El Gobierno nacional impulsa una instan­cia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consen­sos entre los sectores involu­crados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, soli­cita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.

La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diá­logo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.

“En conversación con el pre­sidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reu­nión de trabajo con los distin­tos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fis­cal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresi­dente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar even­tuales ajustes al texto apro­bado por Diputados.

Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reu­niones previas con los actores involucrados, antes del trata­miento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está con­vocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modi­ficaciones o sugerencias, estuvi­mos coordinando eso”, indica.

La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciati­vas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sis­tema previsional estatal regis­tra un déficit creciente desde hace más de una década, impul­sado principalmente por regí­menes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficia­rios. De acuerdo con datos ofi­ciales del Ministerio de Econo­mía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.

El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, ade­más de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han gene­rado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efec­tos en derechos adquiridos.

En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.

El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercam­bio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.

“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.

“Esta reforma no los perju­dica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afecta­dos por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectiva­mente sus haberes. La segu­ridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.

“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero única­mente si tomamos decisiones responsables y estructura­les”, advirtió el parlamenta­rio en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.

Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legis­ladores opositores y disi­dentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supues­tamente de manera apresu­rada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

A dichas afirmaciones se suman las amenazas prove­nientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para trun­car el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.

El gremio de ingenieros de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) se expresó conforme con la instalación de una mesa técnica sobre la política de industrialización energética para coordinar los ajustes necesarios para la implementación de los decretos 5306 y 5307 del Poder Ejecutivo. La plataforma se encuentra en un cuarto intermedio tras reunir el lunes pasado a autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Viceministerio de Energía, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y de la Ande, así como a representantes de los trabajadores.

Aníbal Sánchez, presidente de la Unión de Ingenieros de la Ande (UIA), destacó el acuerdo que se dio entre las autoridades y gremios de la Ande en las conversaciones, además del compromiso establecido por parte de los representantes del gobierno de Santiago Peña.

“Creo que fue un avance importante, desde el momento que los representantes del Gobierno se han comprometido en que no se va firmar ningún contrato con ninguna empresa hasta que estemos todos de acuerdo, la resolución que va hacer que esto entre en vigencia el 16 de febrero, también se comprometieron que se va parar”, expuso Sánchez, este miércoles, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Sánchez adelantó que existe una gran probabilidad que ambos decretos sean modificados, con la colaboración de todos los sectores involucrados en el marco del debate en la mesa de trabajo técnico que se instaló.

“Lo que mínimamente va a pasar aquí es que estos dos decretos serán modificados, por lo menos eso es lo que nos dieron a entender los representantes del Gobierno, y con eso estamos muy esperanzados que todos juntos vamos a colaborar de manera a que estos decretos nos puedan permitir recibir en el futuro a grandes empresas, las cuales no solamente ayudarán a la economía de República sino también permitirá cuidar los recursos que hoy tenemos”, refirió.

Sobre la reunión que se desarrolló el pasado lunes, señaló que “en esa mesa estuvimos exponiendo algunas cuestiones que realmente preocupan ya que hoy en día podemos decir que somos un país que tenemos energía puramente renovable, pero esa energía con el consumo que hoy estamos teniendo dentro de la República del Paraguay y sin las inversiones necesarias para que nuestro sistema siga siendo cada más fortalecido es un poco preocupante”.

Afirmó que la energía con la que cuenta Paraguay no es infinita y desde ser resguardada. “Además de cuidarla también debemos ser celosos de ella por lo que estamos en esta lucha ahora de manera a que el Gobierno entienda que la Ande no puede vender su energía por debajo del costo”, apuntó.

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El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, indicó que se conformará un grupo de trabajo técnico que analizará y debatirá sobre la política de industrialización energética en el marco de los decretos 5306 y 5307 del Poder Ejecutivo. Este equipo será instalado tras una reunión entre autoridades y gremios de la empresa estatal, quienes expresan su preocupación sobre estos decretos.

“Valoro mucho la preocupación de los gremios, en este caso de precautelar los intereses de la Ande, por otro lado, también valoro mucho el deseo del Gobierno del Paraguay de buscar y atraer inversionistas a Paraguay para poder desarrollar nuestro país y, en ese contexto, el diálogo es la solución y eso es lo que se hizo ayer”, expresó Sosa, este martes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La reunión entre autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Viceministerio de Energía, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), autoridades y gremios de la Ande, se realizó ayer lunes y se encuentra en un cuarto intermedio.

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“Estuvimos dialogando sobre el tema y llegamos a un acuerdo de conformar un grupo de trabajo técnico a los efectos de evaluar todos los detalles, de la implicancia y la importancia de estos decretos para poder avanzar en esa línea de solución”, detalló el titular de la Ande. También afirmó que el objetivo es debatir los puntos de vistas de las instituciones del Estado y trabajar en un consenso.

“Somos un equipo dentro del Gobierno, siempre procuramos trabajar en equipo, de hecho, cada uno tiene su visión, su punto de vista. Lógicamente, el punto de vista de los ministerios tienen una visión, la Ande tiene otra visión, acá lo que se busca siempre es el consenso y lo que le caracteriza a este Gobierno y lo que siempre nos indica el presidente Santiago Peña es que trabajemos en equipo y en esa línea estamos en este momento con la conformación de este equipo de trabajo”, sentenció.

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Entre 2024 y 2026, el Gobierno destinó USD 256 millones adicionales al sector educativo, atendiendo reclamos históricos del magisterio y consolidando una estrategia de inversión estructural en capital humano.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el esfuerzo presupuestario muestra una trayectoria ascendente.

En 2024, los recursos adicionales asignados a salarios y escalafón docente alcanzaron USD 98 millones; en 2025 se elevaron a USD 178 millones y para 2026 ascienden a USD 256 millones, el nivel más alto del período analizado.

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Para el próximo ejercicio fiscal, USD 203 millones estarán destinados a incrementos salariales y USD 53 millones al pago del escalafón docente, lo que evidencia una política de recomposición sostenida y no dependiente de medidas transitorias.

El impacto de esta estrategia también se refleja en el salario base de los docentes de grado. Entre 2022 y 2025, el ingreso base pasó de G. 3.000.000 a G. 4.126.597, lo que representa un aumento acumulado del 37,6 %, por encima de la inflación del período.

A diferencia de años anteriores, las mejoras se concretaron sin recurrir a bonos ni subsidios excepcionales, fortaleciendo la previsibilidad de los ingresos y la estabilidad del sistema educativo.

Desde la óptica del gasto público, la educación ganó mayor peso dentro del rubro de Servicios Personales. Del incremento total registrado entre 2024 y 2025 en este concepto, el 35,3 % fue destinado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), posicionándolo como el principal receptor de recursos adicionales para salarios dentro de la administración central.

Este enfoque responde a una definición estratégica del Ejecutivo, que coloca a la educación como un pilar del desarrollo económico y social. La mejora de las condiciones laborales docentes busca incidir en la calidad del sistema educativo y, a mediano y largo plazo, en la formación de capital humano, un factor clave para la productividad y la competitividad del país.

En términos fiscales, la política apunta a ordenar el gasto y transformar demandas históricas en compromisos presupuestarios permanentes. La inversión en educación deja de ser una respuesta coyuntural para convertirse en una apuesta estructural, con impacto directo en la sostenibilidad del crecimiento y la reducción de brechas sociales.

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