El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, informó que la próxima semana se iniciará la verificación de las máquinas de votación de las tres empresas que se presentaron en la licitación pública para la adquisición de las 28.000 máquinas. Este proceso se reanuda con el levantamiento de una medida cautelar, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de una firma que no cumplía con los requisitos.

“A partir de ahora tenemos en frente el proceso de verificación técnica de las máquinas de votación. Hay que recordar que cada una de las tres empresas que están en carrera hoy día presentaron cinco muestras de las máquinas que están ofreciendo. Entonces, el equipo técnico de la Justicia Electoral, a pedido del Comité de Evaluación, va a proceder a partir de la próxima semana a la verificación técnica de cada una de estas máquinas”, refirió Ruiz Díaz en conversación con la 1020 AM.

El proceso de verificación consiste en las pruebas de votación, de resistencia de batería, pruebas de calor, prueba del lector, de impresora, las máquinas serán desarmadas para revisión, un trabajo intenso que dura alrededor de 12 horas para cada máquina, por lo que se estima que esta etapa tendrá una duración de tres semanas, aproximadamente.

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Posterior a la verificación técnica se debe realizar la apertura de los sobres económicos entregados por las empresas. Luego, el grupo evaluador emite un informe al Comité de Evaluación, que realiza el análisis en conjunto de la parte documental con el resultado de las pruebas técnicas, y emite una recomendación al Tribunal Superior de Justicia Electoral, de la cual ”puede resultar que pasen las tres empresas o que alguna de ellas quede por el camino”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.

A partir de ahí, el Tribunal Superior emite su resolución para adjudicar a una de las empresas, lo que se estima ya se estaría cerrando el proceso de licitación para finales de este año. Estas máquinas ya serán utilizadas en las elecciones internas partidarias, previo a las elecciones municipales del 2026.

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El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, explicó que en el caso de destitución de un intendente por la Cámara de Diputados en el marco de un proceso de intervención, la institución electoral debe emitir una resolución para determinar si el gobernante destituido puede volver a presentar una candidatura para el cargo.

Con la destitución, la Justicia Electoral debe convocar a elecciones para completar el periodo hasta el 2026, mientras que en el caso de renuncia, la Junta Municipal deberá elegir al nuevo administrador municipal. Actualmente, las gestiones de los intendentes de Asunción, Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se encuentran intervenidos desde junio pasado.

“Eso está supeditado a decisiones que tienen que tomar la parte jurisdiccional de la Justicia Electoral. Son los jueces que van a determinar porque la Constitución Nacional dice que, en caso de destitución, la Justicia Electoral organizará la elección para reemplazar al que fuera destituido. Yo no sé si se puede reemplazar a uno mismo, eso van a tener que resolver los jueces”, explicó Ljubetic, en entrevista para el programa “Tarde de perros” de Universo 970 AM/Nación Media.

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El alto funcionario indicó que la interpretación está a cargo del juez electoral y del Tribunal Electoral de la Capital, que deberán emitir una resolución sobre la situación y, además, incluso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver el caso.

“La Constitución dice claramente ‘para reemplazar al que fuera destituido’. Por eso, tendríamos que analizar, yo no quiero emitir opinión, no está bueno que yo opine sobre algo que definitivamente tienen que resolver los jueces. El juez electoral de la Capital y luego el Tribunal Electoral de la Capital, y finalmente podría ir hasta la Corte eso, en inconstitucionalidad”, apuntó Ljubetic a Nación Media.

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La Dirección Nacio­nal de Contratacio­nes Públicas (DNCP) informó que ayer la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la DNCP en el caso de “Urnas electrónicas” del Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral (TSJE).

De acuerdo al informe de Contrataciones Públicas, esta decisión de la máxima autoridad judicial permite el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tri­bunal de Cuentas-Tercera Sala a favor de la firma Bypar SA, que había suspendido temporalmente el avance del proceso licitatorio.

“Esta resolución representa un paso relevante hacia la garantía de la legalidad y la transparencia en los pro­cedimientos de contrata­ción pública, reafirmando el compromiso de la DNCP con el respeto al debido proceso y a la correcta aplicación de la normativa vigente”, expresa el comunicado.

Cabe recordar que desde la Justicia Electoral aguar­daban la resolución de esta objeción de parte de la firma, a fin de continuar con el pro­ceso licitatorio para la adqui­sición de 28.000 máquinas de votación, que serán usa­das en los comicios internos partidarios, en las eleccio­nes generales municipales de 2026 y las presidenciales de 2028.

El motivo de la objeción plan­teada por la firma Bypar SA es que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación.

Desde la Justicia Electoral señalaron que esta empresa tiene 5 años de trayectoria, por ello buscaban reducir el plazo de experiencia. Pero el problema de esta firma es que tampoco reunía ninguno de los demás requerimientos; por ello, no pudo participar en la licitación.

El director de Procesos Electorales del Tribu­nal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE), Car­los María Ljubetic, explicó que el proceso de licitación para la compra de las máqui­nas de votación no llegará a tiempo para organizar unas eventuales candidaturas en los municipios de Ciudad del Este y Asunción.

Ambas municipalidades se encuentran en proceso de intervención y se puede dar la destitución de los intendentes Miguel Prieto y Óscar Rodríguez; una vez que esto ocurra, la Justicia Electoral debe convocar a unas elecciones, sin las máquinas de votación, los comicios se realizarán con papeletas.

“No (hay tiempo). Estima­mos que eso se va a realizar entre diciembre y enero, ahí no va haber todavía máqui­nas de votación, eso va ser con boletines porque es un cargo uninominal, es una sola persona”, indicó en entrevista para La Nación/Nación Media.

El alto funcionario electoral explicó que no existe ningún impedimento para la utiliza­ción de los boletines de votos en este tipo de elecciones, aclarando que las máquinas de votación sí son obligato­rias para los cargos plurino­minales.

“Las máquinas son obliga­torias y necesarias para los cargos plurinominales donde se aplica el sistema de listas desbloqueadas, en los cargos uninominales no hay ningún problema, se pueden hacer con boletines.

La 6318 es la ley que obliga con máquinas de votación y dice claramente que es para los cargos pluri­nominales, convencionales constituyentes, senadores, diputados, Juntas Departa­mentales y Juntas Munici­pales. La ley es muy clara”, aseguró Ljubetic.

El proceso de licitación de las máquinas de votación se encuentra paralizado por una medida cautelar por parte del Tribunal de Cuentas, pre­sentada por una empresa. El planteamiento se encuentra actualmente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia (CSJ), que deberá tomar la decisión de hacer lugar o no a la medida.

“Ni bien auto­rice la Corte nosotros vamos a hacer la revisión técnica de las máquinas para ver si cum­plen el pliego, y después, con las máquinas que cumplen de las empresas, se abre el sobre de oferta económica, luego ya se otorga la venta a la empresa con mejor oferta. Ahí podrían haber otra vez protestas, y puede otra vez prorrogarse, pero nosotros aspiramos recibir las máqui­nas en noviembre o diciem­bre”, concluyó.