El Poder Ejecutivo promulgó la ley 7561 de Arbitraje, una normativa que actualiza y fortalece el marco legal para la aplicación del arbitraje privado en Paraguay, tanto en el ámbito nacional como internacional.
La nueva ley apunta a consolidar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente en el rubro comercial y contractual, aportando mayor previsibilidad jurídica y agilidad a la economía.
Pamela González, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, explicó a la 780 AM que el arbitraje es un proceso adversarial, es decir, un litigio propiamente dicho, pensado principalmente para cuestiones comerciales y contractuales. Esta característica lo diferencia claramente de otros mecanismos alternativos.
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Según González, la mediación funciona bajo una lógica distinta, ya que se trata de un proceso voluntario y no adversarial. En este esquema, las propias partes, con la ayuda de un mediador, buscan llegar a una solución consensuada, sin imposiciones externas ni decisiones obligatorias.
Uno de los puntos más destacados de la nueva normativa es la incorporación del arbitraje para cuestiones sucesorias. La especialista aclaró que la sucesión debe abrirse por la vía tradicional, pero que luego los herederos pueden recurrir al arbitraje para negociar la distribución de la masa hereditaria. “Las partes pueden sentarse entre ellas y acordar cómo se va a distribuir la herencia”, explicó.
González resaltó además que una de las notas características del arbitraje es la amplia autonomía de la voluntad de las partes. “Existe una gran libertad para pactar todas las cuestiones relativas al contrato”, afirmó, lo que convierte al arbitraje en una herramienta atractiva para el sector empresarial.
Para el sector empresarial, esta ley representa un avance clave para mejorar el clima de inversiones, al ofrecer procedimientos más ágiles, especializados y previsibles para la resolución de conflictos. Con reglas claras y mayor flexibilidad, el arbitraje se posiciona como un instrumento estratégico para reducir costos, tiempos judiciales y riesgos legales, tanto para empresas nacionales como para inversores extranjeros.