Los créditos de carbono ofre­cen una alternativa para obte­ner recursos adicionales para el sector agropecuario, según el titular del Ministerio de Indus­tria y Comercio (MIC), Javier Giménez. El ministro señaló que recientemente el Poder Ejecutivo reglamentó esta ley a fin de garantizar condiciones para que estas inversiones sean más rentables y generen más empleos.

La reglamentación de la ley de créditos de carbono pre­tende establecer un régimen de titularidad de los créditos derivados de los beneficios del carbono reducido y a la vez posicionar al Paraguay como un país atractivo para inver­tir en proyectos que busquen combatir el cambio climático.

El ministro de Industria y Comercio ve en esta inicia­tiva una oportunidad para los productores locales de obtener recursos adicionales, pero a la vez, que se generen las condi­ciones para atraer inversio­nes al país y generar empleos. “Existe una demanda muy grande de proyectos de cap­tura de dióxido de carbono”, dijo a la 1080 AM. Ejempli­ficó que una firma local dedi­cada a la fabricación de celu­losa plantó 100.000 hectáreas de eucalipto para obtención de su materia prima, pero adicio­nalmente, pueden presentar un proyecto de captura de dió­xido de carbono y vender los bonos a industrias de todo el mundo que están obligadas a adquirirlas.

“Estas industrias que conta­minan a nivel mundial bus­can proyectos de captura de dióxido de carbono, y pagan el bono y así se genera una tran­sacción en la que se paga al pro­yecto verde de Paraguay y con eso las empresas se vuelven mucho más rentables, pueden ampliar sus fábricas, etcétera”, explicó Giménez. Reiteró que la intención de la reglamentación de la ley de créditos de carbono es asegurar al mercado inter­nacional que los bonos emiti­dos desde Paraguay cuentan con respaldo legislado y brin­dar confiabilidad a los inverso­res. “Parte del decreto crea un registro donde los proyectos se validan, si no, no existe esa con­fianza de que lo que estás com­prando es algo real”, sostuvo.

Durante la presentación de la reglamentación de esta nor­mativa, el ministro Giménez había indicado que se busca que para los próximos 10 años esta modalidad genere 150.000 puestos de trabajo y USD 20.000 millones de inversión en el sector forestal. Asimismo, estiman que el crecimiento de las hectáreas de producción, en el mismo plazo, pasen de 250.000 a 3.000.000 de hec­táreas, sin afectar a la produc­ción ganadera y agrícola.