La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emi­tió un comunicado dirigido a los productores en general con relación a algu­nas “dudas y confusiones” sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) del Mer­cado Común del Sur (Merco­sur) y la Unión Europea (UE), señalando que como gremio no apoyarán ninguna inicia­tiva que vaya en contra de las leyes nacionales.

“Aclaramos que ante la hipó­tesis manifestada en círcu­los de la producción, de que este reglamento (1115/2023) se incluya en el TLC, como ARP, manifestamos que nos opondremos a cualquier ten­tativa de que esto suceda y que arriesgue la modificación de nuestras propias leyes”, explicaron el pasado miérco­les, ampliando lo expuesto en la última reunión de la Comisión Directiva Central acerca de los alcances de la aplica­ción de la normativa.

Mencionaron que el regla­mento 1115 es aplicado de “manera unilateral por la UE” con los países exporta­dores de carne vacuna y otros 6 productos. Los rubros afec­tados serán el cárnico, la pro­ducción de cacao, el café, la palma aceitera, la soja, la madera y el caucho.

Añadieron que todos los gremios de la producción trabajarán en conjunto y en estrecha cooperación con el Gobierno para el abordaje de los distintos aspectos que implican estas medidas “para seguir siendo compe­titivos en los mercados más exigentes y evitar cualquier aspecto que ponga en peli­gro el desarrollo de nues­tro país”.

Según lo expuesto por la Unión de Gremios de la Pro­ducción (UGP), el Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas de la UE que se plasman en el reglamento 1115/2023 apro­bado en mayo del año pasado y pese a ser una ley interna de la UE se pretende aplicar en terceros países afectando el comercio de los países que exporten al bloque. Su apli­cación iniciará el 1 de enero de 2025.

En mayor medida esta inicia­tiva afectará a unos 40.000 pequeños productores debido a las condicionantes que tendrán la posibilidad de ser ampliadas en los años siguientes a través de nuevas evaluaciones a los campos de cada país. Además, a la hora de comercializar nuestros productos se volverá obliga­torio el cumplimiento del tra­tado que impone exigencias que no reconocen las docu­mentaciones oficiales de cada país en caso de haber denun­cias de organizaciones, entre otros 12 ítems.