El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer en el informe de Situación Financiera (Situfin) que al cierre de julio de 2025, el déficit fiscal se ubicó en 0,5 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a G. 1,74 billones, unos USD 221 millones.

Este resultado mantiene la trayectoria prevista por el MEF que proyecta cerrar el año con un déficit del 1,9 % del PIB, en línea con la meta de convergencia fiscal. El viceministro de Economía, Felipe González, dijo que en términos mensuales, julio presentó un resultado prácticamente equilibrado, tras varios meses de saldos negativos moderados.

En materia de ingresos, la recaudación total creció 5,1 % en el acumulado de enero a julio, sostenida principalmente por el buen desempeño de los ingresos tributarios, que aumentaron 9,8 %. Dentro de este grupo, se destacó el repunte de los tributos internos (9,7 %) y, en menor medida, de los externos (3,3 %).

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El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) fueron los principales motores de este crecimiento. Sin embargo, los ingresos no tributarios retrocedieron 9 %, afectados por la fuerte caída en los aportes de las entidades binacionales, especialmente de Itaipú (23,3 %), así como por menores transferencias por donaciones.

En cuanto a los gastos, el desembolso total acumulado subió 5,5 % interanual, lo que representa una desaceleración frente al ritmo observado en el primer trimestre. El informe destaca que el 80 % de los salarios de la Administración Central financiados con recursos tributarios se destina a los sectores de salud, educación y seguridad, manteniendo niveles por debajo del promedio histórico.

Inversiones

La inversión pública, por su parte, mostró un comportamiento positivo, con G. 3,42 billones ejecutados a julio, lo que equivale al 0,9 % del PIB y representa un aumento del 11,9 % frente al mismo periodo del año anterior.

Al respecto, el director de Política Macro-Fiscal, Rolando Sapriza, sostuvo que, a pesar del menor aporte de ingresos no tributarios, la solidez de la recaudación y el control del gasto han permitido sostener un resultado fiscal compatible con la consolidación de las finanzas.

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Expuso que las proyecciones macroeconómicas, que prevén un crecimiento del PIB real cercano al 4 %, refuerzan las perspectivas de alcanzar la meta fiscal, siempre que se mantenga la disciplina en el gasto y continúe la recuperación de los ingresos tributarios en lo que resta del año.

En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, prevista para este lunes 11 de agosto, figura como uno de los puntos del orden del día el proyecto de ley que modi­fica los artículos n.° 64, 66 y 278 del Código Electoral relacionados con el financia­miento político. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.

La propuesta legislativa busca actualizar la legisla­ción vigente sobre el con­trol del financiamiento polí­tico, al tiempo de simplificar procedimientos con el fin de hacer efectiva y eficiente su aplicación, según explicaron los proyectistas.

El proyecto de reforma a la normativa de financia­miento político introduce cambios clave para moder­nizar el control de recursos en los procesos electorales. Se reconoce por primera vez a los movimientos políticos internos que participan en elecciones internas, equipa­rándolos a partidos, alianzas o concertaciones en eleccio­nes generales.

Esta inclusión responde a que los movimientos inter­nos son los que figuran ante la administración tributaria con su propio Registro Único del Contribuyente (RUC), y no necesariamente la estruc­tura mayor a la que pertene­cen, lo que permite un con­trol más claro y justo de su financiamiento.

En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, prevista para este lunes 11 de agosto, figura como uno de los puntos del orden del día el proyecto de ley que modifica los artículos n.° 64, 66 y 278 del Código Electoral relacionados al financiamiento político. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.

La propuesta legislativa busca actualizar la legislación vigente sobre el control del financiamiento político, al tiempo de simplificar procedimientos con el fin de hacer efectiva y eficiente su aplicación, según explicaron los proyectistas.

El proyecto de reforma a la normativa de financiamiento político introduce cambios clave para modernizar el control de recursos en los procesos electorales. Se reconoce por primera vez a los movimientos políticos internos que participan en elecciones internas, equiparándolos a partidos, alianzas o concertaciones en elecciones generales.

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Esta inclusión responde a que los movimientos internos son los que figuran ante la administración tributaria con su propio Registro Único del Contribuyente (RUC), y no necesariamente la estructura mayor a la que pertenecen, lo que permite un control más claro y justo de su financiamiento.

Además, se elimina la obligatoriedad de presentar documentos en formato papel, estableciéndose que la entrega sea exclusivamente digital. Esta medida busca agilizar los trámites y contribuir a la preservación del medioambiente.

Por último, se actualiza la institución encargada del control del financiamiento político, reemplazando a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), tras una reestructuración administrativa del sector.

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El Gobierno se encuen­tra evaluando una serie de medidas a corto plazo con el fin de garantizar precios justos en la canasta familiar, afirmó el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez. “La promesa de campaña del presidente de la República, Santiago Peña, fue pensar en el bolsillo de la gente”, indicó.

“Hay medidas que el Gobierno puede tomar en el corto plazo, que estamos analizando y esperamos que tengan una incidencia directa en aquello que busca el presidente de la República y el Ejecutivo que es mejo­rar el poder adquisitivo de la gente. Son medidas que el Gobierno va ir tomando una tras otras”, dijo este viernes en una entrevista con el pro­grama “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario de Estado acotó: “Nosotros creemos que habrá una reacción muy positiva del sector privado en cuanto a que lograrán entender de lo que tratamos de hacer, que también es pro­teger al sistema de libre mer­cado, ya que cuando ocurren situaciones como estás apa­recen intenciones populistas de salir con leyes de interven­ción de precios, que es lo que queremos evitar y que son impulsados por la presión de la ciudadanía”.

Giménez detalló que entre las medidas a corto plazo para disminuir los costos de la canasta básica figuran la liberación de importacio­nes de carne cuando el costo local sea excesivo, y la faci­litación del ingreso de pro­ductos frutihortícolas como tomate, cebolla y zanahoria en casos de subas que afecten a las familias.

A la vez el Gobierno pon­drá énfasis en los trabajos de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), que verificará que las con­diciones de competencia en la cadena de retail (comer­cio minorista) se respeten y no hayan prácticas dis­torsivas; y en la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), que cuidará que no haya publicidad engañosa ni remarcaje de precios.

“Se observará si hay una posición dominante, un aprovechamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó el titular de la DNIT.

Teniendo en cuenta la ten­dencia a la baja del dólar, la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT) reali­zará un plan de fiscalización a los diferentes sectores sobre los productos de la canasta básica familiar, de tal manera de dar insumo a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) para que sean evaluados los precios y se aplique la norma o la ley esta­blece dentro de sus compe­tencias. “Vamos a hacer una trazabilidad de la estructura de los precios, el valor agre­gado. Básicamente desde el momento de la salida o la importación de los productos, la producción y toda esa trazabilidad hasta que llegue a las góndolas de los super­mercados”, explicó el titular de la DNIT, Óscar Orué, en entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la institución tiene la posibilidad de adver­tir u observar todo ello, ya que se cuenta con los datos de las declaraciones juradas y los movimientos de las empre­sas de todos los sectores. “Se observará si hay una posi­ción dominante, un aprove­chamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó.

Según explicó, los precios en el mercado deberían haberse reducido teniendo en cuenta que a todos les afecta la baja de la moneda norteameri­cana, porque por ejemplo, los importadores están pagando menos, lo cual debería tras­ladarse a la estructura de costos.

“A nosotros nos afecta de manera negativa en el ámbito de la recaudación aduanera porque cuando hay una baja del tipo de cambio eso directamente les bene­ficia a los importadores”, expresó Orué.

La ministra de Sedeco, Sara Irún, señaló que la institución se enfocará en analizar la cadena de precios de productos sensibles.

La Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco) acompañará la ini­ciativa de la Presidencia de la República de realizar contro­les sobre la cadena de precios a fin de transparentarla. Afirman que la competencia de la insti­tución se limitará a la educación del consumidor, la fiscalización y difusión de información.

La ministra de Sedeco, Sara Irún, señaló que la institu­ción se enfocará en analizar la cadena de precios de produc­tos sensibles como la carne, a fin de brindar información a la ciudadanía acerca del proce­dimiento de establecimiento de precios.

De esta manera, desde la ins­titución se socializarán los resultados de los controles de trazabilidad que efectuará la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT), en el marco del derecho constitucio­nal de acceso a la información.

“Si es que hay una distorsión de precios o un acuerdo res­trictivo a la competencia, no le corresponde a Sedeco, le corresponde a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), pero atendemos las consultas y reclamos de los consumidores a la hora de adquirir productos o un servicio, fiscalizamos loca­les, proveemos información para empoderar a la ciudada­nía”, dijo a la 1080 AM.

De acuerdo con la ministra, la directiva del presidente San­tiago Peña fue que la Conacom colabore brindando informa­ción a los consumidores. En ese sentido, reconoció que la facultad de la institución se limita a solicitar informa­ción y socializarla, además de prevenir contra la publicidad engañosa.