El Poder Ejecutivo promulgó recientemente la nueva ley de alianza público-privada, la cual contiene los nuevos mecanismos que se darán los convenios con el sector privado. Esta nueva normativa amplía su alcance incluyendo a los servicios públicos, entre ellos el rubro de las telecomunicaciones, abriendo la posibilidad para que la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), pueda valerse de la misma dentro de su intención de establecer una alianza con un socio privado.

“Nosotros estamos buscando un socio estratégico y estamos conversando con varios de ellos. Uno de los puntos que estamos analizando es el marco jurídico que vamos a utilizar para hacer la concesión y esta ley nos da una opción más para tener capital privado en cooperación con el Estado, que en este caso es Copaco”, explicó Óscar Stark, presidente de Copaco a La Nación/Nación Media.

El titular de la compañía afirmó que esta nueva legislación es muy útil, puesto que la anterior no contemplaba la posibilidad de establecer alianzas con respecto a las instituciones que brindan servicios públicos. “Es una opción más y la vemos con buenos ojos”, añadió. Además de esta ley, Copaco cuenta con otras opciones legislativas a las cuales podrá acudir para la recuperación financiera y técnica de la institución.

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“Hay tres opciones, una que se haga una nueva ley específica que permita una concesión por 20 o 30 años, como es el caso de Tren de Cercanías que tiene una ley reciente o que permita la venta de hasta el 49 % de venta de las acciones. En la ley se estipularía qué parte de las acciones van a estar a cargo del sector privado, es decir, toda la parte de organización, reingeniería y de negocios y las cuestiones más estratégicas quedarían a cargo del sector público”, detalló.

La segunda opción es la nueva ley de APP y la tercera alternativa que de momento es la que consideran como más válida, es recurrir a la ley n° 117 que regula los convenios específicos y que aborda las inversiones de parte del sector privado y el riesgo compartido. Este marco jurídico servirá para optar por alguna de las propuestas que están siendo analizadas, señaló Stark.

A la fecha, existen alrededor de 27 empresas interesadas en convertirse en socias de Copaco. “Tres proponen soluciones integrales, incorporan dentro de su propuesta participar dentro de la gobernanza de Copaco y estamos ahora en conversaciones con esas empresas y con otras siete. Creemos que en los próximos meses se va a tomar una decisión con respecto a eso, que consideramos se dará dentro del primer semestre y luego de eso ya podremos avanzar en los acuerdos de manera concreta”, expuso.

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La intención que tiene Copaco es poder definir un socio estratégico con el cual se pueda desarrollar un plan que permita la recuperación de la sostenibilidad de Copaco en términos financieros y técnicos, de modo que la institución sea útil para el desarrollo económico del país.

“No solo va a aportar los recursos que necesita, sino también el conocimiento, la tecnología, la forma de gestión, porque Copaco debe cambiar su forma de trabajar para hacerse sostenible”, refirió.

Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)

Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) Paraguay contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.

La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.

Esta nueva normativa, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.

También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.

Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.

“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.

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El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.

“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.

La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.

“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.

Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.

“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.

Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.

Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.

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Las obras del Corredor Norte, impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), alcanzaron un avance del 84 %, encaminándose así hacia su recta final. Este proyecto beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de San Pedro y Concepción.

Esta nueva carretera, que abarca 150 kilómetros de la ruta PY22, tiene como objetivo mejorar la conectividad y dinamizar la economía regional, especialmente en ciudades como San Pedro del Ycuamandiyú, Nueva Germania, Concepción, Horqueta y Belén.

El Corredor Norte es considerado una obra clave para la infraestructura vial del país. Su financiamiento proviene del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), con una inversión de G. 658.885 millones.

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El proyecto avanza en tres lotes. En el Lote 1, adjudicado a Ecomipa S.A., las labores se desarrollan entre el cruce Yakare Ñe’e y el km 50 de la PY22, con actividades de terraplén, suelo mejorado, sub-base de suelo cemento, base granular e imprimación, alcanzando un avance del 67 %.

En el Lote 2, a cargo del Consorcio Vial Oriental, las obras cubren desde el km 50 hasta el km 88,8 en Belén. Allí se ejecutan trabajos de terraplén, base granular, carpeta asfáltica y obras de arte. Además, se está construyendo un puente de 200 metros sobre el río Ypané y se mejorará el acceso al puerto Ybapovó con una capa de ripio, logrando un avance del 88 %.

El Lote 3, desarrollado por Acaray S.A., se encuentra en su recta final. Este tramo conecta Horqueta con Belén y Concepción, con trabajos complementarios de base granular para el empalme de la D029 con la PY05, cordón cuneta y base granular en la zona urbana de Belén para su empalme con la PY22.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7452 que moderniza la antigua Ley de Alianza Público Privada (APP) de 2013. Las modificaciones a la normativa fueron hechas a fin de promover la inver­sión en infraestructura, con base en los estándares inter­nacionales de acuerdo a otros modelos de APP.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó al res­pecto que esta reforma a la normativa trae consigo dos posibilidades cruciales para el desarrollo del país: paliar el déficit de infraestructura y ampliar el espacio fiscal para poder financiar más obras.

“Creemos que con estas modificaciones se podrá tener mayor dinamismo ante la carencia de infraes­tructura que tenemos y la carencia de espacio fiscal que teníamos para financiar más obras”, expresó este miérco­les el secretario de Estado a la 1080 AM.

Recordó que una de las obras más importantes que se pudo realizar vía APP fue la ampliación y mejora de la ruta PY02, a la que calificó como el proyecto más exi­toso actualmente. Comentó que hubo iniciativa para realizar proyectos con esta modalidad, pero que los pro­cesos eran complejos. Uno de ellos era el plazo de lici­tación para el sector pri­vado. Dijo que el tiempo era muy corto. Con la nueva ley, se amplía el tiempo “de tal manera de que el costo de la obra se pueda dirimir con más tiempo”.

El titular del MEF adelantó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está trabajando para licitar dos importan­tes proyectos: modificar las rutas que van de Luque a Ypacaraí, Luque a San Ber­nardino y la ruta PY06. Estas dos obras no se podían ejecu­tar con la anterior ley.

“Estos dos proyectos van a entrar bajo esta nueva ley de APP. Hay que recordar tam­bién que la ruta PY01 está siendo licitada y creo que para marzo estarán abriendo las ofertas. Adicionalmente esperamos que también en agua y saneamiento poda­mos tener obras; no pense­mos infraestructura única­mente como rutas, hay más cuestiones”, precisó Fernán­dez Valdovinos.

Desde el Ejecutivo señalan que la normativa es una herramienta clave para el crecimiento económico del país.

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7452 de “Modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestruc­tura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargos del Estado”, la cual establece nuevos lineamientos para las alian­zas público-privadas.

La promulgación de esta ley se dio el martes 28 de enero y desde la Presidencia afirma­ron que esta ley es una herra­mienta clave para el creci­miento económico del país. Esta normativa crea y regula un marco legal e institucional para la implementación efec­tiva de proyectos a lo largo de su ciclo de vida, asegurando que se cumplan los principios de esta ley.

De esta forma, la ley también contempla los tipos de proyectos que podrán ser llevados adelante bajo las con­diciones de esta figura, siendo estas obras en las hidrovías, dragados, señalización y man­tenimiento de la navegabilidad de ríos, lagos y otros cursos hídricos. También será admi­sible para proyectos en aero­puertos, construcción, reha­bilitación y mantenimiento de rutas, líneas ferroviarias, puentes nacionales e inter­nacionales, provisión de agua potable, generación, transmi­sión, distribución y comercia­lización de energía eléctrica, cemento, servicios de teleco­municaciones, entre otros.