El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

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Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".

El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) reci­bió este martes las ofertas económicas para la dupli­cación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo que une Cuatro Mojones con Quiindy. El proyecto se desa­rrollará bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP) e implica una inver­sión estimada en USD 428 millones, con un alcance de 108 kilómetros.

La obra impactará directa­mente en la vida de más de 2.600.000 personas de los departamentos de Central y Paraguarí, además de bene­ficiar a Misiones e Itapúa. En esta etapa del proceso licita­torio, dos consorcios pre­sentaron sus ofertas por los Pagos Diferidos de Inversión (PDI) semestral.

El consorcio Desarrollo Vial al Sur, conformado por Sacyr Concesiones SL y Ocho A SA, ofertó USD 25.705.143, mientras que el consorcio Rutas del Merco­sur, integrado por Tecnoe­dil SA, Alya Constructora SA, Construpar SA y Semisa Infraestructura SA, pro­puso USD 24.077.936,70.

Las propuestas serán anali­zadas por el Comité de Eva­luación, que deberá recomen­dar la adjudicación conforme a los criterios técnicos y eco­nómicos establecidos. Al res­pecto, el intendente de Para­guarí, Marcelo Simbrón, celebró el avance del proceso y resaltó el impacto directo que tendrá en la calidad de vida de los ciudadanos. “Es un proyecto fundamental que agilizará el tránsito de los ciudadanos de Paraguarí que viajan a Asunción a tra­bajar todos los días”, afirmó. También valoró el poten­cial turístico que generará la obra, al facilitar el acceso a los atractivos naturales e históricos de la zona.

Por su parte, el diputado Este­ban Samaniego remarcó la importancia estratégica del tramo Paraguarí-Asunción y su actual condición como “cue­llo de botella”. Según indicó, con esta duplicación se espera una mejora significativa en los tiempos de viaje, reducción en el consumo de combustible y un alivio tangible para los miles de usuarios diarios. “Espera­mos iniciar las obras en 2026, marcando un antes y un des­pués en la conectividad del país”, sostuvo.

El proyecto incluye tanto la construcción como el man­tenimiento ordinario y mayor durante los 30 años de conce­sión. Representa una de las iniciativas viales más rele­vantes impulsadas por el actual Gobierno, con miras al desarrollo logístico, la des­centralización productiva y la integración de regiones clave del sur del país.

Alcanzó los G. 2.898 billones, unos USD 365 millones, representa el 30,3 % del Presupuesto y el 0,8 % del PIB.

De enero a junio de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Central alcanzó los G. 2.898 billones, unos USD 365 millones, lo que representa el 30,3 % del Pre­supuesto General de la Nación (PGN) y el 0,8 % del producto interno bruto (PIB).

Según datos del informe de Situación Financiera (Situ­fin), el principal ejecutor de esta inversión fue el Ministe­rio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC), que con­centró la mayor parte de los desembolsos con proyectos vinculados a la red vial, man­tenimiento de rutas, pavi­mentación de caminos rura­les, construcción de puentes y obras de alcantarillado sani­tario.

Estas iniciativas forman parte del plan del Gobierno para dinamizar la econo­mía, generar empleo y mejo­rar la conectividad a nivel país, para impulsar a Para­guay como hub logístico en la región.

La ejecución acumulada del MOPC se mantuvo firme en relación con años anteriores, superando los niveles prome­dio de ejecución registrados en la última década. También destacan la participación de otras entidades públicas, aun­que en proporciones menores, en proyectos de infraestruc­tura social y productiva.

De enero a mayo, Obras Públi­cas dio inicio a más de 37 con­tratos de obra, por un valor de más de USD 580 millones. “Las obras han ido más rápido que el flujo de caja habilitado y a mayo tenemos 321 millones de dólares imputados, lo que representa un compromiso del 34 % sobre el presupuesto. Esta es una cifra sin prece­dentes en términos compa­rativos con respecto a otros años”, expresó al respecto la ministra Claudia Centurión, durante la última reunión del Consejo de Ministros.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, respondió a las críticas del cardenal Cristóbal López a las autoridades del Gobierno y le pidió una oportunidad para escuchar también al oficialismo y no sólo a la oposición. El legislador dijo que no se puede desconocer las grandes inversiones del Gobierno en áreas sociales.

“Escuché las expresiones del cardenal, veo como algo positivo que haya escuchado a un sector, quisiera que nos dé la oportunidad para escuchar a otro sector, que somos nosotros. Los que estamos en el Gobierno”, enfatizó el parlamentario.

Núñez dijo que no se puede desconocer que el actual gobierno, encabezado por el presidente Santiago Peña, está haciendo una lucha frontal contra el crimen organizado. Además de realizar grandes inversiones en el área de la salud pública, seguridad y educación.

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En una entrevista, el cardenal Cristóbal López había manifestado que cada vez se hace más evidente la connivencia de ciertos sectores del poder político con el Poder Judicial y personas vinculadas a la mafia. “Eso me duele en el alma”, indicó el representante de la Iglesia Católica.

“Le digo al cardenal, con mucho respeto, que en este gobierno se recuperaron las cárceles por el Ministerio correspondiente, en este gobierno tenemos 15.000 policías nuevos, tenemos 1.000.000 de niños que están almorzando, ese es un sector social que estaba desprotegido, se da apoyo al sector de Adultos Mayores, se bajó nueve veces el combustible, entonces falta que nos escuche”, señaló el titular del Congreso.

No obstante, Núñez admitió que aún falta realizar muchas cosas en áreas sensibles de la sociedad. Aunque al mismo tiempo resaltó que el presidente Santiago Peña no recibió el Estado en óptimas condiciones por parte de la pasada administración del Gobierno, que fue dirigida por el expresidente Mario Abdo Benítez.

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La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, firmó la escritura que oficializa la incorporación de los 30 buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán) al sistema de transporte público del área metropolitana de Asunción.

Los buses eléctricos operarán en tres líneas troncales consideradas E1, E2 y E3, que conectarán Asunción con San Lorenzo y Luque, cubriendo ejes estratégicos del área metropolitana.

“En un momento realmente histórico y forma parte de una estrategia más amplia para modernizar nuestro sistema de transporte con un modelo eficiente, limpio y, sobre todo, digno para los ciudadanos”, manifestó la ministra Centurión.

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Los buses, fabricados por la empresa taiwanesa Master Bus, tienen una capacidad para 55 pasajeros y están equipados con aire acondicionado, rampa de acceso, espacio para sillas de ruedas con asientos rebatibles y cargadores USB.

Además, cuentan con un avanzado sistema de seguridad, que incluye un DVR con nueve cámaras de vigilancia y un sistema AVM con cuatro cámaras de detección.

En cuanto al sistema de carga eléctrica, utiliza dos cargadores conectados simultáneamente al mismo bus, lo que permite cargar las baterías en solo 15 minutos, optimizando el tiempo y la eficiencia de la operación.

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, indicó que el proceso de implementación de estos buses avanza en distintas etapas.

“La semana pasada recibimos dos ofertas para la operación de los buses eléctricos. Una de las propuestas provino de un consorcio compuesto por dos empresas, y la otra de una firma individual. Este es el inicio del proceso de selección de un operador competitivo, porque ese es el nuevo modelo: el Estado es dueño de los buses y los operadores son seleccionados por su capacidad”, explicó.

Asimismo, explicó que paralelamente al proceso de selección de los operadores, se está avanzando en la construcción de las estaciones de carga, una de las cuales estará ubicada en el predio de la oficina del Gobierno y la otra en la ciudad de San Lorenzo.

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