El presidente del Congreso Nacio­nal, el senador Basi­lio Núñez, manifestó que el próximo lunes 28 de julio mantendrán un encuen­tro con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centu­rión, con el fin de agilizar en el Legislativo el proyecto que plantea la reforma del trans­porte público impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña.

“Le vamos a dar la mayor importancia y celeridad. La ministra de Obras Públicas está invitada a la reunión de líderes y vicelíderes de bancadas prevista para este lunes a las 9:00 antes del desarrollo de la mesa direc­tiva”, comentó el legislador a los medios de comunicación. Núñez estima que el trata­miento de la propuesta en el Congreso Nacional abarcaría un periodo de 30 días.

Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran ope­rar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.

Asimismo, promueve la com­petencia para elegir a opera­dores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.

A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuen­cias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas. Otro de los puntos que contempla la propuesta es la creación de un fideicomiso que adminis­trará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabili­dad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.

La reforma establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes acce­sibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayo­res y personas con discapaci­dad.

Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determi­nado. Así también, contem­pla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuánto van a demorar y cómo llegar más rápido.

• Ciudad del Este. Agencia regional

El conflicto entre la Municipalidad de Hernandarias y las empresas de transporte público continua, sin aparente viso de solución. La Junta Municipal recomendó al ejecutivo municipal iniciar trámites para la licitación de los itinerarios urbanos que dejaron de ser cubiertos por las empresas de transporte público.

La medida es como protesta por la incorporación de tres ómnibus eléctricos dentro del sistema de servicio interurbano de ómnibus que cubre Hernandarias/Ciudad del Este. Son buses donados por el gobierno de Corea.

Esto fue señalado por el titular del cuerpo legislativo comunal, concejal Celestino González, quien indicó que, si las empresas no cubren el itinerario, deben dar una solución a la ciudadanía y para ello, una licitación en busca de nuevos servicios, es lo que corresponde. Las empresas dejaron los itinerarios barriales y siguen cubriendo la conexión con Ciudad del Este.

En contrapartida, la presidente de la la Asociación de Transporte de Pasajeros del Este, Carolina Coronel, refirió que los itinerarios barriales que dejaron de cubrir en Hernandarias, nunca tuvieron una ordenanza de funcionamiento y se venía operando sin respaldo documental.

En cuanto a los buses eléctricos, manifestó que el servicio que está haciendo la institución municipal es ilegal porque no disponen de autorización de la Dirección Nacional de Transporte Público (Dinatran), para operar dentro del sistema de transporte público de pasajeros. Mencionó que la autorización que dice tener la comuna, no es para operar con pasajeros del servicio público, sino para coberturas especiales.

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“No podemos dejar un mal presente, en qué quedan las inversiones de las empresas de transporte, es una competencia desleal, ingresaron al sistema sin ninguna ley, ni marco legal, el funcionamiento ilegal”, expresó la titular del gremio de transporte de Alto Paraná.

Agregó que, ante esta situación, lo que hicieron las empresas es dejar de cubrir itinerarios que no tienen habilitación, ni respaldo municipal. La empresaria Carolina Coronel dijo que, desde el Viceministerio del Transporte se aclaró que los buses eléctricos recibidos hasta ahora, no están en condiciones para ser usados como transportes de pasajeros.

El concejal Celestino González, volvió a decir a La Nación/Nación Media que las empresas de transporte público de Hernandarias tienen un pésimo servicio, muy deficitario en varios aspectos. El incumplimiento de itinerarios urbanos, deficitaria condición técnica de las unidades de transporte, la falta de previsibilidad de salidas porque, el usuario no tiene la seguridad de contar con ómnibus en determinados horarios, son algunas de las falencias citadas por el titular de la Junta.

El concejal anunció que mañana se hará una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, para el tratamiento de la ordenanza tributaria que contemple la operación de los tres buses eléctricos, que se incorporan al transporte público.

En tal sentido, se cumplió un mes de la incorporación de los transportes eléctricos y se dejará la gratuidad para empezar a cobrar a los usuarios 5 mil guaraníes como pasaje, al igual que en los demás transportes convencionales. El concejal González, dijo que es por tasa de mantenimiento.

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La mesa tripartita establecida para destrabar la huelga del transporte público acabó ayer de manera exitosa. Tras una serie de concesiones mutuas, finalmente el sector de los empresarios desactivó la huelga que debía iniciar este 21 de julio, un aspecto que resalta la apertura al diá­logo y la madurez para llevar adelante las negociaciones, tanto de representantes del Gobierno como de las empresas. El objetivo era claro: que miles de usuarios del Área Metropolitana y de Asunción no se quedaran sin el servicio imprescindi­ble.

El acuerdo entre el Gobierno (a través del Viceministerio de Transporte y del Ministerio del Trabajo) y los empresa­rios de los dos gremios de transporte más importantes que sirven al Área Metro­politana (Cetrapam y Ucetrama) trajo un alivio inmediato para los miles de usua­rios que dependen del servicio público a diario y que estaban en ascuas, debido a esta amenaza que hace una semana lan­zaron los dueños de los buses.

Al concretarse la suspensión de la huelga se evitó una paralización que habría afec­tado gravemente la movilidad laboral y estudiantil en una zona populosa, sen­sible y vital del departamento Central que son las ciudades como San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, Capiatá, Villa Elisa o Mariano Roque Alonso, que día a día movilizan a miles de personas y pasajeros de buses en la inter­conexión de estas urbes.

Las empresas reclamaban el pago de sub­sidios atrasados. El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas honró el pago de la cuota del mes de mayo y hubo un compro­miso de asumir el faltante (el del mes de junio) en los próximos días, mientras que el Viceministerio de Transporte acordó revisar los costos operativos sin modi­ficar la tarifa vigente, aunque se traba­jará en un mecanismo para actualizar las variables de sus componentes. Ape­nas el miércoles, el Gobierno pagó casi 4 millones de dólares que se adeudaba a las empresas del sector en concepto de sub­sidio atrasado, lo que allanó en parte el camino para arribar a un acuerdo.

Por otra parte, el compromiso de mante­ner la tarifa actual representa un respiro para el bolsillo de la gente, en un contexto de aumento generalizado de precios. La promesa oficial de revisar los costos ope­rativos (proceso que se hará a través de una empresa internacional que ayudará a socializar la tarifa técnica) y garantizar pagos puntuales no asegura una mejora en la calidad del servicio, pero se buscará no afectar a los usuarios.

Es meritorio que un diálogo de esta importancia llegue a buen término. Pero no es menos cierto que lamentablemente el acuerdo también revela la fragilidad estructural del sistema de transporte público, sostenido por millonarios sub­sidios estatales que solo ha significado que las empresas se beneficien y que el servicio siga siendo decepcionante para el usuario. En otras palabras, el diálogo evitó el paro, pero el problema de fondo –un modelo ineficiente, paupérrimo y sostenido con fondos públicos– sigue sin resolverse.

Es por ello que el anuncio hecho esta semana por el Poder Ejecutivo sobre la presentación de la mentada reforma del sistema de transporte cobra una enorme importancia y trae cierta esperanza de que el estado deplorable hoy del servi­cio puede tener otro rumbo a partir de la transformación.

El propio presidente de la República, San­tiago Peña, lo confirmó ayer durante su gira por el este del país. Este proyecto se enviará la próxima semana al Congreso y pretende no solo transformar el servicio que se presta en el Área Metropolitana, sino más que nada dignificar al usua­rio, que es el eslabón más susceptible de esta cadena. Como un ejemplo del interés puesto por el Ejecutivo a esta iniciativa, el primer mandatario pidió a los parlamen­tarios darle un trámite acelerado a esta petición que busca una expeditiva imple­mentación de un derecho que hace rato se merecen los habitantes de las ciudades de Asunción y del departamento Central: un sistema de transporte eficiente, previsi­ble y económico.

Hay voluntad política para concretarlo; ese por lo menos es el interés del presi­dente Peña, que se ha empeñado en resol­ver de modo definitivo esta dificultad que se arrastra desde hace décadas. Miles de usuarios que soportan a diario este calva­rio esperan con avidez un giro histórico a este reclamo de antaño.

El proyecto de instalación de una fábrica de ensamblaje de buses eléctricos en Minga Guazú, Alto Paraná, sigue avanzando. Directivos de la empresa taiwanesa Master Transportation Bus Manufacturing Ltd. se reunieron con el viceministro de Industria, Marco Riquelme, para conversar sobre el plan de producción. Se prevé que las primeras unidades estén listas en el 2026.

La comitiva, liderada por el presidente de la compañía, Ting-Fa Wu, presentó detalles del proyecto y los beneficios a través de la innovación tecnológica que integran este lote de buses eléctricos que se ensamblarán en el país, haciendo especial énfasis en la reducción de los costos operativos y de infraestructura a largo plazo.

Riquelme indicó que, aunque la inversión inicial en la adquisición de buses eléctricos sea superior a la de los ómnibus convencionales en el país, el ahorro generado en un plazo inferior a 10 años compensa ampliamente el sobrecosto inicial.

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Al respecto, dijo que esta compensación se logra gracias a la disminución en el consumo de combustible, los menores gastos de mantenimiento y la mayor durabilidad de los componentes eléctricos, destacando a la vez el impacto positivo que tendrá la incorporación de este tipo de unidades en el sistema de transporte público en cuanto a reducción de las emisiones de carbono.

La compañía, cuya fábrica estará asentada en el Parque Tecnológico Inteligente de Taiwán, proyecta no solo abastecer al mercado local, sino también responder a la demanda del Mercosur. Esta iniciativa apunta a posicionar al país en un centro regional de producción de buses eléctricos, dando impulso al desarrollo de la industria automotriz y la generación de puestos de trabajo. La inversión anunciada por la empresa es de USD 30 millones.

El embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng Han, había informado que el proyecto contempla la creación de 500 empleos directos, pudiendo ampliarse a 2.500 puestos de trabajo de forma indirecta. La planta industrial tendrá capacidad para ensamblar 500 unidades por año, cifra que podría aumentar de acuerdo a la demanda.

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