En conversación con La Nación/Nación Media, Víctor Fernández, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami), analizó los desafíos del marco legal vigente y el potencial impacto económico que tendría una actualización del Código Minero en Paraguay.
El debate sobre la modernización de la legislación minera cobra fuerza en el país ante el interés creciente en proyectos vinculados a minerales estratégicos. Desde el sector señalan que la Ley 3180/2007, si bien permitió impulsar la exploración, hoy presenta limitaciones que dificultan la llegada de grandes inversiones.
Fernández explicó que varios proyectos lograron completar la fase exploratoria, pero enfrentaron obstáculos al momento de solicitar concesiones. Según indicó, la reglamentación posterior introdujo exigencias técnicas en plazos reducidos y procesos administrativos extensos, lo que generó demoras y pérdida de oportunidades en contextos internacionales favorables para la minería.
Proyectos en carpeta y potencial económico
De acuerdo con estimaciones del sector, Paraguay podría captar inversiones de entre USD 1.000 y USD 1.500 millones si logra consolidar un marco legal competitivo. Los proyectos más avanzados están relacionados principalmente con titanio, hierro y uranio.
El presidente de Capami sostuvo que estas iniciativas podrían generar cerca de 20.000 empleos directos e indirectos, además de promover infraestructura industrial, servicios asociados y nuevas cadenas productivas. También señaló que la minería podría convertirse en un factor de diversificación económica, contribuyendo al crecimiento del producto interno bruto (PIB) y fortaleciendo la balanza comercial.
La etapa de desarrollo minero
Uno de los aspectos que se busca fortalecer en la reforma es la incorporación formal de la etapa de “desarrollo”, que comprende la construcción de infraestructura, estudios económicos y ambientales detallados y la preparación técnica previa a la explotación. Fernández destacó que esta fase implica inversiones significativas y requiere estabilidad jurídica para reducir riesgos financieros y políticos.
El sector considera fundamental que la normativa contemple planes de cierre desde el inicio de cada proyecto. Según Fernández, una operación minera planificada y ambientalmente responsable es clave para la sostenibilidad económica y social de la actividad. Asimismo, subrayó que los proyectos deben cumplir estrictamente la legislación ambiental y contar con planes de gestión y restauración supervisados por las autoridades competentes.
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Industrialización y oportunidades regionales
Además de la extracción, existen perspectivas de industrialización local. Entre ellas, un proyecto vinculado al titanio en Alto Paraná, que evalúa instalar una fundidora para producir escoria de titanio, hierro de alta calidad y posiblemente vanadio.
También se estudian iniciativas relacionadas con uranio en Caazapá y Caaguazú, que requerirían plantas de procesamiento y podrían impulsar nuevas capacidades industriales en el país. Fernández destacó que la minería suele atraer industrias complementarias, proveedores tecnológicos, logística especializada y servicios técnicos, ampliando el impacto económico.
Minerales críticos y transición energética
El desarrollo del sector demandaría mano de obra calificada en áreas como geología, ingeniería, electricidad, química, operación de maquinaria pesada y gestión ambiental. Según el dirigente, esto representaría una oportunidad para la formación de capital humano nacional y la transferencia de conocimientos técnicos hacia las comunidades.
Fernández vinculó el creciente interés en la minería paraguaya con la demanda global de minerales críticos impulsada por la transición energética, el desarrollo tecnológico y la expansión de la inteligencia artificial. En ese contexto, sostuvo que contar con una legislación moderna y competitiva será clave para que Paraguay pueda aprovechar esta coyuntura y consolidar un nuevo polo de desarrollo industrial.