Desde este mes el sector privado deberá computar el salario mínimo sobre la base de la actualización decretada por la Presidencia de la República. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) advierte de multas por el incumplimiento del decreto.
Todo trabajador en el territorio nacional no debe recibir un salario no menor a G. 2.899.048, según el decreto emitido por la Presidencia de la República.
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El reajuste del salario mínimo vigente fue del 3,6 %, según la recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), basada en la inflación interanual del 3,6 % de mayo pasado, observada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El Mtess advierte a las patronales del sector privado que en agosto realizarán controles para verificar el pago del salario mínimo. En ese sentido, para quienes incumplan con el pago del monto establecido existen multas de entre 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado.
Nuevo cálculo
El Mtess había anunciado que presentarían un proyecto de ley para modificar el método de cálculo del salario mínimo, que actualmente se basa en la inflación interanual del IPC del Banco Central del Paraguay.
El objetivo es desarrollar una propuesta que contemple no solo la evolución de los precios en general, sino también el impacto real sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto podría implicar cambios sustanciales en la manera en que se define el salario mínimo en el país.
“Este es un IPC general que refleja un costo-consumo promedio de bienes y servicios, no es dirigido a una canasta básica obrera, es una herramienta económica que se usa para la política monetaria y no salarial", había dicho a Universo 970 AM/Nación Media Enrique Galeano, director de Trabajo del Mtess.
Se espera que durante este año se concrete un proyecto de ley que contemple los ajustes propuestos y que deberá ser evaluado por el Poder Ejecutivo antes de su envío al Congreso. Las autoridades coinciden en que el IPC es una herramienta válida para la política monetaria, pero insuficiente para definir incrementos salariales que garanticen una mejora real en la calidad de vida de los trabajadores.