El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas auto­ridades, empresarios y traba­jadores de prensa de Canin­deyú. La operación militar Cobrarius abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernán­dez, alias Loro, en un campa­mento con importantes ele­mentos incautados.

“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar con­tra jueces, fiscales, producto­res, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identifica­dos, que tienen antigüedad”, comentó Riera en una confe­rencia de prensa. “Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campa­nas, pero que no tienen capa­cidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.

El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuen­tre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbara­cayú.

“No descartamos la posi­bilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de aban­donar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de lle­varla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de prote­gerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.

Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario San­tiago Peña de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepre­sidente de la República, el libe­ral Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de veloci­dad”, indicó.

En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.

La información fue confirmada mediante las evidencias encon­tradas tras el ataque a la Subcomisaría N.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.

El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas autoridades, empresarios y trabajadores de prensa de Canindeyú. La operación militar “Cobrarius” abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernández, alias “Loro”, en un campamento con importantes elementos incautados.

“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar contra jueces, fiscales, productores, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identificados, que tienen antigüedad", comentó Riera este miércoles, en una conferencia de prensa.

“Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campanas, pero que no tienen capacidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente, el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.

El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuentre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbaracayú.

“No descartamos la posibilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de abandonar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de llevarla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de protegerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.

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Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario Santiago Peña, de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de velocidad”, indicó.

En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción, tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.

La información fue confirmada mediante las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.

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Alumnos de las carreras de ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería informática e ingeniería electromecánica, que hayan aprobado el segundo curso, pueden acceder a pasantías en empresas del sector industrial.

Mediante un convenio entre la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP) y la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY), estudiantes de las carreras de ingeniería podrán realizar pasantías supervisadas en empresas del sector industrial.

La idea es promover una formación técnica orientada a sectores claves como la sostenibilidad y la economía circular, con pasantías de al menos 300 horas, a alumnos de las carreras de ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería informática e ingeniería electromecánica que hayan aprobado materias del segundo curso.

“Los estudiantes ahora tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos directamente en entornos industriales, fortaleciendo su formación académica a través de experiencias reales que les permitirán aplicar lo aprendido en el aula”, expresó Carlos Mangabeira, presidente de la CISPY.

Desde la UPTP reafirmaron el compromiso con la formación académica de excelencia, orientada a los desafíos contemporáneos de sostenibilidad e innovación.

En el marco de este convenio, la universidad contribuirá al proceso mediante la participación de estudiantes altamente capacitados, preparados para desenvolverse con responsabilidad y creatividad en entornos laborales reales.

Esta alianza representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la formación técnica y las demandas del sector productivo, generando experiencias formativas que potencien el desarrollo profesional de los alumnos.

Hay que mencionar que las empresas asociadas a la CISPY cuentan con más de 45 años de trayectoria en el sector, muchas de ellas, con certificaciones internacionales que respaldan su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación.

Se estima que alrededor de 7.000 profesionales integran estas industrias, aportando conocimiento, experiencia y valor a la economía nacional. Las áreas de desarrollo contempladas en las pasantías abarcan: procesos de reciclaje y producción.

Los estudiantes participarán en actividades como la clasificación y tratamiento de residuos reciclables (plásticos, cartón, vidrio, metales, neumáticos, entre otros), así como en la operación de plantas industriales, involucrándose en procesos como trituración, extrusión, prensado, fundición o lavado de materiales. También contribuirán en el control de calidad de materiales reciclados y productos terminados.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación. Esta alianza representa un paso firme hacia una educación técnica más conectada con las demandas reales del sector industrial y con los desafíos ambientales del presente.

El director del Departamento de Planes y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Pedro Martínez afirmó que negarle la educación a los niños y adolescentes adictos no es la solución al problema.

Destacó que en el barrio San Francisco de Asunción se retomó el trabajo articulado con varias instituciones en el marco del plan Sumar.

“Hay mecanismos, hay protocolos que indican otras salidas, pero siempre dentro del plan del diálogo, se tienen que ir agotando las instancias. Quiero resaltar algo: el hecho de negarle la educación a los niños y adolescentes no significa que se va a terminar el problema”, señaló a la 1020 AM.

Dijo que tal vez se evite la presencia de estas personas en las instituciones, pero el impacto de la inseguridad asociada a la drogadicción es a nivel comunitario.

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“Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: mi hijo puede estar seguro en la institución educativa, pero al salir a la puerta de la institución se va a encontrar con esa realidad”, expresó.

El funcionario del MEC consideró importante aunar esfuerzos para un trabajo conjunto dentro de la comunidad.

“No es solamente una institución educativa. El resguardo es de cuatro horas, que van a estar de forma segura en un colegio, pero al salir, la inseguridad es a nivel de la comunidad”, significó.

Por ello remarcó que es vital que los padres no solamente se manifiesten para evitar que los consumidores de drogas vayan al colegio, sino cooperar en acciones concretas en la comunidad que contribuyan a revertir el flagelo.

“No es justificable desde el punto de vista primario, sino que se manifieste un poco a trabajar alrededor de la comunidad para cambiar esta situación”, enfatizó.

Según reportes, vecinos del barrio San Francisco denunciaron que hay discriminación a jóvenes adictos en instituciones públicas.

“San Francisco es uno de los pocos barrios de trabajo de aplicación del plan Sumar, el modelo educativo paraguayo. Ahí justamente se está trabajando en el mapeo y de hecho se está retomando el proyecto inicial de que todas las instituciones deben trabajar articuladamente”, refirió.

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