El interventor de Ciu­dad del Este, Ramón Ramírez, ratificó que las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República, que derivaron la intervención municipal a la comuna esteña, tienen sus­tento absoluto, en declaracio­nes que formuló a Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que su equipo tra­baja en la verificación de las 12 causales expuestas y que emitirán un pronun­ciamiento sobre cada una de ellas, respaldado por los elementos recolecta­dos durante el proceso. Asi­mismo, Ramírez explicó que se van a agregar hechos nuevos a los causales que generaron la intervención. “Ya se están incorporando todos los demás elementos. Por ejemplo, este que dimos a conocer (sobre la caja para­lela). Eso es nuevo y lo rela­cionado a las transferencias para del Consejo de Salud”, recalcó el interventor.

Fue consultado además sobre si considera que en base a los trabajos realizados durante la intervención ameritaría que el informe final sea remi­tido al Ministerio Público, Ramírez fue contundente al señalar que se expusieron irregularidades notorias que ameritan que intervengan los órganos correspondientes, como la Fiscalía.

La intervención al municipio esteño comenzó el 22 de junio y debería concluir el próximo 21 de agosto, atendiendo a que el plazo es de 60 días corri­dos, no prorrogables. “Esta­mos dentro del cronograma y estamos comprometidos en cumplir el plazo”, agregó.

Finalmente, expuso que su equipo y él están abocados a acabar el informe que con­tendrá el documento que se elevará primero al Ministerio del Interior (del Poder Ejecu­tivo) y desde allí remitido al Poder Legislativo, específi­camente la Cámara de Dipu­tados que deberá definir si destituyen o no al intendente Miguel Prieto.

Si los legisladores de la Cámara Baja votan por la destitución, la Justicia Elec­toral deberá convocar a elec­ciones (internas y municipa­les) para elegir al sucesor del actual intendente.

“No existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto, lo que sí existe es un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto cómo una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pan­demia. Este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patri­monial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este”.

“Para algunos colegas, ha sido un vyrorei que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor. Cuando se trata del chancho del propio chiquero, enton­ces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni ‘popinda’, ‘solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchive’, expresó. Lamento que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco”.

“Lo que estamos viendo es un auténtico robo desca­rado, que hoy en un afán de querer montar una cor­tina de humo, trata de confundir a la ciudadanía en relación a la denuncia que él hizo (sobre nepotismo). Acá lo irónico es que el propio Prieto defendió públicamente llamando a su prima inco­rruptible, la última reserva moral de la familia. Si en dos días se desviaron G. 75.000 millones, quiero ver todo lo que habrá sido estos años”.

“Prieto es un ladrón en pandemia y fuera de la pan­demia. Es un caso que yo ya estuve denunciando desde hace cinco años, de que además de existir una caja paralela también existen hechos de nepotismo, que el propio Miguel Prieto reveló en una entrevista”.

“Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morci­lla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudada­nía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima). La denuncia fue contra personas innomina­das, jamás nombró o acusó a los verdaderos y sabidos responsa­bles. Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal”.

Desde el Comité Organizador de los “II Juegos Panamericanos Junior ASU2025″ confirmaron que las dos limpiadoras que sufrieron una posible intoxicación por inhalación de químicos se encuentran fuera de peligro. Las mismas fueron dadas de alta y están en sus hogares.

Las trabajadoras estaban realizando tareas de desinfección de la zona de los vestidores y baños del Comité Olímpico Paraguayo (COP), pero comenzaron a sentirse mal. Estas fueron rápidamente auxiliadas por bomberos voluntarios desplegados para la cobertura de los eventos deportivos.

“Tras un incidente en la zona de sanitarios del staff, dos funcionarias externas a la organización fueron asistidas de inmediato por el equipo médico y ambulancias del Comité Olímpico Paraguayo, quienes ya se encuentran fuera de peligro”, expresaron desde la organización.

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Las mujeres fueron trasladadas hasta el Centro Nacional de Toxicología para monitoreo especializado y atención médica, bajo el sistema de alertas del Ministerio de Salud. “La situación fue controlada y las funcionarias recibieron atención oportuna y adecuada, por lo que ya se encuentran de alta”, confirmaron.

Hasta la zona donde se produjo en incidente llegó un escuadrón de materiales peligrosos para que los mismos realicen las pruebas correspondientes, por lo que se pude resaltar que la exposición ya fue controlada y el área se encuentra de asegurada.

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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.

La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).

En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.

El exmandatario Mario Abdo Benítez develó este martes una estrategia que ya había sido anticipada que utilizaría, que consiste en desentenderse de ser el presunto propietario de cuentas bancarias en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África), cuando la investigación publicada por la prensa argentina nunca le atribuyó tal titularidad nominal, siendo más bien señalado como el aparente beneficiario final de un monto millonario, por valor de USD 21 millones, cuyo origen se desconoce.

Bajo investigación del Ministerio Público desde setiembre de 2024 por inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y las ganancias generadas por empresas de asfalto, Abdo busca escudarse en un informe preliminar en inglés que compartió en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, firmada supuestamente por Thereza Dogley, quien sería secretaria principal de la Oficina del Presidente de la República de Seychelles.

“La mentira se acabó”, escribió el expresidente paraguayo. Por lo contrario, la filtración de una fuente confidencial a la que accedió el periodista argentino Luis Gasulla, que publicó con pruebas documentales en el portal PeriodismoyPunto el pasado 20 de julio, apunta a empresas creadas en Hong Kong y Dubái, remarcando que los organismos jurisdiccionales deben investigar sobre los apoderados y la “ruta del dinero”, que sindican a Abdo y su esposa como “únicos autorizados”, según las filtraciones.

Los emblemas privados comenzaron a bajar sus precios luego de que Petropar haya anunciado su rebaja de G. 250 por litro en todos sus combustibles. En sus publicaciones anunciaron reducciones de hasta G. 400 desde este miércoles.

Varios emblemas privados comenzaron a reducir los precios de sus combustibles desde la fecha, siguiendo a Petropar, que en la víspera anunció reajustes motivados por los buenos precios internacionales y un tipo de cambio favorable.

Con este reajuste, los tableros de los emblemas privados muestran precios iguales a los de Petropar. Por ejemplo, las naftas de 93 y 97 octanos pasan a costar G. 6.490 y G. 7.840, respectivamente. En el gasoil, se observan también precios similares al de la estatal, con G. 7.050 en el diésel común, y G. 8.850 en el diésel aditivado.

Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) proponen avanzar hacia un consumo sostenible, a través de la unificación del tipo de cambio entre Aduanas y el Banco Central del Paraguay (BCP), una reducción temporal en el impuesto de valor agregado (IVA) y aranceles a productos básicos.

Eugenio Caje, presidente de Asimcopar, manifestó que el gremio apuesta a un consumo más sostenible y con precios más competitivos para el cliente final. La propuesta de Asimcopar es que se evalúe la unificación del tipo de cambio entre el Banco Central y Aduanas, además de reducciones temporales al IVA y otros aranceles que se aplican a productos básico.

“Nosotros creemos que el consumo sostenible se puede dar unificando el tipo de cambio de Aduanas y BCP, bajar temporalmente el IVA y aranceles en productos que son básicos, ajustar los aforos a precios reales internacionales”, dijo a la 780 AM.

El pleno de la Cámara de Diputados tomó juramento al diputado nacional Manuel Jara Espinoza, quien asume la banca correspondiente al departamento de Caaguazú, en reemplazo del extinto diputado Derlis Rodríguez, fallecido el pasado 4 de agosto a consecuencia de problemas de salud.

Jara Espinoza ya se incorporó al cuerpo legislativo y ocupó su banca en la sesión ordinaria de este martes.

Unas 1.300 instituciones educativas recibieron más de 311.000 pupitres escolares adquiridos por Itaipú. Esto representa el 95 % de lo previsto para esta primera etapa.

La asesoría de responsabilidad de Itaipú Binacional dio a conocer el informe de la distribución de mobiliarios escolares a nivel país. Según el corte del fin de semana, el último disponible, la binacional entregó 311.789 pupitres en 1.300 instituciones educativas.

La cantidad mencionada equivale al 95 % de lo anunciado para esta primera etapa del proyecto y alcanza a 424.304 estudiantes que provienen de 101 distritos considerados prioritarios y ubicados en: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Central, Paraguarí, Cordillera, Guairá, Misiones y Asunción.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.

La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).

En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.

Pero las evidencias señalan que se tratan de casos distintos, con tributos diferentes, personas diferentes y, sobre todo, con un nivel de gravedad que compromete directamente al círculo familiar del intendente intervenido, quien justamente había admitido que incurrió en nepotismo en una entrevista televisiva en directo, en mayo pasado, ubicando a cuatro primos por contratación directa, entre ellos, a Meribeb Alonzo Vallejo, como jefa de Impuestos Inmobiliarios. Removió a su prima del cargo en junio pasado debido a la presión por su sincericidio mediático.

“Son mis primos, sí. Meribeb Vallejo fue contratada por la Junta Municipal y es la jefa de Impuesto Inmobiliario. Desde que ella está en el cargo, por ejemplo, terminaron los hechos de corrupción en la división de Impuestos Inmobiliarios”, expresó Prieto en la emisión de TV abierta. “Son contrataciones directas, son parientes míos”, admitió, minimizando su confesión: “Sí, pero en cualquier otra cosa que me digan estamos marcando mucha diferencia”.

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La denuncia de Prieto por un presunto monto de casi G. 900 millones en irregularidades en ejercicios anteriores, no es el mismo caso que también denunció la intervención ante el Ministerio Público, por un esquema de desvío de recursos municipales, que mencionó G. 75 millones “desaparecidos” tan solo al revisar los comprobantes de las cajas 6 y 8 en apenas dos días.

• Distinto tributo: uno es Patente Comercial e Industrial, el otro es Impuesto Inmobiliario.

• Distintas personas: en el caso de Prieto, dos funcionarios; en el de la Intervención, la prima del intendente esteño.

• Distintas fechas: su denuncia refiere a 2024, la de la Intervención a hechos cometidos en enero de 2025.

La intervención reveló que una auditoría informática al sistema SIGEM detectó millonarios pagos registrados en enero de 2025 que no aparecen reflejados en la Tesorería municipal. Entre los señalados por las irregularidades figuran Meribeb Alonzo Vallejos, su prima, junto a Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera.

La fiscalización aportó a la Fiscalía memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos digitales que prueban pagos inconsistentes, perfiles de usuarios alterados y posibles manipulaciones del sistema. Muchos comprobantes tienen fechas y montos válidos en el sistema, pero no coinciden con los arqueos reales de caja.

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“Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela a espalda de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, explicó ayer el interventor. El dinero abonado por los contribuyentes no llegaba a la tesorería municipal, en especial en lo relacionado al pago de impuestos inmobiliarios.

“Encontramos una serie de numeración de los comprobantes que es totalmente inconsistente con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. Tomamos muestras concentrándonos en los impuestos inmobiliarios, y hallamos datos inconsistentes. Por ejemplo, unos pagos realizados en una fecha concreta en la caja número 6, pero al verificar la información, hallamos que ese día precisamente esa caja no operó, me refiero a la caja 6”, señaló Ramírez.

El arqueo de esa caja tampoco visualiza que esa recaudación haya ingresado a las arcas municipales. El mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares, que fueron tomadas como muestras para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, en fecha 11 de agosto.

“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la tesorería”, agregó.

La asesoría jurídica calificó este hecho como posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo, es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirman una vez más la serie de irregularidades que hallamos en esta institución”, concluyó el interventor, para luego explicar que todas las personas que intervinieron en estos hechos, están plenamente identificadas.