Mario Balmelli, presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) indicó que el futuro de la exportación de la carne paraguaya está en la región asiática. Destacó la eventual apertura de Filipinas es significativa, mientras Japón inició el proceso de habilitación, al igual que Corea del Sur.

“Lo de Filipinas tiene una importancia significativa, esto es un proceso que se inicia con gestiones diplomáticas y gestiones sanitarias lideradas por el Senacsa. Entonces a partir de ahí se inician las auditorías y una vez que se pasen los exámenes podemos ingresar”, comentó a la 1.000 AM.

Dijo que el proceso será largo, pero la carne es un artículo que en el mundo la consumen las clases sociales medias a emergentes y en ese continente estará el 66 % de toda la clase media. “Entonces es muy importante abrir estos mercados y poner una base de trabajo en esta región para iniciar con más fuerza en esos mercados”, explicó.

Aseguró que en el 2012 el mercado importador de carne vacuna se situaba en un 40 % en los países asiáticos y en la Unión Europea el 20 % con Rusia incluida, mientras que al 2022 estuvo en el 61 % y el 9 %, respectivamente, notándose un incremento en Asia.

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El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó la semana pasada que la Oficina de Industria Animal (BAl, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Agricultura de la República de Filipinas, llevará a cabo una auditoría in situ en el país con el objetivo de evaluar la habilitación para la exportación de productos cárnicos de la especie bovina, porcina y avícola.

Las actividades de inspección están programadas del 2 al 18 de diciembre de 2024. Durante este periodo, los representantes de la BAl realizarán una evaluación integral de los controles oficiales implementados por el Senacsa.

El proceso incluirá visitas al laboratorio central, establecimientos ganaderos (bovinos, porcinos y avícolas), oficinas regionales, puntos de ingreso y egreso y ferias ganaderas. La auditoría constituye un paso clave dentro del proceso de negociación iniciado en el 2020. Su propósito es garantizar que las prácticas sanitarias y los controles oficiales del Paraguay cumplan con los estándares internacionales exigidos por Filipinas.

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Con el objetivo en común de velar por la ciudadanía y la correcta ejecución de sus derechos, desde la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo firmaron este lunes un acuerdo, a través del cual se comprometen a trabajar de manera recíproca para garantizar que todos los paraguayos reciban la mejor atención en el área de salud bajo todos los controles y estándares más altos de calidad.

En representación del Ministerio de Salud firmó este acuerdo el doctor Roberto Melgarejo Palacios, Superintendente de Salud, mientras que como representante de la Defensoría del Pueblo estuvo el abogado Rafael Ávila Macke.

Ambos destacaron la importancia de contar con un sistema de control cruzado que permita a las dos instituciones estar en constante comunicación, para evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda dañar a los usuarios del servicio de salud; teniendo ya una experiencia con varias intervenciones y visitas de la Defensoría Pública a establecimientos de salud.

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Este acuerdo se da atendiendo a que una de las funciones de la Defensoría Pública es la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios, siendo la institución que recibe diariamente denuncias y reclamos presentados por los ciudadanos de todo el país y se comprometió, como parte de su misión promover, proteger y defender los derechos humanos.

Por su parte, la Superintendencia de salud tiene como misión principal regular, fiscalizar y supervisar a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPSS), para garantizar que brinden servicios de calidad, cumplan con las normativas legales y protejan los derechos de los usuarios; continuará con su trabajo por medio de controles de auditoría médica, legal y contable, aplicando sanciones y medidas correctivas ante incumplimientos detectados.

Desde ambos estamentos de control se destacó que gracias a este convenio se podrá desarrollar planes, programas y proyectos de interés común dentro del ámbito de sus competencias, conforme al marco legal que las rige, además de propiciar el intercambio de datos e informaciones de manera amplia y redundará en favor de la ciudadanía.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) reafirmó su compromiso con la ganadería sostenible tras el anuncio de la cadena francesa de alimentación (Carrefour) de suspender la compra de carne de países del Mercosur, reiterando que la industria realiza esfuerzos sostenidos para garantizar altos estándares internacionales en sostenibilidad.

Según explicó el gremio ganadero en un comunicado, este anuncio está basado en argumentos carentes de fundamento técnico, atenta directamente contra un sector que es clave para la seguridad alimentaria global, el desarrollo social y económico de nuestra región, poniendo en riesgo la estabilidad de suministro de alimentos a ese mercado.

“La producción ganadera del Mercosur es reconocida mundialmente por su contribución a la seguridad alimentaria, abasteciendo de carne de alta calidad a más de 100 países y garantizando acceso a proteínas esenciales para millones de personas”, mencionaron. Los productos más exportados a la Unión Europea por parte del bloque económico latinoamericano en 2023, son el ganado y piensos, productos petrolíferos y minerales las principales categorías.

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En ese sentido, la ARP mencionó que la industria cárnica de la región realiza esfuerzos sostenidos para implementar y reforzar prácticas que minimicen el impacto ambiental, como sistemas silvopastoriles y tecnologías de trazabilidad avanzada. La medida amenazaría el desarrollo económico regional al desincentivar la inversión, debilitar la confianza en los mercados internacionales y obstaculizar el comercio justo y libre entre naciones.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB) también se pronunció al respecto, remarcando que la decisión debe ser reconsiderada, ya que no tiene sustento científico que la justifique. “Repudiamos la declaración del CEO de Carrefour, Alexandre Bompard. Varias asociaciones del Mercosur consideramos que dicha red debe reconsiderar su postura y asesorarse de fuentes científicas y técnicas”, indicaron.

Esto se enmarca en las protestas de los productores franceses como rechazo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Los detractores del acuerdo también se centran en su costo medioambiental, con el riesgo de que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación si aumentan, por ejemplo, las exportaciones sudamericanas de carne vacuna.

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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento a favor de Elías Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El joven, procesado por cobro indebido de honorarios, deberá devolver la suma de G. 50.666.600 que recibió de la Cámara de Diputados, más una donación por el mismo monto como reparación del daño social. Dicha donación será destinada a varias entidades de beneficencia.

El fiscal Francisco Cabrera señaló que el joven reconoció los hechos y por ende fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

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Con la presente salida procesal, el hijo de la diputada se salvó de enfrentar un juicio oral y público por el citado delito. En caso de incumplir la medida se revocará la presente resolución y el proceso tendrá que proseguir.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, Elías Godoy Torres, siendo bachiller, fue contratado en la Cámara de Diputados como asesor de su propia madre, la diputada liberal Roya Torres, percibiendo un sueldo de G. 9.500.000, pero el mismo no habría cumplido las funciones asignadas por lo que se inició una investigación en la que se corroboró el incumplimiento de tareas, por lo que fue imputado.

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