Hugo Franco, repre­sentante de la Mesa Nacional Intersecto­rial de Competitividad Bana­nera (Menicob), destacó la recepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) de las ofertas para avanzar con la construc­ción de la Ruta de la Banana. Puntualizó que el hecho res­ponde a un reclamo histórico de los productores.

“Con esto evitaríamos el cruce de las balsas, con todo el peligro que implica y tam­bién brindará muchas facili­dades a aquellos que viajen desde Campo 9 hasta Asun­ción. Para quienes se encuen­tren en el norte del país, con­tarían con un camino más unificado, se puede llegar a Concepción, Pedro Juan Caballero, zonas más fron­terizas”, explicó para La Nación/Nación Media.

Unas 15 empresas presenta­ron sus ofertas para la licita­ción de la construcción de la ruta, que conectará Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, en Caaguazú, mientras que en Paraguarí se llevará a cabo el asfaltado del tramo Quyqu­yhó-María Antonia. Franco indicó que se prevé iniciar con la obra en diciembre. “Este noviembre se cumple seis años de la presentación de nuestro pedido de la ruta asfáltica. Primero, porque debemos cruzar el lago con los peligros que acarrea, y segundo, porque durante el camino se golpea mucho la banana y se estropea”, señaló, destacando el impacto posi­tivo para miles de producto­res.

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SOBRE EL PROYECTO

La propuesta del MOPC tiene como objetivo principal mejo­rar la infraestructura vial y la calidad de vida de las zonas mencionadas, beneficiando así a más de 50.000 habitan­tes de todos los municipios involucrados.

Las obras se dividirán en tres lotes: el primero abarcará al departamento de Caaguazú, con los distritos de Tembia­porã, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Ocampos, desde el km 0 hasta el km 21. El lote 2 continuaría los mis­mos distritos, desde el km 21 hasta el km 41,6 km, totali­zando así una extensión de 41,6 km.

El lote 3 abarcará el depar­tamento de Paraguarí, con el tramo Quyquyhó-María Antonia, que sería de 31,5 km. De este modo, cada lote ten­drá un plazo de ejecución de 24 meses desde la notificación de la orden de inicio.

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