El Gobierno de Argentina, mediante el decreto 366/2025 firmado por el mandatario Javier Milei, oficializó su reforma migratoria estableciendo criterios estrictos para la residencia de extranjeros y la facilitación de los procesos de deportación para quienes cometan delitos en el vecino país.

“El Gobierno de Argentina ha reconocido la necesidad de adaptar su política migratoria a las nuevas realidades, asegurando que el país siga siendo un destino atractivo para los inmigrantes, pero con un marco legal que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes”, sostiene el documento.

La medida quedó firme ayer jueves tras la publicación de la resolución presidencial en el boletín oficial. La reforma migratoria también fija mayores controles en las fronteras y regularización de la situación de inmigrantes.

Desde el gobierno argentino se argumenta que las modificaciones incorporadas a la normativa de Migraciones 25.871 tienen como objetivo impedir el ingreso de extranjeros que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que las personas que ingresen lo hagan de forma legal y con intenciones claras y legítimas.

De acuerdo a la publicación realizada por el medio argentino Infobae, la reforma aplicada por Milei también establece cambios a la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346.

“El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Asimismo se estableció que si aun cuando su condición migratoria fuera irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario” ya sea de carácter público o privado.

Con relación al ámbito de la salud, se aclaró que en caso de emergencia “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria”, mientras que los “extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

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Señala que “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.

En la reforma migratoria se ha fijado que los inmigrantes deberán presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina, exponiendo los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos.

Igualmente se ha potenciado el control sobre la documentación presentada por los extranjeros, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se han endurecido las sanciones para aquellos que ingresen de forma irregular o presenten documentaciones falsas.

En el ámbito de la educación superior, el decreto expresa que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.

Sobre los estudios de grado de gestión estatal, se estableció que “serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.

Se menciona que dichas instituciones “podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

Aquellas personas que no cuenten con la residencia permanente en el país, podrán acceder y “ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Entre los puntos principales de la reforma migratoria, se fijo la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, cuyo fin será fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a aquellos que realicen inversiones significativas. Se busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico del vecino país.

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• HOY.COM.PY

Los resultados del viaje presidencial a Japón, además de acuerdos estratégicos, también se resumen en cifras monetarias. Según el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay consiguió al menos 500 millones de dólares.

Posicionar a Paraguay a nivel mundial y levantar la bandera de estabilidad y confianza, en medio de un ambiente de incertidumbre en el escenario mundial, son objetivos que lleva la delegación paraguaya en todos los viajes.

Luego de 10 años de espera, Japón y Paraguay firmaron un acuerdo de inversión que reconoce a nuestro país como socio estratégico para las inversiones japonesas, dentro de un contexto no solamente de comercio, sino de ubicación geográfica como la puerta de entrada al Mercosur.

“De este viaje trajimos mínimo 500 millones de dólares, de los cuales, 250 millones son del fondo forestal Sarte, que incrementa la capacidad que tiene Paraguay en este rubro importante, eso fue anunciado por el propio dueño, quién sabe cuántas decisiones de inversión van a venir de ese anuncio”, explicó Jiménez.

Por otro lado, un crédito de 240 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) para la financiación del Corredor Suroeste, que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Además, la habilitación del ingreso sin visa para los compatriotas que visiten Japón por periodos cortos, y la firma del acuerdo de consultas políticas que llevará la cooperación a un nivel aún más profundo.

Para Paraguay, el impacto económico directo incluye la atracción de capital japonés, principalmente en sectores estratégicos como infraestructura, agroindustria, energía y tecnología, según el MIC.

Uno de los aspectos destacados es el impulso a la agenda comercial paraguaya con Japón, orientada a diversificar mercados y acelerar el acceso de productos como la carne paraguaya al mercado japonés.

También se contempla la integración de Japón en el desarrollo del Corredor Bioceánico, conectando al Paraguay con el Pacífico a través del Puerto Franco en Chile, en una estrategia regional de conectividad logística.

Además, el MIC refiere que la designación de Paraguay como socio estratégico en áreas como la seguridad alimentaria de Japón abre además oportunidades de cooperación en innovación agrícola y sostenibilidad productiva.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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El Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) proyecta que durante el Paraguay Business Week se puedan generar alrededor de USD 650 millones en intención de negocios. El evento se desarrollará en Ciudad del Este, Alto Paraná, del 8 al 10 de setiembre, convirtiendo a la ciudad en un epicentro de inversión, innovación y comercio.

El viceministro de Rediex, Javier Viveros, destacó el potencial de negocios que tiene el evento Paraguay Business Week, ya que incluye tres eventos importantes que ya existían anteriormente como el Alto Paraná Invest Forum, la Expo Paraguay Brasil y la Expo Maquila, a desarrollarse en un solo escenario, que será el Gran Nobile Hotel and Convention de Ciudad del Este.

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Viveros explicó que la expectativa es generar unos USD 650 millones en intención de negocios, principalmente en la Expo Paraguay Brasil, que tiene una meta de USD 500 millones. Para ello, adelantó que se implementará un mecanismo que buscará conectar a empresarios e inversionistas que compartan intereses comunes.

“Este año implementamos un matchmaking, un proceso que busca conectar a personas o entidades que comparten intereses, objetivos o necesidades en común, del banco de proyectos, donde vamos a presentarle a los inversionistas interesados proyectos concretos”, dijo a la 1000 AM.

Por otra parte, destacó que tienen unos USD 150 millones en proyectos a ser presentados en cooperación con la Unión Europea y que el evento en general busca posicionar a Paraguay también en el exterior.

“Queremos ser una referencia de negocios en Paraguay, esperamos la participación de unas 3.000 personas, por fin podemos lograr una sinergia entre el sector público - privado, con la generación de empleos”, explicó el viceministro.

En cuanto a la maquila, recordó que gran parte de las empresas están instaladas en Alto Paraná, por lo que consideró propicio realizar la actividad en dicho departamento. Mencionó también que el objetivo principal de esta actividad, además de atraer inversiones, es generar empleos en línea con la meta del Gobierno.

“Estos eventos se realizaban en Asunción y vimos la oportunidad de hacerlo en Alto Paraná. Hay datos que hay que tener en cuenta, el 50 % aproximadamente de las maquilas del Paraguay provienen de inversiones del Brasil y cerca del 70 % de las maquiladoras están en Alto Paraná”, subrayó.

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