El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.º 4145/2025, por el cual se reglamenta el Capí­tulo IV de la Ley n.º 1328/1998 de Derecho de Autor y Dere­chos Conexos, derogando así la normativa anterior del año 2015. La medida actua­liza el marco jurídico sobre la remuneración compensa­toria por copia privada y esta­blece mecanismos más claros para su implementación.

El decreto reconoce el dere­cho de autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas o videogramas a ser compensados econó­micamente por la reproduc­ción no autorizada de sus obras para uso privado. Esta remuneración será finan­ciada mediante un porcen­taje aplicado a fabricantes e importadores de dispositi­vos y soportes de grabación o reproducción como celula­res, discos duros, memorias y otros aparatos electrónicos.

La Dirección Nacional de Pro­piedad Intelectual (Dinapi) será la encargada de adminis­trar el registro de importado­res y fabricantes, así como de supervisar el cumplimiento del pago y la veracidad de las declaraciones juradas.La recaudación será canalizada a través de la Entidad Para­guaya de Artistas, Intérpre­tes o Ejecutantes (AIE-Pa­raguay), que distribuirá los fondos entre las sociedades de gestión colectiva: Auto­res Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográfi­cos del Paraguay (SGP) y la propia AIE.

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.º 4145/2025, por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la ley n.º 1328/1998 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, derogando así la normativa anterior del año 2015. La medida actualiza el marco jurídico sobre la remuneración compensatoria por copia privada y establece mecanismos más claros para su implementación.

El decreto reconoce el derecho de autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas o videogramas a ser compensados económicamente por la reproducción no autorizada de sus obras para uso privado. Esta remuneración será financiada mediante un porcentaje aplicado a fabricantes e importadores de dispositivos y soportes de grabación o reproducción como celulares, discos duros, memorias y otros aparatos electrónicos.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) será la encargada de administrar el registro de importadores y fabricantes, así como de supervisar el cumplimiento del pago y la veracidad de las declaraciones juradas.

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La recaudación será canalizada a través de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE-Paraguay), que distribuirá los fondos entre las sociedades de gestión colectiva: Autores Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y la propia AIE.

Los montos recaudados serán distribuidos como regalías para los socios y herederos de los derechos, pagos a artistas extranjeros, así como para fondos de ayuda cultural y programas de asistencia social. El decreto también establece que el 10 % del total recaudado será destinado a la promoción de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería, a través de programas liderados por la Dinapi.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca saldar una deuda histórica con el sector cultural y adaptarse al contexto tecnológico actual, garantizando una compensación justa a los creadores y fortaleciendo la industria creativa nacional.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, confirmó que solicitaron al interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, un detalle de todos los procesos de compras públicas iniciados en los últimos meses, de modo a saber cuáles de los procesos quedarán suspendidos. Esto tras detectarse adjudicaciones millonarias por más de G. 30.700 millones en apenas 24 días.

“Les pedimos que nos informen qué procesos van a quedar suspendidos, cuáles serán cancelados y cuáles seguirán en curso. Están en un proceso de auditoría total”, indicó Encina en entrevista con el canal GEN/Nación Media. Según datos del interventor, entre el 27 de mayo y el 20 de junio de este año, el municipio esteño adjudicó licitaciones por más de G. 30.200 millones, y ya se pagaron anticipos por G. 4.100 millones.

La tradicional fiesta del trabajo arranca este sábado en Mariano Roque Alonso. Se prevén eventos importantes como la expo empleo, conciertos de grandes artistas, competencias artísticas, entre otros atractivos. Expo Paraguay 2025 es el nombre que lleva este año la exposición realizada en el predio de la Asociación Rural del Paraguay y que se habilita este 12 de julio a las 10:00.

Uno de los ejes centrales del evento será la exposición de la ganadería, con más de 2.630 animales, entre ellos, 2.150 cabezas de bozal. La proyección de negocios supera los 14.000 millones de guaraníes.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que el Gobierno cumplirá con el compromiso de pagar la deuda a los transportistas, que es del mes de mayo y llega a unos USD 3,9 millones. Los gremios del transporte amenazan con un paro para exigir el pago pendiente.

Fernández dijo que ayer martes se mantuvo una reunión con los gremios del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), donde expuso el compromiso de pago por parte del Gobierno.

El Instituto Nacional del Cáncer (Incan) incorporó más de 100 nuevos funcionarios a su plantel, a fin de reforzar la atención a los pacientes oncológicos. La lista incluye médicos, enfermeras y otros especialistas.

El Ministerio de Salud Pública informó sobre la reciente contratación de nuevos funcionarios para uno de los centros de alta complejidad con mayor demanda.

El delantero paraguayo de 28 años, Adam Bareiro, fue presentado de manera oficial como flamante refuerzo de Fortaleza Esporte Clube, equipo que compite en la máxima categoría del fútbol brasileño y que además está en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

“¡El delantero Adam Bareiro es el nuevo fichaje del Fortaleza! El centrodelantero paraguayo firmó contrato hasta finales de 2027, con opción a renovación por una temporada más”, reza el anuncio que realizó el cuadro brasileño en sus redes sociales. “La Tricolor adquirió el 50 % de los derechos económicos del deportista de River Plate de Argentina por 1,8 millones de dólares”, se agrega.

En coincidencia con el Día Nacional del Trasplante, una familia realiza el relanzamiento de la campaña “Un corazón para Bianca”, en procura por conseguir el órgano para la niña de dos años, que está en espera de un donante.

Diana Doldán y William Balbuena, padres de la paciente, recordaron que ya tuvieron una hija que penosamente nació con la misma enfermedad cardíaca y tras 18 meses de estar en la lista de espera, sin recibir un donante de corazón, falleció a los tres años en el 2020. Es por ello, que la familia no quiere que se repita la historia e insisten en el llamado a la ciudadanía y la concienciación acerca de la donación de órganos en el Paraguay.