El presidente de la República, Santiago Peña, lideró la presentación del paquete de 10 proyectos de leyes económicas que, según afirmó, marcan el rumbo hacia un Estado más moderno, eficiente y orientado a generar oportunidades reales para la ciudadanía. Las iniciativas apuntan a reformas estructurales que abarcan desde la administración pública hasta el impulso del sector productivo y la atracción de inversiones.

“Este no es un gobierno que viene a administrar lo que ya existe, sino a transformar el Paraguay”, expresó Peña en un mensaje publicado en su cuenta de X, alegando que estas propuestas legislativas buscan modernizar el sector público, mejorar la calidad del transporte público, dinamizar la economía nacional y adecuar el marco legal del país a estándares internacionales.

Entre los proyectos destacados figuran la fusión de instituciones públicas para optimizar recursos, la creación de incentivos fiscales para promover inversiones y el fortalecimiento de sectores clave como la industria, el turismo y la maquila. También se incluyen medidas para impulsar la producción de tecnología nacional, fomentar las energías renovables y facilitar un sistema de arbitraje más ágil y confiable para resolver disputas comerciales.

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El Ejecutivo también plantea una reforma profunda del sistema de transporte, con el objetivo de devolverle calidad y seguridad al usuario, en un contexto donde el servicio actual es ampliamente cuestionado por la ciudadanía. Se espera que esta transformación no solo mejore la movilidad urbana, sino que también tenga un impacto económico al facilitar el acceso al trabajo y a los servicios.

Asimismo, se prevé una modernización del mercado de valores paraguayo, con miras a potenciar las herramientas de financiamiento a largo plazo, clave para el desarrollo de proyectos estratégicos. La actualización del marco jurídico también buscará dar mayor previsibilidad a los inversionistas, un factor considerado fundamental para el crecimiento económico sostenido.

Desde el Gobierno aseguran que este paquete de reformas constituye una hoja de ruta clara para el fortalecimiento institucional del país, con reglas de juego estables y una visión de desarrollo a largo plazo. Ahora queda en manos del Congreso Nacional el análisis y tratamiento de estas propuestas que, de aprobarse, “podrían marcar un antes y un después en la política económica y social del Paraguay”.

El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Reforma Estructural del Transporte Público, en el marco del paquete de reformas que plantea el Ejecutivo al Congreso nacional. Con esta propuesta apunta a un sistema “más justo, moderno y digno para todos”, enfatizó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la presentación.

Mencionó que, con ello, se busca dejar atrás un modelo que expulsa usuarios y avanzar hacia un servicio que recupere la confianza ciudadana. La presentación se realizó en Palacio de Gobierno, con la presencia de diversas autoridades. “El transporte debe crecer con la sociedad, evolucionar con sus necesidades y mantenerse vivo”, remarcó.

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La ministra Centurión afirmó que se trata de una reforma trascendental para el transporte público. Señaló que la propuesta remitida al Congreso Nacional impulsa una reforma largamente anhelada, profundamente necesaria y absolutamente impostergable.

“La reforma comienza por un Estado fortalecido, con reglas claras y una gestión moderna”, subrayó. Al tiempo de resaltar que es una iniciativa para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente de la Republica, Santiago Peña, insistió en su pedido a los legisladores de la Nación, para que le den celeridad en su tratamiento en el ámbito parlamentario.

“Esto nos dará la posibilidad, de contar con la herramienta lo antes posible, porque la aprobación de la ley va a ser el inicio del proceso, de una reforma que llevará su tiempo”, explicó el mandatario.

Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.

Asimismo, promueve la competencia para elegir a operadores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.

Ahora, con esta ley se separan los contratos:

• Operación; empresas especializadas en prestar el servicio de transporte y encargada de toda la dinámica de la operación y mantenimiento de buses. 
• Flota: empresas encargadas de proveer con un modelo de financiamiento que propicie la inversión privada en flota. 
• Infraestructura: empresas responsables de terminales, paradas y depósitos

A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuencias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas.

Otro de los puntos que contempla la propuesta, es la creación de un fideicomiso que administrará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabilidad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.

Establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes accesibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determinado. Así también, contempla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuanto van a demorar y cómo llegar más rápido.

En otro momento de su intervención, la ministra Centurión sostuvo que la implementación de la reforma será gradual y transitoria, con avances sostenidos hacia un nuevo sistema de transporte más eficiente.

Como medidas inmediatas, mencionó la ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.

La secretaria de Estado insistió en la necesidad de custodiar esta transformación en el tiempo, evitando retrocesos en políticas que impactan directamente en la vida de las personas.

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El gobierno del presidente Donald Trump informó este viernes que Estados Unidos rechaza los cambios acordados en 2024 por los países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las medidas para combatir las pandemias por considerar que violan su soberanía.

En cuanto regresó al poder el pasado 20 de enero, Trump decidió retirar a Estados Unidos de este organismo de la ONU, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.

El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, muy crítico con las vacunas, arremetieron en un comunicado contra los cambios. “Corren el riesgo de una interferencia injustificada” en el “derecho soberano nacional a elaborar nuestra política sanitaria”, dicen.

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“Anteponemos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que infrinjan la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses”, añaden.

Rubio y Kennedy desvincularon a Estados Unidos de una serie de enmiendas a los reglamentos sanitarios internacionales que proporcionan un marco legal para combatir enfermedades, acordadas el año pasado en la Asamblea mundial de la salud en Ginebra.

Las enmiendas introducen la noción de “urgencia pandémica” y más “solidaridad y equidad”, según la OMS.

En su oposición a las enmiendas, Rubio y Kennedy también estiman que los cambios “no abordan adecuadamente la susceptibilidad de la OMS a la influencia política y la censura, especialmente de China, durante los brotes”.

• Fuente: AFP

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. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Romero Valdovinos, que había hecho de vocero, refirió que estaban preparando siete proyectos de leyes que próximamente enviarán al Congreso para su estudio.

La idea es adoptar normas y disposiciones que “beneficiarán el funcionamiento de la economía, fomentarán la creación de empleo e irán en la línea de continuar con la reforma del Estado”, definió el secretario de Estado el propósito que tiene el Ejecutivo a los representantes de la prensa.

Inmediatamente, uno de los más poderosos gremios del sector privado, la Unión Industrial Paraguay (UIP), manifestó su apoyo a lo anunciado por el ministro de Economía en un comunicado, resaltando que los siete proyectos de leyes tendrán un fuerte impacto en la economía del país, en la generación del empleo y la modernización del Estado, parafraseando los dichos de Fernández.

El gremio fabril resalta que el conjunto de reformas que enviará el Gobierno al Parlamento Nacional incluye muchos asuntos importantes, como la reestructuración del aparato estatal, la modificación del sistema jurídico que rige el mercado de capitales, la promoción de energías renovables con la intervención de entidades del sector privado, la actualización de los sistemas y normas que incluyen incentivos para realizar inversiones, como el caso de la Ley 60/90 y la que regula la maquila.

Esto además de lo más novedoso, que es la creación de un nuevo régimen que incentiva y regula el ensamblaje de artículos electrónicos y productos digitales.

Debido a la trascendencia que tendrán en la vida del país las medidas que tomará el Poder Ejecutivo con los mencionados proyectos legales, el gremio industrial señala que “han acompañado de cerca el proceso de elaboración de algunas de estas propuestas, aportando comentarios técnicos y constructivos en espacios de diálogo institucional con autoridades”.

“Nuestro compromiso ha sido y continúa siendo el de contribuir activamente para que estas reformas reflejen las necesidades del país, respondan a los desafíos actuales y promuevan condiciones sostenibles para el desarrollo económico y social del Paraguay”, apunta el documento de los industriales.

La actitud asumida por los empresarios de la industria es llamativa y demuestra que en ese sector son conscientes de los requerimientos económicos más importantes que tiene nuestro país.

Que hay que reformular muchas cosas, que para avanzar en el crecimiento no se necesita solo invertir capital financiero, que es muy importante, sino también poner a punto la estructura del Estado en muchos capítulos de la vida nacional.

Uno de ellos es la burocracia que a lo largo de décadas se ha ido agrandando innecesariamente bajo las alas de los organismos estatales sin importar mucho su eficiencia y utilidad.

Este gobierno ha demostrado que existe una clara conciencia de lo que se necesita reformular. Y no solo eso. Está manifestando el interés y la voluntad de achicar el aparato estatal innecesario para que le pese menos a la ciudadanía y constituya un instrumento eficiente para servir a la gente y perseguir el desarrollo.

La administración actual puede darse el lujo de mostrar los buenos resultados obtenidos con la reestructuración del aparato estatal que inició hace dos años con la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que absorbió la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, además de otros entes como la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación que habían sido incorporados como parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las nuevas leyes que prepara el Gobierno para achicar el Estado y realizar transformaciones importantes en la vida del país tienen que tener el aval de la ciudadanía, pues cuanto más apoyo reciba el aparato estatal será más beneficioso para todos.

Por eso hay que aplaudir la actitud de los industriales y de todos cuantos se pliegan a la tarea de cooperar con los que procuran mejorar la estructura del Paraguay para que sea más eficiente en el camino del progreso económico y social. El trabajo es de largo alcance y necesita del apoyo de la gente para que sea más provechoso.