El agente fiscal Lorenzo Lezcano presentó acusación y solicitó juicio oral y público para Lourdes Teresita Ramos Ramírez, de 24 años de edad, quien fue acusada por asociación terrorista y transgresión a la ley de armas. Ahora un juzgado deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso se eleva a juicio oral.

De acuerdo con la investigación, Ramos Ramírez, alias Yverá, integró desde su adolescencia estructuras criminales armadas, primero en el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y posteriormente en el Ejército del Mariscal López (EML), liderado por su padre Alejandro Ramos Morel.

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Durante su permanencia en estos grupos criminales habría participado en secuestros, extorsiones, atentados contra fuerzas públicas y cobros de “impuestos revolucionarios” a productores de la zona norte del país. La acusada fue capturada el 15 de febrero de 2025 en la localidad de Brasil Cue, Horqueta, durante un procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, ocasión en la que fueron incautadas armas de fuego y otras evidencias.

Entre los elementos colectados se encuentran fotografías, videos y materiales que la vinculan directamente con hechos ilícitos, además de un arma de fuego en su poder. El Ministerio Público sostiene que la acusada tenía participación activa en la estructura del EML, cumpliendo funciones operativas y de propaganda, evidenciadas en registros audiovisuales en los que aparece emitiendo instrucciones a las víctimas de extorsión.

Con base en los elementos reunidos, la Fiscalía solicita la elevación de la causa a juicio oral y público y la admisión de las pruebas presentadas.

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El Comando de Operaciones de Defensa Interna - Fuerza de Tarea Conjunta (CODI-FTC) encontró ayer jueves una caleta del extinto grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML), en el distrito de Loreto, localidad de Toldo Cué, en el departamento de Concepción; que contenía 72 bananas de un explosivo conocido como powergel. El hallazgo se produjo dentro del operativo para hallar algún indicio que lleve al paradero del secuestrado Félix Urbieta.

El coronel Carlos Casco, comandante del Batallón de Inteligencia, comentó en comunicación con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que estaban realizando trabajos de inteligencia junto con el departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, acompañados por el Ministerio Público.

“Desde el pasado domingo iniciamos un operativo de búsqueda en la Estancia Tranquerita, donde estábamos también buscando indicios del señor Óscar Denis, y el día de ayer pasamos a esta estancia Sequeira para hacer la búsqueda del señor Félix Urbieta”, comentó.

Como resultado de este trabajo destacó el hallazgo de esta caleta que contenía gran cantidad de explosivos que pertenecía al grupo terrorista EML. Aclaró que esta caleta fue hallada en una zona de reserva forestal de esta estancia, la cual es una zona donde no hay población, lo que facilitaba que estos grupos puedan movilizarse con tranquilidad. “Una fortaleza de ellos, fue el conocer muy bien el terreno”, acotó.

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Respecto al material explosivo, señaló que es de alta resistencia, pero a la vez muy sensible al momento de su detonación. “Este tipo de explosivos son comúnmente utilizado para la detonación en canteras, para la extracción de grandes cantidades de rocas”, precisó. El coronel informó que ya tomaron contacto con la Dirección de Material Bélico (Dimabel) para llevar a cabo el estudio de la trazabilidad de estos explosivos.

“Estos materiales tienen algunas características específicas como marcas, códigos que tienen los explosivos, que ya han informado a la Dimabel para evaluar su trazabilidad, para saber si estos materiales ingresaron de forma legal o ilegal al territorio”, precisó.

Resaltó que el hallazgo de estas caletas es muy importante porque los mismos no solo estaba en conocimiento de los miembros del EML, sino también los integrantes del EPP tenían información sobre su ubicación. “Nosotros a través del Batallón de Inteligencia en trabajo con la Policía de Antisecuestro, manejábamos la información de que los miembros del EPP, estaban buscando esta caleta para tener acceso a esta gran cantidad de explosivos”, concluyó.

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El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, coronel Carlos Casco, habló acerca de los últimos operativos y trabajos de inteligencia que se están llevando adelante en la lucha contra el grupo criminal autodenominado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Para lograr resultados positivos como los obtenidos en el último operativo Cobrarius, en Canindeyú, donde fue abatido Rubén Darío López Fernández, alias Loro, y donde se tiene la sospecha de que Magna Meza quedó herida, se trabaja con fuentes de información técnica y fuentes humanas.

“Son en las fuentes humanas donde logramos el éxito. Llegamos sin tener la ayuda, en todos los casos fue así. Esa es la forma de trabajar en inteligencia. Saber quiénes son las personas que brindarán el acceso a las estructuras. En todos los casos donde tuvimos operaciones exitosas fueron motivados por el pago de recompensa”, manifestó en a la 1020 AM.

Resaltó que se inició el trámite con todas las documentaciones, aclarando que cuentan con un sistema de gestión de información llamado Arandu, que tiene trazabilidad porque todas las informaciones van documentadas y todas las fuentes tienen un código numérico específico, permitiendo contar con un historial de datos recibidos hasta el último día antes de realizar la operación.

“Hay muchas personas que ya recibieron su recompensa, por ejemplo, la operación Zeus, que fue fruto de una fuente humana muy importante que nos proporcionó un dato muy importante, en esa ocasión, una sola persona recibió 1.000 millones de guaraníes”, precisó.

“Fueron varios datos los que nos fueron brindando, y que tratamos de comprobar con otras fuentes de la zona. No es que nos jugamos el todo por el todo, porque no queremos caer en mentiras peligrando la vida de nuestros personales. Incluso la persona que es fuente humana es sometida a pruebas de polígrafos para corroborar la información”, indicó.

Mencionó estos datos porque muchas veces hay gente que por miedo o creyendo que no serán recompensados, no brindan informaciones. Sin embargo, prefieren dar a conocer esto para que se sepa que se está cumpliendo.

A partir de la divulgación del pago de recompensa, mayor número se animó a brindar información. “Este dinero lo administra directamente el Ministerio del Interior, que cuenta con un fondo exclusivo para estos casos. Hay una ley que no estaba reglamentada y hace poco el ministerio logró reglamentar”, mencionó.

Agregó que todos estos operativos se preparan en una mesa de trabajo conjunto con el Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar, donde se evalúa el perfil de cada uno y con base en los datos se van estableciendo los montos de recompensa.

“Esto pasa a criterio del ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional y finalmente es el presidente de la República el que brinda la autorización. Entonces, las veces que tenemos una información puntual, nosotros primero consultamos si vamos a tener apoyo para pagar, y una vez que se tenga el ok se continúa con el proceso”, acotó.

En la intervenida admi­nistración munici­pal de Miguel Prieto siguen las “sorpresas”, tras revelarse que uno de sus asesores de educación y cul­tura, Pedro Bonifacio Espi­noza Chávez, guarda víncu­los directos con la líder del grupo criminal autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Espinoza Chávez, actual fun­cionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, es pareja de Dora Meza, hermana de Magna Meza, identificada por las autoridades como líder activa del grupo crimi­nal EPP y de Aldo Meza, ante­rior líder y ahora cumpliendo condena.

Esta relación familiar ya había generado controver­sia en el pasado, pero el caso se agrava al recordar que en 2016, Espinoza y su pareja fueron objeto de un allana­miento donde se incautaron cargamentos de marihuana y panfletos alusivos al grupo criminal.

La presencia de panfletos del EPP en ese procedimiento no fue un hecho menor. Las auto­ridades lo vincularon en su momento con actividades de propaganda del grupo crimi­nal, aunque nunca se forma­lizaron acusaciones directas. A pesar de ese oscuro ante­cedente, Miguel Prieto lo incluyó dentro de su equipo municipal.

La decisión del intendente levanta serias dudas sobre los filtros éticos y legales en la contratación de personal dentro del municipio. ¿Se hizo una evaluación de antece­dentes? ¿Se investigaron las conexiones familiares con el EPP, una organización res­ponsable de secuestros, ase­sinatos y extorsiones?

En redes sociales, ciudadanos de la capital del Alto Paraná reaccionaron molestos pues consideran que el municipio no puede ser refugio de perso­nas ligadas, aunque sea indi­rectamente, a organizaciones criminales.