El presidente del Insti­tuto Nacional de Coo­perativismo (Incoop), Carlos Romero, se refirió a la situación actual de la coo­perativa Poravoty Ltda., que días atrás fue allanada por una investigación de lesión de confianza. Por ahora, esta coo­perativa no puede continuar funcionando con normalidad, debido a la millonaria pérdida de su patrimonio que es muy superior a su activo. Solo puede gestionar cobros de préstamos otorgados.

En conversación con el pro­grama “Dos en la ciudad”, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó que con esta cooperativa existen dos pro­cesos, por un lado, se llevó a cabo una fiscalización luego de una intervención a par­tir del mes de enero. Indicó que se derivó al Ministerio Público unas denuncias que surgieron tras la fiscalización por parte del Incoop, sobre el manejo y algunas irregula­ridades que han detectado y consideraron llamativos por lo que solicitaron la investi­gación fiscal.

No obstante, señaló que la cooperativa Poravoty, sí puede seguir operando para el cobro de los préstamos otor­gados anteriormente. Indicó que la nueva administración ahora debe realizar un plan de acción con acompañamiento de los funcionarios del Incoop y aprobado por el consejo direc­tivo del Incoop.

Este plan operativo incluye la gestión de los créditos otor­gados, ya que cuenta con una cartera sana de alrededor de 40.000 millones de guara­níes, y luego tiene otra cartera cerca de 200 mil millones de guaraníes que está afectada y que está llevando a pérdida hoy y que tienen que gestionar para la cobranza hoy durante todo este proceso.

“La cooperativa con la inter­vención cerrada al 30 de junio, con una pérdida de 295.000 millones de guara­níes, muy superior al activo, con relación a muchas previ­siones porque no hubo buen manejo administrativo. Por lo que está vedado por el momento para las actuales autoridades es recibir aho­rros y otorgar créditos. Desde el Incoop consideramos que no puede seguir operando con normalidad por ese motivo”, comentó.

La implementación del Sistema de Identificación de Soja y Derivados con destino a la Unión Europea (SISE-UE) continúa avanzando en el país. En las últimas semanas, varios gremios trabajaron de manera conjunta con los actores de la cadena productiva para desarrollar herramientas clave que faciliten la adhesión al sistema.

Entre ellos se encuentran cláusulas comerciales sugeridas para contratos, a fin de brindar mayor seguridad y uniformidad en las operaciones. Además, procedimientos y documentos que permitirán contar con un marco claro, transparente y previsible para todos los actores de la cadena.

Esto fue informado a través de un comunicado emitido por:

• la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco)
• la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro)
• la Unión de Gremios de la Producción (UGP)
• la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod)

Señalaron que el trabajo colaborativo busca ofrecer un entorno robusto que permita avanzar con el proceso de adhesión voluntaria al SISE-UE, incentivando a los productores a informarse sobre los aspectos técnicos y operativos del sistema, así como sobre las exigencias y compromisos que implica su adopción.

“Adherirse voluntariamente al SISE es una oportunidad para mantener abiertas las puertas en el mercado europeo y acompañar los requerimientos de este destino, de modo a tener más información respecto de los productos y su origen”, mencionaron en la misiva.

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En caso de contar con dudas sobre los compromisos o sobre cómo cumplirlos, “les sugerimos a los productores que recurran a su asesor técnico o gremio. Con la información clara podrán decidir cumplir los compromisos con confianza”, subrayaron. Al decidir sumarse, solo deberán autorizar la verificación de sus parcelas productivas, en las que se inicia el proceso de adhesión.

“Nuestro objetivo es trabajar de manera conjunta entre todos los actores que integramos la cadena de valor de la soja para consolidar un sistema que facilite el acceso de la soja y sus derivados a los mercados internacionales”, expresaron, a fin de dar cumplimiento al marco legal de nuestro país en lo referente a los requisitos de ingreso al mercado de la Unión Europea.

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El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Carlos Romero, se refirió a la situación actual de la cooperativa Poravoty Ltda., que días atrás fue allanada por una investigación de lesión de confianza. Por ahora, esta cooperativa no puede continuar funcionando con normalidad, debido a la millonaria pérdida de su patrimonio que es muy superior a su activo. Solo puede gestionar cobros de préstamos otorgados.

En conversación con el programa “Dos en la Ciudad”, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó que con esta cooperativa existen dos procesos, por un lado, se llevó a cabo una fiscalización luego de una intervención a partir del mes de enero.

Indicó que se derivó al Ministerio Público unas denuncias que surgieron tras la fiscalización por parte del Incoop, sobre el manejo y algunas irregularidades que han detectado y consideraron llamativos por lo que solicitaron la investigación fiscal.

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Indicó que posteriormente la cooperativa llevó adelante su Asamblea de intervención, en la cual también se informó sobre el retiro de la personería jurídica para operar como cooperativa en ahorros y créditos.

“Esto no quiere decir que se cerró la cooperativa, sino que está vedada la cuestión de ahorro está vedada la emisión de actos cooperativos para la concesión de nuevos créditos. No así para las cobranzas y la devolución correspondiente de los préstamos”, explicó.

Señaló que sigue el proceso del corte administrativo de la intervención a cargo de los socios electos en la asamblea acompañados de dos funcionarios del Incoop, que tendrán voz, pero no voto, que estarán acompañando el proceso de liquidación de activos para la devolución de los fondos, conforme a lo que establece la Ley.

“La cooperativa con la intervención cerrada al 30 de junio, con una pérdida de 295.000 millones de guaraníes, muy superior al activo, con relación a muchas previsiones porque no hubo buen manejo administrativo. Por lo que está vedado por el momento para las actuales autoridades es recibir ahorros y otorgar créditos. Desde el Incoop consideramos que no puede seguir operando con normalidad por ese motivo”, comentó.

No obstante, señaló que la Cooperativa Poravoty, sí puede seguir operando para el cobro de los préstamos otorgados anteriormente. Indicó que la nueva administración ahora debe realizar un plan de acción con acompañamiento de los funcionarios del Incoop y aprobado por el consejo directivo del Incoop.

Este plan operativo incluye la gestión de los créditos otorgados, ya que cuenta con una cartera sana de alrededor de 40.000 millones de guaraníes, y luego tiene otra cartera cerca de 200 mil millones de guaraníes que está afectada y que está llevando a pérdida hoy y que tienen que gestionar para la cobranza hoy durante todo este proceso.

Una vez cobrados esos montos, se podrá comenzar a pagar las cuentas y a distribuir el dinero que le corresponde a los ahorristas. Señaló que hoy la pérdida es muy alta y la cooperativa necesita de una capitalización muy grande para salir a flote nuevamente.

“Lo que le falta es una buena gestión por un periodo de tiempo de buenas cobranzas y cancelación de deudas financieras y la cancelación hoy de las deudas judiciales. Hoy la cooperativa tiene totalmente embargadas las cuentas. Por todo esto es que la fiscalía intervino el viernes a fin de verificar todas las denuncias técnicas que hizo el Incoop, y que probablemente existan algunas cuestiones legales que puedan ser responsables las autoridades de los últimos consejos directivos”, acotó.

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La sede de la Cooperativa Poravoty Ltda. fue allanada por disposición judicial. Una comitiva encabezada por el fiscal Óscar Delfino de la Unidad Penal N° 11, llegó hasta el local ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora. El procedimiento es a consecuencia del informe técnico elevado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) que detectó graves irregularidades administrativas y financieras, además de problemas con la disponibilidad de fondos para los socios.

El requerimiento fiscal fue atendido por jueza Penal de Garantías del Primer Turno de la ciudad de Lambaré, Gladys Fariña Larrosa; atendiendo que hace más de un mes el Incoop presentó un informe donde observó graves anomalías que fueron denunciados ante el Ministerio Público.

El allanamiento que se realizó esta mañana fue a los efectos de recabar información, así como la incautación de documentos, extractos bancarios e informes de gestión, en el marco de la causa por lesión de confianza contra sus directivos.

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La cooperativa tiene vinculaciones con el personal policial, ya que la misma estuvo presidida por el ex suboficial mayor retirado Miguel González Duarte, quien previamente había sido inhabilitado por supuesto desfalco en el Círculo de Suboficiales (estimado en G. 1.200 millones).

En respuesta a la denuncia que había sido formulada ante el Ministerio Público en enero de este año, ya que más de 700 ahorristas socios no podían acceder a sus cuentas lo que generó una situación de alta preocupación, ya que la mayoría son personas mayores de edad, jubilados, con problemas de salud y acusaron directamente a los miembros directivos.

El informe técnico de la Incoop señala que existe un resultado negativo con un daño patrimonial que orilla los G. 270.000 millones, lo que al cambio sería unos 35 millones de dólares.

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El dictamen señalan que se encontraron con “operaciones ficticias” de créditos por valor de G. 13.000 millones, sumado a una serie de desprolijidades administrativas como la dudosa compra de armas y municiones que supuestamente se vendieron a sus asociados. De acuerdo al inventario detallado en el informe señalan 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos.

Informaron además que todos estos elementos citados quedaron en custodia de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel). El informe detalla que solo en una compra de 100 unidades de pistolas que se realizó en el 2018, le costó a la cooperativa la suma de G. 671 millones.