencia de productores de minería y yerbateros, y existe una postura dividida en este sector, algunos están a favor y otros en contra de este proyecto.

Esta iniciativa busca la prohibición del uso de cianuro en minería, tratando de evitar daños ambientales en Paso Yobái. Por un lado, un sector mostró su apoyo a esta propuesta legislativa señalando que la utilización de este componente daña al medio ambiente y afecta la salud poblacional; mientras que otro sector afirma que no se trata de un proyecto técnico, sino más bien político.

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El ingeniero Rubén Irala Galeano, director científico de la Diócesis de Villarrica, encabezó junto con la Universidad Católica y Nacional de Guairá, un estudio científico que, de acuerdo a la exposición del mismo, se confirma que se encontraron metales de cianuro en el agua y hojas de yerba, afirman que la actividad minera con cianuro afecta al medio ambiente y los seres vivos.

“Trabajamos por el ciclo de dos años en una investigación donde enfocamos nuestro trabajo sobre el suelo, aire, agua, recursos hídricos y también en las hojas de yerba mate, y hemos encontrado concentraciones importantes de mercurio y cianuro, que son los dos reactivos que se llegaron a utilizar, hasta ahora, los mineros”, refirió.

Explicó que en la primera fase de la producción artesanal de la minería de oro se llegó a utilizar el mercurio como un reactivo separador del oro del suelo, de manera muy informal, llegando a contaminar todo, mientras que desde el 2018 hasta la actualidad se está utilizando el cianuro para este procedimiento.

“Ambos reactivos son venenosos, tóxicos y también afecta la salud poblacional, ahora ya aparecen enfermedades de la piel, y sobre todo afecta a los cultivos, los cultivos de autoconsumo y también los cultivos de renta que se manejan en la región, que es la yerba mate”, apuntó el ingeniero.

Mientras tanto, representantes de sectores mineros, principalmente de Paso Yobai, alegan que se trata de un proyecto político y no así técnico. Rubén Aguilera, propietario de una empresa que se dedica a la exploración, indicó que desconocen los procedimientos para realizar el estudio presentado sobre el daño que genera este componente.

“Como cualquier que es de interés, creo que tendríamos que ser los primeros en participar y en debatir, de ninguna manera, es más, pedimos nosotros a la pastoral social una audiencia con el obispo (que encabeza el proyecto), no fuimos recibidos, hasta hoy día seguimos esperando. Hemos solicitado una mesa de diálogo con los hermanos yerbateros, tampoco conseguimos. No cuenta con un estudio técnico y científico”, cuestionó.

Agregó que además de no tener participación en esta iniciativa, desde los estudios realizados, tampoco fueron tenidos en cuenta con relación al impacto que tendrá la prohibición de la utilización del componente, y afirma que generará la pérdida de una fuente de trabajo.

“Esta ley no es técnica, esto es político, por denuncias y por un respaldo que nosotros hoy vamos a reclamar. Si nosotros hubiéramos participado en ese análisis, nosotros no sabemos si hay mala intención, por eso queríamos saber qué métodos utilizaron, porque tiene sus métodos, y nosotros desconocemos totalmente el procedimiento. Vamos a tener un impacto económico enorme, es todo lo contrario, acá nos tendrían que dar apoyo para poder desarrollar este rubro tan importante que puede ser un polo de desarrollo para nuestro país”, puntualizó.

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Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.

“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.

En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.

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“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.

“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.

Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.

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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.

• París, Francia. AFP.

Europa quiere ser un referente mundial en transporte limpio, pero se está topando con un desafío: el litio, un recurso clave para fabricar baterías de autos eléctricos, y codiciado por China en Latinoamérica y África. China produce más de las tres cuartas partes de las baterías vendidas en el planeta, refina el 70 % de esa materia prima y es el tercer extractor mundial por detrás de Australia y Chile, según datos de 2024 del servicio geológico de Estados Unidos (USGS).

Para hacerse un hueco, Europa ha desarrollado una ambiciosa arquitectura regulatoria que pone el énfasis en la preservación del medioambiente, la creación de empleo de calidad y la cooperación con las comunidades locales. Además, ha suscrito acuerdos bilaterales con una quincena de países, entre ellos Chile y Argentina, quinto productor mundial de litio. El problema es el dinero.

“Veo muchos memorandos de entendimiento, pero falta acción. En ocasiones, el mismo día que estábamos firmando un acuerdo, los chinos estaban comprando una mina en ese país”, dice a AFP Julia Poliscanova, directora del área de vehículos eléctricos en el círculo de reflexión Transport and Environment (T&E).

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El desfase es obvio: mientras que China invirtió 6.080 millones de dólares en proyectos de litio de 2020 a 2023, Europa apenas puso sobre la mesa 1.060 millones, según datos recopilados por T&E. La Agencia Internacional de la Energía lo afirma claramente en su reciente informe de 2025 sobre minerales críticos, donde por cierto destaca el aumento de la demanda mundial de litio el año pasado, un 30 %.

“Para garantizar el suministro de materias primas, China está invirtiendo activamente en minas en el extranjero, a través de empresas estatales con apoyo político del gobierno”, apunta la AIE.

China cuenta para ello con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en la que la minería fue el segundo mayor capítulo, con 21.400 millones de dólares de inversión en 2024, detalla la AIE.

Europa “está atrasando los niveles de inversión en estas áreas”, y “si no tiene clara su posición de cómo va a desarrollar sus industrias nacionales de baterías y hasta de minería (...), va a dejar espacios que se lo van a comer en otros lados del mundo”, apunta desde Santiago de Chile Sebastián Galarza, fundador del Centro de Movilidad Sostenible.

El caso es especialmente marcado en África, donde la demanda china ha aupado a Zimbabue a la posición de cuarto productor mundial de litio.

“Los chinos y otros actores no siempre hablan de estándares [de inversión], pero ahí está su dinero. Los ideales y estándares de la UE tienen que venir de la mano del dinero, en forma de inversiones reales en minería”, incide Theo Acheampong, del centro de reflexión ECFR.

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Para 2035, la UE tiene el objetivo de que todos los coches nuevos destinados a su mercado produzcan cero emisiones. El porcentaje de ventas de vehículos eléctricos en la UE fue del 21 % en 2024, según la AIE.

Europa planea construir decenas de fábricas de baterías, pero no lo está teniendo fácil ante el errático apetito de sus propios consumidores y la competencia de Japón (Panasonic), Corea del Sur (LG Energy Solution, Samsung) y sobre todo China (CATL, BYD).

Tanto el mercado como los analistas defienden por ello un estrechamiento de la relación con el triángulo del litio formado por Chile, Argentina y Bolivia (casi la mitad de las reservas del preciado metal), sin olvidar la emergente producción brasileña. El objetivo: crear cadenas de valor y que algún día las baterías de autos eléctricos se fabriquen también en América Latina.

La propuesta regulatoria europea permitiría a América Latina “compatibilizar el desarrollo local con la exportación de esas materias primas, y no caer en un ciclo puramente extractivista”, expone Juan Vázquez, jefe adjunto para América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE.

“Actualmente, el 4 % del litio de Chile va a Europa (...) pero la UE tiene todas las posibilidades para aumentar la participación en la industria de la batería”, incide Stefan Debruyne, director de asuntos externos de la minera chilena privada SQM.

Galarza plantea la cuestión fundamental, que va más allá de la extracción del metal. “¿Qué interés tienes como empresa de instalarte en Chile para producir cátodos, baterías o materiales más elaborados, si no tienes un mercado local o regional que abastecer? ¿Por qué no simplemente llevarte el litio, refinarlo y hacer todo en China y mandarnos la batería de vuelta?”, se pregunta.

Defendiendo la tradición automotriz de México, Brasil y Argentina, él mismo responde: “hay que empujar rápidamente hacia la electrificación del transporte en la región”, para que “seamos parte también de los beneficios de esa transición energética”. El camino se anuncia largo, pero los últimos datos son promisorios, según la AIE, que elogió recientemente las políticas públicas aplicadas, tales como incentivos fiscales y reducciones de las tarifas de matriculación.

En Brasil, el mayor mercado regional, la cuota de ventas de autos eléctricos se duplicó en 2024 respecto al año anterior, y alcanzó el 6,4 %, el 85 % de ellos importados de China. La tendencia mejoró igualmente en Costa Rica y Colombia, con porcentajes del 15 % y el 7,4 %, respectivamente. México y Chile crecieron y se ubicaron ligeramente por encima del 2 %.