De enero a diciembre de 2024, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) recaudó un total de G. 175.768 millones, equivalentes a unos USD 22,4 millones, lo que representó un incremento del 11 % en comparación al 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al respecto, el presidente de la comisión, Carlos Liseras, manifestó que la Conajzar, al pasar a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), las condiciones están dadas para que este año puedan triplicar las recaudaciones del 2024, es decir: estiman recaudar más de G. 500.000 millones.
“La DNIT tiene la infraestructura y logística para enfrentar el flagelo de los juegos clandestinos de azar. En diciembre cerramos con más de G. 175.000 millones, y con la fusión a la DNIT, esa recaudación se va a triplicar”, afirmó Carlos Liseras a la 920 AM.
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En enero reciente, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7.438, que modifica varios artículos de la ley 1016/97 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar. Con esta ley, la Conajzar pasó a depender directamente de Ingresos Tributarios.
El fundamento para esta reestructuración fue que, la DNIT cuenta con la operatividad y personal técnico e infraestructura a nivel nacional para cumplir a cabalidad lo que establece la ley, es decir que se trata solo de una actualización organizacional, sino de una apuesta clara por la modernización, la transparencia y la eficiencia.
A través de esta ley, la DNIT tendrá la potestad de incautar toda explotación clandestina de juegos de azar, materiales, enceres, implementos, documentos, tecnología que esté siendo utilizado para explotación y se podrá disponer el bloqueo de todas las señales clandestinas de juegos de azar. En horas de la tarde de ayer, Carlos Liseras expuso que el presidente estaría firmando el decreto reglamentario de la ley, para oficializar esta dependencia.
Con estas modificaciones no solo se moderniza la estructura regulatoria, sino que la adapta a las demandas del mercado actual. Un órgano regulador más profesional, más estable y más solvente, con un marco jurídico a la altura de los nuevos tiempos.
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