Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, exponen que al ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la Capital y del área metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.

De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.

El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto del 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero del 2020.

La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.

La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.

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De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.

En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio del 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.

Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.

Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.

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- 1998: Elaboración del Plan Maestro CETA 98 (administración municipal de Martín Burt).

- 2009: Actualización del proyecto (Administración municipal de Evanhy de Gallegos).

- Octubre de 2010: Firma del contrato de préstamo con el BID (Gobierno de Fernando Lugo).

- Enero de 2012: BID aprueba el préstamo (Gobierno de Federico Franco).

- Junio de 2012: Gobierno de Federico Franco solicita al Congreso aprobación del préstamo.

- Setiembre de 2012: El Congreso solicita a la Facultad de Ingeniería (UNA) dictamen sobre viabilidad del proyecto.

- Agosto de 2013: La FIUNA recomienda la ejecución del proyecto.

- Diciembre de 2013: Congreso aprueba préstamo con mandato de ejecución.

- Noviembre de 2014: Firma española TAINER Consultores dictamina viabilidad del proyecto. El MOPC había solicitado al BID una revisión (Gobierno de Horacio Cartes).

- Enero de 2017: Inicio de obras frente a la Universidad Nacional (Gobierno de Cartes).

- Agosto de 2018: Entrega al gobierno entrante con 18,5 % de ejecución.

- Octubre de 2018: Gobierno de Mario Abdo suspende obras y ordena intervención.

- Junio de 2019: Interventor recomienda la continuación del proyecto (Gobierno de Abdo Benítez).

- Abril de 2020: Gobierno de Mario Abdo inicia la destrucción de las obras ejecutadas.

La empresa Kamamya S.A., adjudicada por la entidad binacional Itaipú para la provisión de 330.000 muebles escolares, fue habilitada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, según documentos oficiales proveídos por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), sin que hayan surgido cuestionamientos a la comercialización de mobiliarios. La aprobación de la ampliación del rubro para la firma asiática se registró el 16 de febrero del 2023, confirma la Constancia de Registro Industrial.

“El MIC respondió a un medio de comunicación que la constancia de registro industrial presentada en el proceso es oficial. Y tiene fecha de emisión el 16 de febrero del año 2023. Itaipú es solo usuaria de estos documentos oficiales del Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto de Previsión Social y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que acreditan que es empresa nacional y social de la Unión Industrial Paraguaya desde el 2018″, manifestó José Luis Rodríguez Tornaco, director de Comunicación de la represa hidroeléctrica, en comunicación con el diario La Nación/Nación Media.

El citado documento detalla que entre las actividades específicas de la firma, localizada en Ciudad del Este (Alto Paraná) y perteneciente al empresario chino Long Jian, figura la fabricación de frazadas, colchas, edredones, mantas, tejido de punto y ganchillo, todos de materiales sintético; así como la fabricación de sillas y mesas.

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Por otra parte, Rodríguez Tornaco volvió a rechazar las publicaciones periodísticas sobre un supuesto direccionamiento en la licitación, que asciende a la suma de G. 248.713.954.290, a través de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1809-24; que permitirá la renovación de todo el parque del mobiliario escolar en las instituciones públicas que gestiona el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Las industrias paraguayas que participaron de la subasta presencial presentaron una protesta y se les entregó todo el expediente. Nunca manifestaron una objeción a este certificado del Ministerio de Industria y Comercio. Al desestimar su recurso administrativo fueron a la justicia. Su amparo fue rechazado por la justicia”, sostuvo sobre el proceso licitatorio que respetó los marcos legales y la libre competencia con el objetivo de beneficiar al sistema educativo nacional.

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El nivel de endeudamiento de Paraguay, actualmente en torno al 40 % del producto interno bruto (PIB), es manejable y se encuentra dentro de los parámetros de sostenibilidad, de acuerdo con el economista Daniel Correa. Destacó que la solidez macroeconómica y la institucionalidad fiscal del país han sido claves para garantizar que la deuda pública no presente un riesgo para las finanzas nacionales.

Correa, asesor económico y docente universitario, explicó a La Nación/Nación Media que son varios los factores que determinan cuánta deuda puede soportar un país antes de sobrecargarse, entre ellos, la calidad de las instituciones, ejemplificando al Banco Central del Paraguay (BCP) por su independencia y autonomía, y el Ministerio de Economía (MEF), por su responsabilidad en los cumplimientos de las metas. Asimismo, señaló la capacidad de gestión de la deuda y las políticas y fundamentos macroeconómicos.

“La capacidad de un país para endeudarse puede cambiar con el tiempo y también depende del entorno económico mundial. Para su estudio, existen marcos que emplean los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y las calificadoras de riesgos, para evaluar la sostenibilidad de la deuda de los países con acceso a los mercados de capital”, explicó a LN.

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Acerca de la calibración de las evaluaciones, Correa explicó que se realizan en función a episodios anteriores de sobreendeudamiento problemático en grupos de países con características económicas parecidas, y que estas calibraciones producen umbrales o niveles máximos para el análisis de indicadores críticos de la deuda pública que señalan un riesgo mayor si el indicador supera o se prevé que supere tal umbral.

“Estos marcos tienen en cuenta el grado de incertidumbre de las proyecciones de los indicadores de la deuda y del servicio de la deuda, mediante proyecciones y modelos de programación financiera. Como las evaluaciones están basadas en las proyecciones de la deuda, los intereses y las variables macroeconómicas críticas, estos modelos emplean herramientas para medir cuán realistas son los pronósticos”, mencionó a LN.

Para el caso de Paraguay, Correa señaló que el país mantiene un nivel de deuda sostenible, apoyada en sus sólidos fundamentos macroeconómicos y la institucionalidad de la política fiscal. Destacó que, pese a los choques globales de los últimos años, Paraguay ha superado diversos obstáculos gracias a la implementación de políticas económicas adecuadas y oportunas a lo largo de las últimas décadas. “Esto ha sido clave para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública”, consideró el economista, destacando que tales instrumentos fortalecieron los fundamentos económicos del país.

La sostenibilidad de una deuda, insistió Correa, depende de factores institucionales como la política económica y, sobre todo, fiscal, así como otros factores económicos relevantes como los niveles de tasas de interés y moneda en la cual se genera la deuda, así como los factores macroeconómicos internos y externos.

“Bajo estas premisas las autoridades fiscales realizan modelos de sostenibilidad donde los distintos escenarios alternativos, el saldo de la deuda pública en porcentaje del PIB se mantiene en niveles prudentes y sostenibles”, señaló. Las ventajas de Paraguay sobre el resto de los países de la región, de acuerdo con el analista económico, se relacionan con las condiciones de financiamiento público y privado que se puede obtener.

“Lógicamente esto repercute en el rating de las calificadoras que analizan a la economía paraguaya, tal es así que en la medida de mantenerse estos niveles de deuda podría verse mejorada su calificación en los próximos años”, consideró.

Explicó a LN que existen varios elementos para analizar la deuda, entre ellos, las posibilidades de un mayor crecimiento económico y de su diversificación, los niveles de precios de los commodities, la revaluación de la moneda americana, los movimientos de tasas de interés internacional, el crecimiento de los países socios comerciales.

Agregó como otros elementos a la efectividad de la convergencia fiscal, es decir ingresos fiscales sólidos y contención de los gastos, así como las necesidades de inversión en infraestructura en los próximos años, al igual que el manejo y la “guaranización” de la deuda.

Según Correa, la señal de confianza hacia la política económica e institucional del país es clara. Mencionó que existen elementos que se deben seguir fortaleciendo a fin de que efectivamente los capitales se radiquen en Paraguay, así como la reducción de costos de financiamientos, lo que consideró que pueden ser beneficiosos para el sector privado que precisa de fondos.

Consultado sobre la posibilidad de que mayores deudas presionarían a aumentar los impuestos, Correa reiteró a LN que el factor central del cumplimiento de la convergencia fiscal, lo que implica que los recursos fiscales podrán financiar de manera sostenible los gastos públicos. Afirmó que de momento la formalización de la economía es más necesaria.

“Seguramente en algún momento debemos revisar la estructura tributaria y rebalancearlo, mientras debemos seguir aumentando los niveles de formalización. Hay todavía un espacio que puede crecer en materia de recaudación que sumado con las mejoras de eficiencia que ha llevado adelante la Dirección Nacional de Ingresos Tritubarios (DNIT) tendrán un impacto positivo en los ingresos fiscales”, afirmó.

El economista mencionó que, no obstante, como contracara están los gastos que aún requieren ajustes mayores. “Si bien se ha contenido en términos reales el gasto salarial, lo que falta es que ese gasto sea efectivo. Siempre se puede hacer más con menos. La continuidad del manejo de deuda de acuerdo a la estrategia que tiene el MEF será clave”, concluyó.

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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) anunció que Che Róga Porã en su versión 2.0 estará disponible a partir de abril y a través del mismo se ofrecerán cuatro productos, lo cual expande las posibilidades de las familias de acceder a una vivienda propia o incluso remodelar una ya existente.

“Hoy estamos en condiciones de anunciar que el próximo mes de abril arranca oficialmente Che Róga Pora 2.0 esto luego de haber escuchado a las personas en estos 7 meses y tendremos cuatro productos, la gente va a poder construir en su terreno, va a poder comprar un terreno que le gusta y construir ahí su casa, va a poder adquirir una casa, dúplex o un departamento terminado y va a poder ampliar la casa que ya tiene”, explicó el ministro Juan Carlos Baruja.

El anuncio de parte del secretario de Estado fue realizado en medio del acto de inicio de construcción de nuevas unidades habitacionales en los proyectos Luque Fase 1 y Luque Cañada Garay. Che Róga Porã lleva el sello de este Gobierno y a lo largo de su implementación, ha estado enfocado en mejorar de modo a llegar a cada vez más compatriotas, afirmó.

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“Venimos trabajando para romper esas barreras y acercar cada vez más oportunidades a la gente. Son cuatro nuevos productos que vamos a poner a disposición de la ciudadanía a mediados del mes de abril y ahí vamos a pegar un salto enorme, todo lo que hemos aprendido de escucharle a la gente es lo que se empieza a aplicar a partir de Che Róga Porã 2.0″, expuso.

Baruja mencionó que han tomado el ejemplo de otros países con programas habitacionales exitosos como es el caso de Brasil, que con el programa “Mi casa mi vida”, que tiene 15 años de vigencia, hoy es considerado un éxito indiscutido y Che Róga Porã apunta a llegar al mismo sitial permitiendo que más personas puedan tener una vivienda propia.

“De que aquí a un año o dos, gracias a este programa, miles de familias en el Paraguay van a estar viviendo dentro de su propia casa, van a estar pagando algo que es suyo, y eso es porque el Gobierno tomó la decisión en favor de todos los paraguayos. Estamos dispuestos a superar y corregir dificultades, estamos impulsando programas sociales que van a cambiar la vida de todos los paraguayos”, concluyó.

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