Desde la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) manifiestan que, si bien todavía no tienen una postura institucional concreta con relación al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso, que plantea renovar la normativa de alianzas público-privadas (APP), observan de forma positiva toda modificación que respalde mayor participación del sector privado.

“Como gremio todavía estamos evaluando los aspectos de este proyecto, como apenas se presentó, pero lo que sí puedo decir es que es positivo todo lo que tenga que ver con mejorar y darle más campo de aplicación y respaldo al sector privado”, expresó el presidente de la Aprocons, Pablo Rivarola, al diario La Nación/ Nación Media.

Asimismo, consideró que siempre que sea una acción que le brinde más versatilidad al sector y concretamente al privado será un atractivo para mayor participación o uso de esta herramienta que tiene el Estado como lo es la APP, para las obras de gran envergadura que se vuelven importantes generadores de mano de obra.

Al tiempo de remarcar que les parece importante que las leyes se vayan ajustando, que en este caso como la 5102/13, que ya data desde hace más de 10 años sin cambios, por lo que cree que es un tiempo prudente tras haber acumulado ya mucha experiencia en distintas administraciones. En cuanto a las principales modificaciones, la propuesta plantea incorporar mejores prácticas en el proceso, lo cual redundará en mejores servicios y más obras públicas para la ciudadanía, la promoción de inversiones y la generación de más empleo.

Se busca establecer que los pagos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos contingentes, asumidos a título de contratos de participación público-privada, no puedan exceder el 4 % del PIB y que el monto asumido de pagos firmes y contingentes cuantificables anualmente no exceda del 0,8 % del producto interno bruto (PIB) del año inmediato anterior.

Otro punto importante es que se quiere modificar el artículo 48 y aumentar el porcentaje de participación del Estado en las APP del 10 % al 25 %. También se contemplan ajustes sobre derechos para el proponente privado y las nuevas responsabilidades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El proyecto apunta a flexibilizar la legislación para cubrir un déficit de USD 24.171 millones estimados en infraestructura para el 2023 por la alta demanda de obras, de modo de atraer a la inversión privada.