El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) cuestionó la decisión unilateral de Argentina de interrumpir los transbordos de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, utilizado por nuestro país desde hace más de cuatro décadas. Afirman que esta medida traería consigo problemas logísticos que podrían disparar el precio del gasoil hasta un 70 %.

Bernd Gunther, presidente de Cafym, explicó a La Nación/Nación Media que la postura de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (Arca) de suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, parte de una interpretación errónea de la Ley 24.093, de actividades portuarias, que podría tener repercusiones en el precio interno del gasoil desde el 26 de julio, fecha en la que la suspensión entraría en plena vigencia.

Leé también: Paraguay podría convertirse en un centro bancario regional, según empresario británico

Gunther explicó que desde 1981 Paraguay realizó en el lugar las operaciones de alije con el control correspondiente de las autoridades pertinentes del vecino país y que no se explica el motivo por el que resolvieron más de 40 años después modificar un trabajo que consideró que es favorable a ambas partes.

Sin embargo, el cambio de los puntos de alije a los puertos propuestos por Argentina, que son en la zona de Paraná Las Palmas, de aguas menos profundas, canal más estrecho y mayor tráfico naviero, provocarían que estas operaciones de trasbordo se cuadrupliquen alcanzando incluso 12 días, lo que traería sobrecostos logísticos que impactarían en el precio final del combustible en torno al 70 % más.

“Al hablar de un aumento del 70% en la logística, eso se refiere necesariamente al costo final del gasoil en Paraguay, y eso sabemos que afecta al consumidor final”, dijo a LN.

El presidente de Cafym afirmó que no están en contra de modificaciones en el sistema de transbordo siempre y cuando sean para optimizar los tiempos y agilizar el tránsito fluvial, por lo que esperan que desde el Gobierno nacional se establezcan conversaciones con los pares argentinos para resolver la problemática.

De acuerdo con Gunther, el kilómetro 171 es el tramo del Paraná Guazú con un ancho canal y aguas profundas que facilitan y agilizan los trabajos de alije. En el lugar no hay puertos, por lo que la labor se realiza sin afectar el tránsito fluvial.

Estas condiciones hacen que los barcos marítimos y las barcazas que llegan hasta nuestro país puedan transbordar el combustible en un máximo de tres días.

“Esa operativa tiene más o menos un ritmo, una productividad de 12.000 cúbicos al día, o sea, cuatro barcazas por día se cargan, se transbordan en esa modalidad y unos tres días uno está transbordando el combustible y luego sube de vuelta a Paraguay”, explicó.

Debido a la falta de infraestructura portuaria en la zona, el titular del gremio de armadores consideró extraña la interpretación hecha por las autoridades argentinas sobre la Ley 93.093 y recordó que la Prefectura Naval Argentina tiene una resolución que permite que en el kilómetro 171 se realicen operaciones de alije.

“Esta operativa no es nueva, el kilómetro 171 se viene utilizando desde los años 80. Hay una resolución de 1981 de la Prefectura Naval Argentina que habilita el kilómetro 171 como una zona operativa de alige o de transbordo de carga”, explicó a LN.

Te puede interesar: Emprender no es solo sentido común: las claves que Jonatan Loidi propone para no fracasar

Argentina deci­dió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupa­ción en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidro­carburos.

Si bien proponen otros 10 puertos alternati­vos, desde el Centro de Arma­dores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unila­teralidad de la decisión y su impacto negativo en el sumi­nistro energético del país y la región. La Agencia de Recau­dación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resol­vió suspender las operacio­nes de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 déca­das Paraguay realiza el trans­bordo de hidrocarburos entre buques bajo supervisión adua­nera correspondiente.

El argu­mento esgrimido por la insti­tución argentina es que el área en cuestión no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros 10 puertos para que los buques paraguayos puedan hacer los transbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Los armadores paraguayos rechazaron la postura adop­tada por el vecino país, seña­lando que incurrieron en una “interpretación errónea” de la Ley 24093, de actividades portuarias, y que desconoce la competencia de la Prefec­tura Naval Argentina sobre las zonas de alijo y “contra­dice décadas de práctica ope­rativa consolidada, segura y eficiente”. “Esta medida, adoptada sin consulta previa ni evaluación de impacto, pone en riesgo la continuidad del suministro de combustibles de Paraguay”, reza el comuni­cado de Cafym.

Desde Cafym señalan que la disposición argentina trae pro­blemas para la logística y trans­porte de combustibles. En ese sentido, enumeraron cinco problemáticas que traería el “traslado forzoso” de las ope­raciones a terminales del río Paraná de las Palmas. En pri­mer lugar, citaron un aumento de más de 8 días en tiempos de reposición de combustibles, así como un incremento de hasta el 70 % en la logística fluvial de abastecimiento.

Ante suspensión de operaciones en Paraná Guazú, Cámara de Comercio solicita que medida sea reconsiderada.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Para­guay (CNSP) expresó su pre­ocupación ante la suspensión de las operaciones de trans­bordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. El gremio pidió la intervención de las autoridades competentes de nuestro país para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en la vía navegable.

“El desvío forzoso de operaciones hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, ten­drá diversas consecuencias, y todas ellas implicarán una suba de precios irremediable­mente, a lo largo de una gigan­tesca cadena de suministro de bienes y servicios”, indi­caron en un comunicado, en el cual señalaron que dicha coyuntura afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cnsp) expresó su preocupación ante la suspensión de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. El gremio pidió la intervención de las autoridades competentes de nuestro país para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en la vía navegable.

“El desvío forzoso de operaciones hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, tendrá diversas consecuencias, y todas ellas implicarán una suba de precios irremediablemente, a lo largo de una gigantesca cadena de suministro de bienes y servicios”, indicaron en un comunicado, en el cual señalaron que dicha coyuntura afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.

La zona afectada es conocida como “Lote Hidrovía Sur” y la situación es considerada una medida unilateral adoptada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero Argentina (Arca), que “pone en riesgo la provisión de combustible para Paraguay, al tratarse de un punto clave utilizado continua a lo largo de varias décadas para el transbordo de este y otros productos”.

Asimismo, instaron a que cualquier revisión futura en cuanto a las condiciones operativas se lleven a cabo dentro de un marco de diálogo técnico e institucional, con la participación de todos los actores involucrados, recordando que Paraguay, como país mediterráneo, depende esencialmente de la libre navegación y de una logística fluida para garantizar su comercio exterior y su abastecimiento interno.

Te puede interesar: BID pone a disposición hasta USD 1.000 millones para modernizar la industria

“Por ello, las decisiones unilaterales que afectan estos procesos deben ser abordadas con responsabilidad y diálogo entre los países involucrados”, manifestaron en la misiva.

Es que si bien Argentina propone otros 10 puertos alternativos se critica la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro del país y la región.

El argumento esgrimido por la institución argentina es que el área no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros para que los buques paraguayos puedan hacer los trasbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Leé también: BID pone a disposición hasta USD 1.000 millones para modernizar la industria

Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.